Sindicalistas de Base estima en un 70% el seguimiento de la huelga turística en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, si bien precisa que es "desigual" por zonas y departamentos de los hoteles, con un mayor paro en los departamentos de Restauración y Cocina y menor en Recepción, Servicio Técnico y Pisos y Limpieza. Informa Romen García.

Asimismo detalla que el mayor seguimiento se está produciendo en los hoteles del sur de Tenerife, con hoteles que han superado el 80%, y en menor medida en la zona Norte y la isla de la Gomera, en torno al 60% --no hay datos de seguimiento en la isla de La Palma--.

La organización, la mayoritaria en el subsector turístico en la provincia, ha tildado de "abusivos" los servicios mínimos impuestos por el Gobierno de Canarias por lo que serán impugnados ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La patronal denuncia la actitud de los sindicatos

Desde la patronal, el gerente de Ashotel, Juan Pablo González, ha afirmado este jueves que están "sorprendidos" y "decepcionados" con la convocatoria de la huelga en el subsector turístico porque su oferta de subida salarial de un 6% era "sincera" por lo que ahora volverán a la negociación colectiva partiendo desde cero, con una "hojita en blanco".

En declaraciones a los periodistas ha comentado que una huelga tiene un poder "disuasorio" que ha servido para que la patronal se siente a negociar pero "el día que se usan armas nucleares, pues se acabó la película". "No tenemos nada más que hablar", ha señalado.

Ha indicado que la jornada transcurre "con normalidad" y sin incidentes relevantes, lamentado que el preacuerdo alcanzado este miércoles en Presidencia del Gobierno, con la intermediación del presidente, Fernando Clavijo, "era un buen acuerdo pues no pasaba por encima de nadie".

Ha relatado que la oferta suponía, a grandes rasgos, incrementar un 6% la masa salarial para los trabajadores, la garantía de que se mantendrá del poder adquisitivo en cualquier convenio que se firme, la incorporación de camas elevables en los hoteles y un proyecto piloto para evaluar la antigüedad, ahora mismo en manos de un pleito que tiene que resolver el TSJC y que "acabará en el Supremo" dado que puede implicar un aumento del coste salarial superior al 15%.

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