El Gobierno anuncia una prestación universal por crianza para erradicar pobreza infantil
El objetivo de esta prestación es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo
La pobreza en España cae a la cifra más baja desde 2014, pero los datos de la tasa infantil sigue siendo "alarmante"
El Consejo de Ministros aprueba este martes una estrategia de desarrollo sostenible para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género y que incluye, entre otras medidas, una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil.
Acabar con la pobreza infantil
Así lo han informado a EFE fuentes del Gobierno, que han detallado que el objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100 % de las familias con hijos menores a su cargo y acabar así con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.
El Gobierno incorpora por primera vez la prestación universal por crianza en una estrategia estatal como medida para erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo.
Con este nuevo derecho se pretende reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10 % (por debajo de la incidencia de la Unión Europea) priorizando medidas dirigidas a familias monomarentales, las más afectadas con la situación de pobreza.
Ha sido el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el encargado de elaborar esta nueva estrategia de desarrollo sostenible, que está compuesta de 100 metas para reforzar el Estado de bienestar y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y medioambiental se aborde garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial.
Triplicar la inversión pública en vivienda
Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda y para ello se quiere triplicar la inversión pública con 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años y alcanzar el 5 % de vivienda en alquiler social en 2030.
Se planeta también incorporar al mercado del alquiler hasta un 10 % del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. Para ello, añaden las mismas fuentes, es fundamental la colaboración entre las distintas administraciones públicas y que más Gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.
La estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, señala además la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda de los jóvenes para reducir su edad de emancipación.
Entre las 100 metas también se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género y se fija como objetivo reducir la brecha salarial de género al 10 % para 2030, incluyendo una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55 % respecto a los hombres y un aumento de la tasa de actividad femenina del 5 %.
Mayor independencia energética y más energías renovables
Con esta estrategia, el Gobierno también apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero en un 32 %, además de establecer más recursos para emergencias derivadas de fenómenos extremos climáticos.
Reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9 %, con atención especial a colectivos vulnerables, y aumentar en un 50 % la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada son otros de los objetivos principales de este documento.
Asimismo, se quiere promover la visibilidad y concienciación sobre los delitos y discursos de odio y lograr que el 100 % de los trámites de extranjería estén completamente digitalizados, simplificados y unificados y se pueda garantizar la atención presencial para quienes lo necesiten.
Las 100 metas que se incluyen en esta estrategia se integran en cuatro retos: un Estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad; un sistema económico circular que genere bienestar y justicia social, laboral y ambiental; una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática; y situar los derechos humanos y la igualdad en el centro de la acción pública.
El documento reafirma además el apoyo de las estrategias y políticas públicas españolas al sistema internacional multilateral dirigido por Naciones Unidas.
