Ayudas y subvenciones públicas

La ayuda de 200 euros por hijo menor de 18 años propuesta en España: ¿será compatible con otras subvenciones públicas?

Unos niños en el colegio con sus padres
Unas madres con sus hijos en un colegio de Málaga. Europa Press
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El Gobierno estudia aprobar una ayuda mensual de 200 euros por cada hijo menor de edad en España. La prestación tendría carácter universal, sin límite de ingresos, y busca aumentar la renta de las familias con hijos y reducir la pobreza infantil, que sigue situándose entre las más altas de la Unión Europea.

La iniciativa se enmarca dentro de un paquete más amplio de políticas sociales impulsadas desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La propuesta contempla un pago directo de 200 euros al mes por cada menor de 18 años, con independencia de los ingresos familiares o de la situación laboral de los progenitores, lo que la diferenciaría de otras prestaciones condicionadas por renta.

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Una prestación universal sin límite de ingresos

El rasgo más llamativo de esta ayuda es su carácter universal. A diferencia de otras ayudas familiares que exigen cumplir determinados umbrales económicos, la propuesta no establece límites de renta ni discrimina por tipo de empleo. El único requisito anunciado hasta el momento sería contar con residencia legal en España.

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Esta universalidad pretende simplificar el acceso y evitar que determinados colectivos queden fuera por criterios administrativos. También busca garantizar que todas las familias con menores reciban el mismo apoyo, independientemente de su situación económica o contractual.

Desde el Ministerio se ha explicado que la medida tiene como objetivo reducir la desigualdad y reforzar el poder adquisitivo de los hogares con hijos.

Cabe recordar que España registra uno de los índices de pobreza infantil más elevados de la Unión Europea, con tasas que superan el 25% según los últimos datos de organismos estadísticos europeos.

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¿Por qué se impulsa ahora esta medida?

El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que el coste social de la pobreza infantil se estima en torno a 65.000 millones de euros anuales.

Ese impacto no solo se refleja en el presente, sino que se prolonga durante todo el ciclo vital, afectando al rendimiento educativo, la inserción laboral y la salud de los menores.

La ayuda de 200 euros mensuales por hijo pretende actuar como mecanismo preventivo, mejorando la capacidad económica de las familias desde la base. Según el planteamiento del Ejecutivo, la inversión tendría un retorno significativo a medio y largo plazo al reducir desigualdades estructurales.

Aunque el anuncio ha generado, como es lógico, expectación, la prestación aún no tiene una fecha concreta de entrada en vigor.

El Gobierno ha manifestado su intención de aprobarla antes de 2030, pero el calendario dependerá de la tramitación presupuestaria y del respaldo parlamentario necesario.

Compatibilidad con otras ayudas

Uno de los aspectos más relevantes es la posible compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital. La propuesta inicial apunta a que ambas prestaciones podrían coexistir, lo que permitiría a los hogares más vulnerables sumar esta ayuda adicional a los apoyos ya existentes.

En la actualidad, el Ingreso Mínimo Vital establece complementos por hijo a cargo en función de la renta. La nueva prestación tendría un enfoque distinto, al no estar condicionada por los ingresos familiares.

Esto supondría un cambio sustancial en la política de apoyo a la crianza en España.

El debate sobre la financiación también está presente. Ojo, una ayuda universal de estas características implicaría un desembolso significativo para las arcas públicas. Si se aplicara a todos los menores de edad residentes en España, el presupuesto anual podría ascender a varios miles de millones de euros, dependiendo del número total de beneficiarios.

Cuándo se podrá solicitar la ayuda de 200 euros por hijo

Por el momento, no existe un procedimiento abierto para solicitar la ayuda, ya que la medida se encuentra en fase de estudio y diseño normativo. Será necesario que se apruebe formalmente y se publique la regulación correspondiente para conocer los plazos y el sistema de tramitación.

Una vez se concrete, lo previsible es que la gestión se articule a través de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria, como ocurre con otras prestaciones familiares. También habrá que definir si el pago será mensual automático o requerirá una solicitud previa por parte de los progenitores.