Ayudas para pagar dentista y ortodoncia infantil: varios municipios y comunidades ya cubren parte del tratamiento
La cartera básica del Sistema Nacional de Salud español ha excluido durante décadas los tratamientos dentales del cuadro general de prestaciones, con dos excepciones muy concretas: las urgencias bucales y la asistencia dental infantil. La primera se ofrece a toda la población en las unidades de salud bucodental de la sanidad pública. La segunda se articula, sin embargo, no desde el Ministerio de Sanidad sino desde cada Comunidad Autónoma, a través de una familia de programas conocida genéricamente como PADI (Programa de Atención Dental Infantil) cuyo alcance, edades cubiertas y tratamientos financiados varían considerablemente según el territorio.
El resultado es un mapa desigual pero real de ayudas que muchas familias con hijos en edad escolar desconocen y a las que tendrían derecho, con la posibilidad añadida, en un puñado limitado de casos, de cubrir también parte del coste de la ortodoncia.
El escudo básico que casi ningún territorio ofrece igual
El programa pionero es vasco. La Comunidad Autónoma del País Vasco puso en marcha el PADI en 1990, mediante el Decreto 118/1990, y desde entonces atiende gratuitamente a unos 200.000 niños al año. La cobertura del programa vasco incluye una revisión anual con el dentista de cabecera elegido por la familia, procedimientos preventivos, sellado de fisuras, tratamiento de caries y traumatismos en dientes definitivos y extracción de piezas cuando sea necesario. Excluye, no obstante, dos capítulos que suelen ser los que más peso económico tienen para las familias: los empastes en dientes de leche y los tratamientos de ortodoncia.
El modelo se ha replicado con matices en la mayoría de las comunidades. En Andalucía, el programa cubre desde 2001 a los niños de entre 6 y 15 años y ofrece una asistencia básica y determinados tratamientos especiales gratuitos a través de la Tarjeta Sanitaria Individual.
En la Comunidad de Madrid, el PADI se articula mediante un convenio entre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM), con 87 unidades de salud bucodental operativas y una franja de atención que va de los 7 a los 16 años. La cobertura madrileña incluye revisión anual, medidas higiénicas, flúor tópico, selladores, obturaciones, tartrectomías y, en determinados casos, endodoncias, reimplantes, mantenedores y reconstrucciones amplias.
Cataluña, Aragón, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares y Canarias mantienen programas análogos con variaciones en la horquilla de edad y en el catálogo de tratamientos.
La excepción cántabra y los casos especiales
El capítulo de la ortodoncia merece atención específica porque es el que concentra el mayor coste para las familias y también las mayores excepciones. Cantabria es, hoy por hoy, la única Comunidad Autónoma española que incluye la ortodoncia dentro de sus prestaciones básicas desde 1990. En el resto del país, la ortodoncia general no está cubierta por el sistema público, pero varias comunidades han abierto excepciones para casos clínicos concretos.
Andalucía, por ejemplo, incluye el tratamiento de ortopedia dentofacial y ortodoncia en casos de maloclusión severa asociada a personas intervenidas de fisura palatina, labio leporino o malformaciones esqueléticas, así como en niños con discapacidad física, sensorial, psíquica o intelectual cuya condición requiera este tratamiento. La misma comunidad mantiene abierta anualmente una línea de subvenciones individuales gestionadas por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, que pueden solicitarse para financiar prótesis dentales fuera del catálogo general del SAS.
Otras comunidades cubren la ortodoncia funcional en casos graves ligados a patologías respiratorias o de desarrollo maxilofacial.
Otras vías: mutualidades, ayuntamientos y programas solidarios
A las prestaciones autonómicas se les pueden sumar, según el caso concreto de cada familia, tres vías complementarias que amplían las posibilidades de cofinanciación. La primera es la de las mutualidades administrativas para funcionarios: Muface, Isfas y Mugeju ofrecen reembolsos por tratamientos dentales realizados en clínicas privadas, con importes que pueden alcanzar aproximadamente los 250 euros por tratamiento en el caso de Muface, cubriendo empastes, endodoncias, prótesis, ortodoncia e implantes según baremos anuales publicados por cada mutualidad.
La segunda son las convocatorias de algunos ayuntamientos, especialmente las dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad económica, familias numerosas o hijos con discapacidad, que en varias grandes ciudades incluyen ayudas específicas para gastos sanitarios no cubiertos por la sanidad pública. Los servicios sociales municipales son el punto de contacto habitual para estas convocatorias, que se abren con calendarios distintos según el municipio y que rara vez se anuncian con la publicidad de otras prestaciones sociales.
La tercera vía la constituyen los programas solidarios promovidos por asociaciones profesionales y ONGs. Iniciativas como Ortodoncia Solidaria ofrecen descuentos que pueden alcanzar hasta el sesenta por ciento en tratamientos ortodóncicos para niños de familias con dificultades económicas, bajo evaluación individual de la situación de cada solicitante.
