El Gobierno espera que haya acuerdo, aunque ha dejado clara su intención de aprobar esta reforma antes de que termine el mes, mientras que los interlocutores sociales mantienen vivas las negociaciones con el objetivo común de lograr un pacto.

Para dar un impulso a las conversaciones, el martes volverán a encontrarse los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, un día antes de que la patronal celebre la Junta Directiva en la que decidirá si apoya un eventual acuerdo.

El miércoles pasado, el Comité Ejecutivo de la patronal reclamó a Rosell que ejerza mayor presión en la negociación para que la reforma no se quede en algo insustancial, después de que el presidente hiciera balance del estado de las conversaciones.

El documento presentado por Rosell al Comité, al que ha tenido acceso Efe, pone de manifiesto las diferencias que todavía persisten en determinadas materias, especialmente las relacionadas con la flexibilidad interna de las empresas o la vigencia de los convenios colectivos.

La patronal quiere renovar por completo el marco que regula las relaciones entre empresarios y trabajadores para tener mayor libertad de cambiar las condiciones laborales (salario, jornada, funciones) en su ámbito empresarial o sectorial cuando las circunstancias económicas lo requieran.

Los sindicatos, por su parte, reclaman garantías para que las condiciones de trabajo no queden al arbitrio del empresario y que los desacuerdos se resuelvan en la comisión mixta paritaria (órgano de interpretación del convenio con igual representación empresarial y sindical) o en los sistemas de solución extrajudicial (arbitraje).

La patronal quiere tener la posibilidad de mover -de forma ordinaria y sin tener que dar explicación alguna ni preaviso- una parte de la jornada anual de sus trabajadores y de asignarles otras funciones dentro de su grupo profesional.

Si los cambios van más allá de estos parámetros, entonces el empresario estaría dispuesto a preavisar al trabajador, pero sin consultar con sus representantes, algo con lo que los sindicatos no están conformes, ya que ven imprescindible que esos cambios se hagan con acuerdo previo.