La abogada de la familia de Déborah Fernández detalla las claves de un proceso judicial que intenta abrir una nueva vía de investigación
La familia de Déborah Fernández Cervera pide que se remita el caso a la UCO de la Guardia Civil: "Buscamos la verdad"
Este jueves se cumplen 24 años de la muerte de Déborah Fernández-Cervera Neira en Vigo. El crimen sigue sin detenidos y sin que se haya hecho justicia. La familia ha pedido en 2026 la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para tratar de obtener respuestas y está pendiente de un recurso presentado este mes de abril.
Carmen Balfagón, abogada de los familiares de Déborah, ha analizado en la web de 'Informativos Telecinco' las claves de este caso que arrancó bajo la hipótesis inicial de una "muerte súbita" y que, con el paso de los años, derivó finalmente en una investigación por homicidio. "Es inentendible que barajaran la muerte natural", lamenta la letrada.
La desaparición y muerte de Déborah, una investigación marcada por errores iniciales
Déborah, de 21 años y estudiante de Diseño, salió en la tarde del 30 de abril de 2002 a correr entre la playa de Samil y la de Bouzas, en Vigo (era la víspera de su cumpleaños y de la festividad del Primero de Mayo). Tras hacer parte del recorrido de footing con una prima suya, emprendió sola el camino de regreso a su casa, ubicada en Alcabre. Fue vista por última vez por un conocido cuando ya estaba a apenas 500 metros de su domicilio, pero nunca llegó a la vivienda.
La desaparición causó una gran conmoción, hasta que 10 días después, el 10 de mayo, el cuerpo de Déborah apareció desnudo en una cuneta de la carretera que va de Oia a O Rosal, a unos 40 kilómetros de Vigo, un lugar que ya había sido rastreado antes. "El cadáver se halló en condiciones extremas, con la cabeza especialmente afectada", explica Balfagón, que destaca que el cuerpo fue ocultado con maleza y que el paso del tiempo, el viento y los animales terminaron dejándolo al descubierto hasta que una vecina lo encontró.
Tanto los allegados como el equipo legal siempre han estado convencidos de que la escena fue manipulada, ya que se hallaron restos de semen de un desconocido y un preservativo junto al cuerpo. Desde el principio sostuvieron la hipótesis de que el cadáver pudo haber permanecido varios días en otro lugar antes de ser abandonado allí y descartaron un crimen sexual. Sin embargo, la autopsia inicial no fue concluyente: sugirió que podría haber sido un fallecimiento natural o una asfixia que no dejó rastro. El caso pasó por distintos grupos de investigación, entre ellos unidades de ámbito central. Los agentes elaboraron un informe que recogía contradicciones en las declaraciones del entonces novio de Déborah, pero el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui archivó el caso en 2010 al no contemplar indicios incriminatorios claros.
La reapertura del caso y la intervención del perito Aitor Curiel
El caso permaneció nueve años archivado hasta su reapertura en 2019, cuando la familia aportó nuevos informes periciales. A partir de ahí, volvió a instruirse en el juzgado con nuevas diligencias, interrogatorios y la revisión de pruebas que no habían sido analizadas en profundidad en la fase inicial.
"Presentamos un documento de 19 páginas. El perito criminólogo Aitor Curiel concluyó que las lesiones eran compatibles con una muerte por sofocación (a través de un tercero que le tapó la nariz y la boca). Además, señaló que el semen hallado en el cuerpo habría sido introducido en la fase post mortem y de forma deliberada para simular una agresión inexistente y desviar el foco. Y es que, como indicamos en el informe, no hubo relaciones sexuales ni antes ni después de la muerte. De hecho, los forenses señalaron que habría fallecido con la ropa puesta", precisa la letrada, que compara este patrón con el caso de Ana Páez, asesinada por Angie Vázquez, donde también se utilizaron restos biológicos para construir una escena falsa.
La familia, en ese punto, manifestó que no entendía cómo se seguía cuestionando la naturaleza de la muerte. En 2021 se exhumó el cuerpo de la joven para obtener muestras y se compararon con otras que fueron halladas en distintos puntos. Los investigadores llegaron a plantear la hipótesis de que el cadáver estuviera varios días en un arcón congelador antes de su hallazgo, pero las pruebas realizadas no permitieron confirmarlo. Asimismo, se llevaron a cabo otras periciales: "Pedimos examinar al detalle un trozo de cuerda, pero ese análisis llegó tarde y las pruebas no arrojaron ningún resultado", lamenta Balfagón, que recuerda que el padre de Déborah ya había fallecido cuando se reactivaron las indagaciones y reclama sistemas de conservación de pruebas más eficaces, como los que existen en otros países. "Es todo un despropósito", subraya la letrada.
La citación como imputado del exnovio y el misterio de las pertenencias halladas en Madrid
El 11 de febrero de 2022 marcó un punto de inflexión legal, cuando el Juzgado de Tui citó finalmente a P., el exnovio de Déborah, en calidad de investigado. Esta decisión, tomada en un momento en que la causa se aproximaba a la prescripción, se fundamentó en las graves contradicciones acumuladas durante dos décadas (el propio sospechoso llegó a reconocer que en 2006 aportó explicaciones inciertas ante la policía para evitar ser incriminado). Pese a la relevancia del paso judicial, los resultados biológicos volvieron a ser un muro. El investigado se sometió a su tercera prueba de ADN (tras dos anteriores que aportó como testigo) y el resultado volvió a ser negativo. La familia, que impulsó campañas en plataformas como Change.org logrando cientos de miles de apoyos para evitar el cierre, califica de "chapuza" una instrucción donde el sospechoso, según apuntan, pudo cambiar su versión hasta en cinco ocasiones sin consecuencias inmediatas.
Carmen Balfagón se muestra "convencida" de la culpabilidad del exnovio. La letrada recuerda uno de los puntos más polémicos del caso: un testigo alertó en 2002 sobre un fuerte olor a putrefacción que salía del coche del individuo y no se esclareció qué ocurrió: "Las autoridades le preguntaron y él dijo que era porque había llevado unos langostinos a una cafetería, cuando no me consta ningún traslado. Nosotros sospechamos que transportó el cuerpo de la víctima en ese vehículo, pero el coche no se analizó hasta 2021, más de 19 años después, cuando ya era muy complicado hallar indicios". La letrada señala que el exnovio de Déborah es "un joven de elevado poder adquisitivo" y le califica como un individuo "pusilánime". En este sentido, cree que su familia le pudo ayudar tras el crimen, pero afirma que, en la práctica, la acción penal estaría ya prescrita para terceros.
Otro punto muy discutido es la cadena de custodia de las pertenencias de la víctima. En septiembre de 2022, durante unas obras en una comisaría de Madrid, aparecieron de forma accidental objetos clave del caso que habían estado "traspapelados". Encontraron un teléfono móvil sin tarjeta SIM, cintas de vídeo, fotografías y oficios policiales que nunca llegaron al juzgado en su momento. El hallazgo se sumó a otra gestión controvertida, como es la del ordenador de Déborah, que no fue inscrito como pruebas hasta tiempo después de su entrega y que, tras una investigación externa, se descubrió que todo su contenido había sido borrado.
La última batalla: el reclamo de la familia por una intervención de la UCO
Los familiares de Déborah, ante la falta de avances, pidieron en agosto de 2023 el archivo de la causa, un movimiento que también enmarcaron como una estrategia judicial para levantar el secreto de las actuaciones. La falta de indicios, sumada a esta solicitud, llevó al juzgado a acordar el archivo provisional de la causa en junio de 2024. Se consideró que no había indicios suficientes contra el único investigado para llevarle a juicio, aunque este podría volver a ser investigado en la actualidad si se hallan nuevos indicios.
Ahora, cuando se cumplen 24 años del caso, el proceso presenta distintas cuestiones competenciales. El pasado mes de marzo, el entorno de Déborah solicitó que la investigación dejara de estar bajo la tutela de la Policía Nacional para pasar a la UCO de la Guardia Civil. Sin embargo, el Juzgado de Tui rechazó este mes de abril la petición, alegando que, como órgano judicial, no tiene potestad para decidir qué cuerpo policial debe llevar las riendas del caso. El juez argumenta que, dado que la Policía Nacional asumió el caso desde el inicio en 2002, no le corresponde a él ordenar su sustitución por la Benemérita, aunque deja la puerta abierta a una colaboración puntual entre ambos cuerpos. Los allegados de la joven interpretan la decisión como un bloqueo a la "nueva mirada" integral que reclaman.
Ante esta negativa, el equipo legal de la familia presentó este pasado 24 de abril un recurso en el juzgado para impugnar la decisión del juez. Los abogados insisten en que, por demarcación territorial, el caso debería haber recaído desde el principio en la Guardia Civil y que mantener a los mismos grupos policiales solo contribuye a perpetuar la impunidad. Carmen Balfagón apoya ese cambio, pero reconoce que los posibles trabajos de la UCO llegarían tarde y que sería muy complicado obtener pistas, ya que "no son magos" y "no hacen milagros". El último recurso busca evitar que las cajas del sumario queden sepultadas por un criterio administrativo. La familia no se rinde y espera que las autoridades judiciales entiendan que, tras más de dos décadas de errores y pruebas traspapeladas, la entrada de la UCO no es un capricho, sino la última oportunidad de encontrar la verdad.