Toca apretarse (aún más) el cinturón: el Gobierno aprueba una subida de la luz del 9,8%

Este incremento es el resultado de la congelación por parte del Ejecutivo de la tarifa de acceso, que tiene un peso cercano al 50% en la TUR y que recoge los costes regulados del sistema, así como de la traslación a la tarifa final del precio de la energía en los mercados internacionales.

Marín explicó que la subida del coste de la energía responde a tres variables, entre ellas "una subida de la energía en general" que presiona "cuatro puntos" al alza. "Nuestro 'pool' arroja aún de media precios inferiores a otros mercados, entre un 30% por debajo de Alemania y 50% por debajo de Italia, por lo que el mercado está funcionando bien", afirmó. Otros tres puntos de incremento responden a un cambio en las pautas de consumo en los últimos meses, o a un "desplazamiento del valle a la punta en la demanda", indicó Marín, que también explicó que otros tres puntos responden a la aplicación del real decreto del carbón.

Facua-Consumidores en Acción ha criticado la subida de la luz del 9,8% aprobada por el Gobierno para a partir del próximo 1 de enero, calificándola de "brutal tarifazo eléctrico", y ha lamentado que en plena crisis económica "se castigue la economía de las familias para satisfacer los intereses del sector energético".

Sin efecto para el bono

Marín recordó que los consumidores acogidos al bono social no experimentarán ningún incremento en su tarifa hasta 2013. Al bono social se acogen los consumidores con potencias inferiores a 3 kilovatios (kW), familias numerosas, familias con todos los miembros en paro y pensiones mínimas.

En total, hay cinco millones de potenciales usuarios del bono social y, para que todos ellos conozcan esta prestación, el Gobierno emprenderá una campaña informativa durante 2011, explicó el secretario de Estado de Energía. Marín indicó además que, desde que se liberalizó el mercado, siete millones de hogares han decidido ya abandonar la TUR y contratar el suministro eléctrico en el mercado libre.

Llueve sobre mojado

La revisión de enero será la primera de la TUR en 2011. Durante 2010, Industria ha aplicado dos subidas, una en enero, del 2,6%, y otra en octubre, del 4,8%.

La TUR afecta a cerca de 27,1 millones de consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada que no hayan querido contratar el suministro en el mercado libre.

Obligadas a presentar los consumos a Hacienda

Las compañías eléctricas deberán informar a la Agencia Tributaria de los consumos eléctricos de los contribuyentes desde el próximo mes de febrero, con la finalidad de detectar alquileres no declarados o actividad industrial o comercial oculta al fisco.

Por primera vez, se obligará a las eléctricas a presentar en febrero de 2011 los consumos de luz de este año, además de identificar a los titulares de los contratos de suministro, así como la referencia catastral del inmueble y su localización.

Hacienda ha aprobado el modelo 159 de 'Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica', que deberá presentarse todos los años por medios telemáticos y que obligará a las compañías eléctricas a aportar la información de los alrededor de 25 millones de contratos existentes en España.

En la comunicación que facilitarán a la Agencia Tributaria debe figurar tanto el nombre y apellidos o razón social y NIF de los contratantes, como de aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas, dado que existen miles de contratos de luz donde no coincide el titular con quien realmente paga la factura debido a que, por ejemplo, se trata de una vivienda o local alquilado.

Además, las eléctricas deberán incluir en su comunicación a Hacienda la referencia catastral del inmueble y su localización, la potencia nominal contratada y el consumo anual en kilovatios, la ubicación del punto de suministro y la fecha de alta del mismo.

La medida, que se introdujo en la ley de prevención del fraude fiscal, viene a completar la obligatoriedad que ya introdujo la Agencia Tributaria de incluir la referencia catastral de la vivienda a todos los contribuyentes del IRPF, tanto si viven en régimen de propiedad como de alquiler, precisamente con la misma finalidad: detectar los arrendamientos no declarados.