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¿Se van a recuperar todas las indemnizaciones por los retrasos de Renfe? Pese a que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es totalmente contrario, ayer el Congreso dio luz verde a una enmienda para volver al sistema de compensaciones anterior.  ¿Cómo quedan entonces desde el 1 de enero?

A partir de los 15 minutos, se recupera la mitad del billete, solo en Renfe. A partir de media hora, el 100%. En otras compañías, sin embargo, las indemnizaciones empiezan a partir de una hora de retraso, con Iryo y Ouigo abonando el 50% en retrasos de 60 minutos y el 100% a partir de 90 minutos.

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Los pasajeros denuncian los retrasos y avalan las compensaciones

Ante la medida, los pasajeros han reaccionado mayoritariamente avalando las compensaciones, al tiempo en que son muchos los que denuncian los frecuentes retrasos en el servicio. Si no es una avería en la catenaria, es un fallo informático, un robo de cable, u otra circunstancia que, como explican, puede suponer importantes alteraciones para el viajero.

“Te puede afectar a reuniones, como es mi caso en muchas ocasiones”. “Si tienes un vuelo o cualquier otra cosa, media hora… está complicado”, afirman dos pasajeros refiriéndose a las posibles consecuencias de los retrasos.

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A este respecto, que cientos de miles de pasajeros se queden ‘tirados’ en las estaciones de AVE, tiene su precio: “Por lo menos, que me devuelvan mi dinero”. “Con lo que valen los billetes…” afirman dos viajeras ante nuestras cámaras al ser preguntadas también por los retrasos.

Los retrasos saldrán caros: ventajosas para el usuario, un castigo según Renfe
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En 2023, Renfe pagó 42 millones de euros en indemnizaciones por retrasos. Y tras cambiar las condiciones en julio de 2024, este año calcula que abonará solo 12 millones y medio.

La nueva norma que entraría en vigor en el 2026 no afectaría a Ouigo o Iryo, solo a Renfe, que lo considera un trato discriminatorio.

“Puede parecer contrario a los principios de igualdad y libre competencia el hecho de que se obligue a una empresa y no obligar resto.”, sostiene al respecto el abogado Ángel Pozo, entrevistado por Informativos Telecinco.

“Es un servicio liberalizado, con lo cual, no existe servicio público o servicio privado”, apunta, por su parte, el jurista David López.

Así las cosas, podría también no desarrollarse la norma o, incluso, ser llevada al Tribunal Constitucional.