La ley entró en vigor hace un año, aunque con una moratoria de doce meses que finaliza ahora
La norma obliga a un consumo razonable y a una "jerarquía de prioridades"
Desde este viernes entra en vigor la Ley de Desperdicio Alimentario. A partir de ahora, los agentes de la cadena alimentaria con una superficie superior a 1.300 metros cuadrados deberán establecer una 'jerarquía de prioridades' para la gestión de sus excedentes, en la que prime la transformación de los productos no vendidos en otros destinados al consumo humano.
Miguel Álvarez, cocinero del restaurante Zebú, explica que intentan ajustar al máximo las compras diarias, especialmente en alimentos perecederos como las verduras. En el restaurante Portolito, la cocinera Busi Argua señala que, para evitar el desperdicio, elaboran platos como croquetas o paella con los excedentes. Los clientes también contribuyen: "La gente no quiere desperdiciar nada, incluso en cantidades pequeñas", apunta Manu Arroyo, del grupo Portolito, en referencia al uso de tuppers.
La ley obliga además a los establecimientos de hostelería a facilitar, sin coste adicional, que los clientes puedan llevarse los alimentos no consumidos, e informar de esta posibilidad “de forma clara y visible”, preferentemente en la carta o el menú.
Así se aplica en los supermercados
En los supermercados, según explica Ricardo Castro, gerente de calidad de Vegalsa, se analiza la cantidad de producto que debe colocarse en las estanterías y la frecuencia de reposición en cada centro para minimizar excedentes.
Cuando los alimentos no puedan transformarse y estén próximos a caducar, el siguiente paso será su donación, tal y como establece la norma. A través del Programa Profit, estos productos llegan a entidades sociales y bancos de alimentos, que en 2024 distribuyeron 115.563 toneladas de comida en España.
Actualmente existen 54 bancos de alimentos en el país, que el pasado año atendieron a 1,3 millones de personas a través de 6.062 entidades benéficas. Javier Quiles, director de relaciones externas de Consum, destaca que más de 93.000 familias se han beneficiado de estas iniciativas.
Las empresas ya llevaban tiempo aplicando estas medidas, ya que la ley entró en vigor hace un año, aunque con una moratoria de doce meses que finaliza ahora, por lo que su cumplimiento pasa a ser obligatorio.
Jerarquía en el uso de alimentos
La normativa establece una jerarquía clara en la gestión de los excedentes. En primer lugar, se prioriza el consumo humano. A continuación, se contempla su uso para alimentación animal y la fabricación de piensos; después, su aprovechamiento como subproductos en otras industrias —como los posos de café utilizados por la industria cosmética por sus antioxidantes—; y, por último, el reciclaje y la obtención de compost.
El objetivo de la ley es reducir, de aquí a 2030 y respecto a 2020, un 50 % los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y en los hogares, y un 20 % en las cadenas de producción. Los establecimientos de 1.300 metros cuadrados o menos quedan exentos de elaborar este plan de jerarquía, aunque sí deberán aplicar otras medidas orientadas a reducir el desperdicio.
El desperdicio en los hogares
Aunque la ley se centra en la cadena de producción y distribución, el mayor volumen de desperdicio se produce en los hogares. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 97,5 % de los 1.125 millones de kilos de alimentos tirados en 2024 en España procedió de los domicilios.
De esa cantidad, el 78 % corresponde a productos desechados tal cual se compraron: 851 millones de kilos o litros que se desperdiciaron sin llegar a utilizarse. La fruta es el alimento que más se tira (32,4 %), porcentaje que asciende al 46,2 % si se suman frutas, verduras y hortalizas.
El desperdicio fuera del hogar representa solo el 2,5 % del total: unos 28 millones de kilos o litros en 2024, lo que supone un 8,8 % menos que el año anterior.