El 3 de abril de 2026 entró en vigor la primera ley que obliga a actuar contra el desperdicio de comida
Reduce el desperdicio de alimentos con estas apps
El 3 de abril de 2026 entró plenamente en vigor en España la primera ley que obliga a toda la cadena alimentaria a actuar contra el desperdicio de comida. El resultado para el consumidor será un paisaje comercial diferente, con supermercados con lineales de productos "feos", restaurantes obligados a ofrecer envases para las sobras y grandes establecimientos que deberán priorizar la donación de excedentes antes de tirarlos. Conviene, sin embargo, distinguir con precisión qué es obligatorio, qué se fomenta y qué permanece como buena práctica voluntaria.
Las cifras son lo suficientemente contundentes como para explicar por qué se hace decidido crear una ley específica. En 2024 en España se ha reducido un 4,4% el volumen de alimentos y bebidas desperdiciados respecto a 2023, ya que se ha logrado evitar que 51,54 millones de kilos o litros acabaran en la basura. La tasa global de desperdicio descendió hasta el 3,7% del total de alimentos y bebidas adquiridos. Aun así, la fotografía sigue siendo preocupante. En España, en 2022 se desperdiciaron 7.700 millones de kilos de comida. Y dentro de los hogares, el mayor volumen de desperdicio corresponde a frutas, hortalizas y lácteos, que suman más del 50% del total de productos sin utilizar.
Qué es estrictamente obligatorio a partir de abril de 2026
El artículo 6 de la ley, que contiene las obligaciones generales de todos los agentes de la cadena alimentaria, entró en vigor un año después de la publicación en el BOE. Las medidas obligatorias contenidas en el artículo 6, referidas a las obligaciones generales para todos los agentes de la cadena alimentaria, entraron en vigor al año de la publicación de la ley en el BOE, es decir, a partir de abril de 2026.
El núcleo duro de las obligaciones para los grandes operadores gira en torno a la jerarquía de uso: los agentes de la cadena alimentaria con una superficie superior a los 1.300 metros cuadrados deben establecer una "jerarquía de prioridades" para sus desperdicios en la que primen la transformación de los productos no vendidos en otros destinados al consumo humano. Convertir el pan duro en pan rallado, utilizar la fruta madura para elaborar postres o utilizar sus excedentes de carne para hacer caldos son algunos ejemplos.
Para los establecimientos de hostelería, la obligación más visible es la del envase, ya que los negocios de hostelería tendrán que facilitar que el cliente pueda llevarse, sin coste adicional de los envases, los alimentos que no haya consumido e informar de esta posibilidad "de forma clara y visible en el establecimiento, preferentemente en la carta o el menú". Esta regla no se aplica en bufés libres.
En cuanto a las sanciones, el régimen es escalonado. Para infracciones leves, como no aplicar la jerarquía de prioridades o impedir de manera expresa la donación de alimentos, las multas pueden llegar hasta 2.000 euros. Para infracciones graves, como no contar con un plan de prevención del desperdicio alimentario o destruir de forma intencionada alimentos aptos para el consumo, las multas oscilan entre 2.001 y 60.000 euros. Las infracciones muy graves, por reincidencia, pueden alcanzar los 500.000 euros.
Los descuentos: entre la obligación de promover y la práctica voluntaria
Aquí reside el matiz que más confusión genera. La ley establece una distinción relevante entre lo que obliga y lo que recomienda. Medidas como incentivar la venta de productos con fecha próxima de caducidad, disponer de líneas de venta con productos feos o flexibilizar los menús para que el consumidor elija entre raciones de distinto tamaño quedan a discreción del establecimiento.
Es decir, que ley sí impone a los distribuidores la obligación de promocionar la venta de productos próximos a caducar, pero la mecánica concreta del descuento no está tipificada ni cuantificada en el texto. Lo que sí está prohibido expresamente es tirar alimentos aptos para el consumo sin haber seguido la jerarquía de uso. Aunque no son de obligado cumplimiento por ahora, la ley incluye un conjunto de buenas prácticas que podrían ser exigidas en el futuro. Algunas de ellas son la venta de alimentos con imperfecciones estéticas, la promoción de productos locales, ecológicos y de temporada, o aplicar descuentos en alimentos próximos a su fecha de caducidad.
La ley no opera igual para todos. Las actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería o restauración desarrolladas en establecimientos iguales o inferiores a 1.300 m² están exentas de elaborar el plan con la jerarquía de prioridades. Sin embargo, esa exención no alcanza a todas las medidas: esta ley no se aplica a las microempresas.