Requisitos a cumplir si tienes contratada a una empleada del hogar: habrá multas a partir del 15 de noviembre
La exigencia de contar con una evaluación de riesgos actualizada es obligatoria desde el 15 noviembre de 2025
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La cuenta atrás ya ha comenzado para miles de familias que tienen contratada a una empleada del hogar. El nuevo marco normativo obliga a disponer de una evaluación de riesgos laborales actualizada antes del 14 de noviembre de 2025.
La exigencia llega en pleno retroceso de la afiliación del sector, que registra la cifra más baja en 15 años: 341.428 trabajadoras, 72.000 menos que en 2019.
El Real Decreto 893/2024 pone fin a la excepción histórica del empleo doméstico y extiende plenamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las tareas que se realizan en el hogar familiar.
Su aplicación efectiva no ha comenzado hasta que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lanzó la plataforma gratuita Prevencion10.es, operativa desde mayo de 2025, que permite al empleador cumplir con la evaluación inicial y generar la documentación exigida.
Un nuevo paso en la protección de las empleadas del hogar
El nuevo decreto sitúa al empleador doméstico en la misma posición jurídica que cualquier empresa.
Ya no basta con tener un contrato en regla: ahora es obligatorio identificar riesgos, implantar medidas preventivas y vigilar la salud laboral de la trabajadora. Este giro normativo busca dignificar un sector históricamente infrarrepresentado, donde más del 90% de las ocupadas son mujeres y muchas realizan tareas con riesgo físico o químico.
La norma responde también a la necesidad de equilibrar derechos tras la incorporación obligatoria de las empleadas de hogar al sistema de prestaciones por desempleo y Fogasa. Con esta ampliación de derechos, se amplían también las obligaciones.
Plazos de entrada en vigor y obligaciones inmediatas
Fase 1. Aprobación del decreto
El Real Decreto 893/2024 se aprobó en septiembre de 2024, momento en el que quedó definido el nuevo marco de prevención de riesgos laborales para el empleo del hogar.
Esta aprobación marcó el inicio del periodo transitorio previsto para que los empleadores pudieran prepararse para las nuevas obligaciones.
Fase 2. Puesta en marcha de Prevencion10.es
En mayo de 2025 entró en funcionamiento la herramienta gratuita Prevencion10.es, desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Su lanzamiento fue clave, porque permitió a las familias realizar de forma autónoma la evaluación de riesgos, generar el informe oficial y adaptarse al proceso sin necesidad de contratar servicios externos.
Fase 3. Obligación plena de la evaluación
La exigencia de contar con una evaluación de riesgos actualizada será obligatoria a partir de noviembre de 2025. Desde el 15 de noviembre de 2025, además, toda nueva contratación deberá disponer de dicha evaluación antes de iniciar la actividad laboral, convirtiéndolo en un requisito previo imprescindible.
Qué deben hacer los hogares para cumplir con la ley
Las familias que aún no han iniciado el trámite deben comenzar por la evaluación inicial de riesgos.
Se trata de analizar el espacio donde la trabajadora desempeña su labor: escaleras, elementos eléctricos, productos químicos o presencia de mascotas, entre otros.
También deben incluirse tareas como limpieza, cuidado de mayores, cocina o planchado.
Este análisis es esencial porque permite detectar situaciones que pueden generar accidentes. Si existen cambios relevantes en la vivienda o en las funciones, la evaluación debe actualizarse.
Implantar medidas preventivas y proporcionar equipos adecuados
Los empleadores deben aplicar las medidas que resulten de la evaluación: desde sustituir productos de limpieza por otros menos agresivos hasta mejorar la ventilación o proporcionar calzado antideslizante.
Estas medidas deben documentarse por escrito, fechadas y comunicadas a la trabajadora. La herramienta Prevencion10.es facilita la generación y gestión de estos documentos.
La normativa también exige proporcionar equipos de trabajo apropiados y ofrecer formación mínima sobre los riesgos presentes en el hogar, formación que deberá realizarse solo una vez.
La vigilancia de la salud laboral de las empleadas del hogar
Las empleadas del hogar tienen derecho a reconocimientos médicos cada tres años, voluntarios y gratuitos.
Estos controles forman parte del Sistema Nacional de Salud y permiten detectar lesiones musculares, alergias o problemas derivados de las tareas.
La familia no debe pagar el reconocimiento ni acceder a los resultados médicos, pero sí facilitar que la trabajadora pueda acudir a la cita.
Cómo realizar la evaluación paso a paso
El proceso puede completarse en pocos minutos gracias a Prevencion10.es, diseñada para que cualquier empleador pueda cumplir con la ley sin conocimientos técnicos.
La plataforma guía al usuario mediante un cuestionario sobre las características del hogar, las tareas y las posibles situaciones de riesgo.
Tras completar las preguntas, el sistema genera un informe en PDF, válido como prueba legal. El documento debe guardarse, imprimirse y entregarse a la trabajadora.
Contenido del informe de evaluación
- Datos del empleador y de la trabajadora.
- Descripción de las tareas realizadas en el hogar.
- Identificación de los riesgos asociados a esas tareas.
- Medidas preventivas recomendadas para eliminarlos o reducirlos.
- Plan básico de actuación ante accidentes o emergencias.
- Posibilidad de actualización cuando cambien las condiciones laborales o del hogar.
Sanciones y consecuencias económicas del incumplimiento
La sanción al empleador/empleadora en el incumplimiento de la evaluación de riesgos para las trabajadoras del hogar parte desde 2.451 euros si no hay agravantes. Si los hubiera, la máxima sería entre 24.000 y 49.000 mil euros.
Además, si se produce un accidente y el empleador no ha cumplido con la prevención, deberá asumir el coste del daño y un recargo adicional en las prestaciones de la trabajadora.
Este contexto coincide con un sector tensionado por el incremento del SMI, que acumula un aumento del 60% desde 2019, y el encarecimiento de las cotizaciones.
El resultado ha sido un aumento de despidos, recortes de jornada e incorporación al trabajo en B, especialmente en hogares con menores recursos y pensionistas.
