En concreto, establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto ley en el BOE para poner en marcha esta medida.
De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.
El nuevo registro de la jornada laboral, que deberá garantizar cada empresa, incluyendo el horario concreto de inicio y finalización de aquella para cada uno de sus trabajadores. Y todo ello, "sin perjuicio de la flexibilidad horaria" ya prevista en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, el Gobierno, "a propuesta del Ministerio de Trabajo y previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración" de dicha jornada, según ha explicado la ministra de Trabajo en el Consejo de Ministros, Magdalena Valerio.
Se ha cuidado la ministra mucho de lanzar las campanas al vuelo con esta medidas y ha especificado de forma clara que se tendrán en cuenta los matices y cambios que se consideren necesarios "para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran".
En último caso, eso sí, también podría tomar esa decisión el empresario correspondiente de forma libre, aunque "previa consulta con los representantes legales de los trabajadores". En cuanto a la entrada en vigor del nuevo registro, el Gobierno la aplaza dos meses desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) -en principio, este sábado- para dar margen a que las empresas puedan adaptarse, aunque en realidad ya sabían desde hace meses de los planes del Ejecutivo. Lo importante será, una vez más, la letra pequeña.
Valerio ha reconocido que el Gobierno renuncia a abordar la derogación de los aspectos que consideran más lesivos de la reforma laboral de 2012 al entender que dentro ya del periodo preelecotral, hacia los comicios del 28 de abril, no habrá forma de alcanzar un consenso que permita convalidar la decisión. La vida sigue ha dejado claro. "Si no se ha podido llegar a un acuerdo en dos años va a ser imposible en estos momentos, así que hemos decidido que la vida sigue y cuando haya un nuevo Gobierno se tomará la decisión que se tome", ha afirmado Valerio que no ha querido hablar de "fracaso" sino de "realismo" y "prudencia".
Por otra parte, la ministra ha detallado que buena parte de las medidas aprobadas este viernes, junto con la ampliación del permiso de paternidad o la cotización de las cuidadoras de dependientes, suman un coste total de 1.130 millones de euros que irán a cargo del alza de 3.300 millones que prevén lograr en el cobro de cuotas a la Seguridad Social tras el incremento de las bases de cotizacion.