{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El recibo de la luz del usuario medio ha sufrido una subida mensual del 4,8% en octubre, aunque sigue más bajo que hace un año, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Así, la factura del mes pasado con la tarifa semirregulada PVPC se situará en 70,08 euros, frente a los 66,87 euros de septiembre.
El importe de la factura eléctrica para un usuario medio se ha situado en 79,79 euros en enero, 75,37 en febrero, 72,39 en marzo, 73,09 en abril, 70,97 en mayo, 69,62 en junio, 71,82 en julio, 68,64 en agosto, 66,87 en septiembre y 70,08 en octubre.
El recibo medio en lo que va de año se sitúa en 72,11 euros, un 5,8% por debajo de los 76,58 euros del periodo enero-octubre de 2018. En los primeros diez meses de 2017, la factura del usuario medio se situó en 74,63. En el mismo periodo de 2016, en 65,90 euros.
FACUA realiza sus análisis tomando como referencia las tarifas semirreguladas (PVPC) aplicadas en hogares con contadores no adecuados a la telegestión. En cuanto a su perfil de usuario medio, según un estudio de la asociación sobre decenas de miles de facturas de viviendas ocupadas éste consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.
FACUA critica que los beneficios de las grandes eléctricas siguen disparados gracias a la pasividad del Gobierno ante sus infladas tarifas. La asociación reclama medidas contundentes para abaratar la factura eléctrica que sufren los usuarios. FACUA demanda la intervención del sector, de manera que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente los precios sobre la base del coste real de la producción energética y se deje de depender de una subasta que facilita la especulación por parte de las grandes eléctricas.
La principal medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa totalmente regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.
La bajada del IVA de la electricidad es otra de las demandas de la asociación. Bajarlo al 4% habría ahorrado al usuario medio 130 euros el año pasado. Antes de impuestos, este usuario pagó 728,15 euros. El IVA del 21% vigente en la actualidad y el impuesto sobre la electricidad suman un 27,19% de incremento en la factura, situándola en 926,16 euros en 2018. Con el IVA al 4%, la suma de los impuestos indirectos representaría el 9,32%, con lo que la cuantía habría bajado a 796,01 euros.
FACUA también reclama cambios de calado en el bono social, tras los rotundos fracasos que han supuesto los modelos aprobados durante las legislaturas de Zapatero, Rajoy y Sánchez. En la actualidad, el bono sigue sin garantizar descuentos significativos para la inmensa mayoría de beneficiarios y mantiene unos niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas-.
Pese a todo, unos 800.000 usuarios han recibido ya el pago del bono térmico, subvención aprobada por el Gobierno que consiste en una ayuda directa destinada a compensar los gastos de suministro de energía para usos térmicos como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, según informó el secretario de Estado de Energía en funciones, José Domínguez Abascal.
En la clausura de la jornada 'Políticas y medidas contra la pobreza energética' organizada por la Fundación Naturgy, Domínguez subrayó la "importancia" de avanzar en materia de pobreza energética y señaló que es necesario llevar a cabo un "esfuerzo importante por delante desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y desde la sociedad y la normativa".
En concreto, el bono térmico, que se concede automáticamente a los beneficiarios del bono social eléctrico, es una ayuda que oscila entre un mínimo de 25 euros y un máximo de 124 euros y se recibe en un solo pago. Se aplica en función de dos criterios, la zona climática donde se ubica la vivienda y el grado de vulnerabilidad del beneficiario.
Domínguez destacó que la pobreza energética es "una realidad que se debe afrontar, ya que la transición ecológica debe ser respetuosa con el medio ambiente, pero también "respetuosa con las personas y muy cuidadosa de aquellas más vulnerables".
Así, valoró que "poco a poco" va habiendo una conciencia pública y se está poniendo el foco en la pobreza energética, que "no es más que una manifestación de la pobreza, pero muy determinada y determinante". "Es parte de la política de justicia social a la que ningún Gobierno puede ser ajeno. Estamos dotándola con los fondos necesarios y no nos quedaremos quietos", recalcó.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, afirmó que la pobreza energética es un problema social que el sector energético "no puede ni debe eludir"
El directivo puso el énfasis en la correlación de la pobreza energética con la antigüedad de las viviendas, así como con el desempleo, entre otros aspectos, y consideró necesario seguir avanzando en los programas para atacar la pobreza energética.
Asimismo, apuntó el compromiso de la Fundación Naturgy en el desarrollo de programas sociales, a través de su fondo de eficiencia energética para viviendas o la ayuda a las familias necesitadas, para ayudar a combatir la vulnerabilidad energética.