Ángel de la Fuente, director de Fedea, sobre si podremos pagar las pensiones: "Si nos empeñamos podemos seguir haciéndolo, pero tiene un coste"
El déficit de la Seguridad Social prácticamente se ha duplicado en los últimos siete años, al pasar de 32.000 millones de euros en 2018 a 57.000 millones en 2025
La precampaña gira hacia el tema de las pensiones tras decaer la presión por la crisis de la vivienda
Las pensiones han irrumpido de lleno en el debate de precampaña. Más allá del intercambio de acusaciones entre los partidos, los expertos ponen el foco en la situación financiera del sistema público y en su capacidad para afrontar el aumento del gasto previsto en los próximos años.
Crece el gasto impulsado por la revalorización con el IPC
Las cifras muestran un desequilibrio creciente entre ingresos y gastos. El déficit de la Seguridad Social prácticamente se ha duplicado en los últimos siete años, al pasar de 32.000 millones de euros en 2018 a 57.000 millones en 2025. Una evolución que refleja que las cotizaciones sociales ya no son suficientes para cubrir el coste total de las prestaciones.
A esta situación se suma el impacto de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Con una actualización del 3,6 %, el sistema deberá asumir un gasto adicional de 8.400 millones de euros. En otras palabras, el desembolso continúa creciendo a un ritmo superior al de los ingresos.
Pese a ello, los expertos coinciden en que el pago de las pensiones no está en cuestión. La clave, sin embargo, reside en cómo se financia ese esfuerzo y qué consecuencias puede tener para el resto de las cuentas públicas. En un contexto en el que el número de pensionistas seguirá aumentando, el debate se centra en si podrá mantenerse en el tiempo el actual nivel de compromiso político y social con el sistema.
Sobre esta cuestión, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, sostiene que la viabilidad de las pensiones depende, fundamentalmente, de una decisión colectiva. “Es una cuestión de voluntad, o sea, si nos empeñamos podemos seguir haciéndolo, pero tiene un coste”, señala. Un coste que, según advierte, obliga a establecer prioridades en el gasto público, ya que los recursos destinados a sufragar las pensiones dejarían de estar disponibles para otras inversiones. “Habrá otras cosas que tenemos que dejar de hacer porque estamos gastándolo en pensiones y no en trenes o no en colegios”, concluye.