Registro nacional de contratos de alquiler: ¿qué es, cómo funciona y qué utilidad tiene?
El anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda recoge la creación de un registro nacional de contratos de alquiler
La ley de vivienda justifica la creación del registro para disponer de la información veraz de los contratos de arrendamiento
La ley de vivienda comienza su tramitación parlamentaria tras ser aprobada por el Consejo de Ministros
El registro nacional de contratos de alquiler (RCA, por sus siglas) incluido en el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que inicia su tramitación parlamentaria tras su aprobación este martes por el Consejo de Ministros no tiene fecha para su creación y tampoco está claro cómo convivirá con otros similares ya existentes en regiones como el País Vasco.
Así lo reconocen fuentes consultadas por el digital 20minutos que defienden la utilidad de esta herramienta para "dar garantías y proteger los derechos de arrendatario y arrendador".
El registro nacional de contratos de alquiler se coordinará con los autonómicos
La disposición adicional primera del citado anteproyecto establece la creación de un registro de contratos de arrendamiento de vivienda, que estará vinculado a los actuales registros autonómicos de fianzas de las comunidades autónomas y al Registro de la Propiedad, con el objeto de incrementar la información disponible para el desarrollo del Sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
El anteproyecto también contempla promover los mecanismos, en coordinación con las comunidades autónomas, para disponer de la información veraz de los contratos de arrendamiento de vivienda vigentes, a través de los datos recogidos en los distintos registros autonómicos y estatales, con el objeto de realizar el adecuado seguimiento del conjunto de medidas incluidas en esta ley, y el cumplimiento de los objetivos de incrementar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles.
La intención de gobierno de coalición es la de ponerlo en marcha lo antes posible, aunque todo depende de la tramitación parlamentaria de una norma que nace con múltiples amenazas por el informe negativo del Consejo General del Poder Judicial y el anuncio de recursos judiciales por la posible invasión de competencias autonómicas.
Aunque el Gobierno ha desmentido todas estas acusaciones, el sector comienza a movilizarse contra la ley de vivienda por entender que será incapaz de mejorar el mercado inmobiliario con unas medidas que, aseguran, nunca han funcionado.
