Transparencia: un gorro de paño desata una batalla legal de dos años entre Interior y un sindicato de la Guardia Civil

Sobre el papel, la batalla legal parece centrarse en un trozo de tela de poco más de medio metro cuadrado. Un gorro que la Guardia Civil quería comprar y sobre el que los sindicatos del cuerpo alegaron que no era reglamentario allá por 2022. Sin embargo, el entuerto tiene en realidad tintes mucho más sensibles ¿Tiene Interior derecho a negar una información sobre un contrato público? ¿Y si quien la pide es responsable de un sindicato de funcionarios? Y aún más: ¿Es legal que la cartera de Frenando Grande-Marlaska consulte sus bases de datos para saber si un peticionario de información pública está entre sus empleados o si utilizará de forma crítica con el ministerio la información que reclama? Y todo, con la excusa de una prenda que debía servir para cubrir la cabeza de los agentes, y que lleva dos años de papeles, recursos y despachos a cuestas. 

El entuerto arrancó en septiembre de 2022, cuando la Junta Permanente de Uniformidad decidió cambiar la normativa para hacer oficial una nueva gorra para el equipo de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil. En ese momento, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) alegó que ese organismo no tenía potestad legal para hacer el cambio, pero además hizo notar que pese a que las gorras todavía no estaban aprobadas, ya había una empresa que las vendía. El coste total de la compra superaba los 100.000 euros. Un dinero que el sindicato prefería invertir en chalecos anti-bala y otras medidas de protección.

Arrancó entonces la pelea de papeles, cuando la AUGC supo que antes de ese gran pedido hubo un primer contrato anterior de mucha menor cuantía, del que no tenía conocimiento. Pidieron los datos de ese primer contrato, pero la dirección de la Guardia Civil se negó. Así que uno de sus miembros abrió el Portal de Transparencia y presentó una petición de información pública para saber el montante de ese primer contrato. Empezó el baile. 

El rastro del Gorra-Gate deja muestras de la voluntad de Transparencia de la Administración, y más en concreto, de la cartera de Grande-Marlaska, que tras dilatar la decisión, se negó en una primera y una segunda opción a entregar los datos. Y eso que se trata de un contrato público y que el dato no afecta en modo alguno a la Seguridad Nacional. Son gorras de paño, no tecnología militar de última generación.

“Por qué se ha accedido a esos ficheros”

Desde un primer momento, Interior se negó a prestar los datos porque el interesado, la persona que firmaba los papeles, “ostenta la condición de representante de una asociación profesional de la Guardia Civil”. Es decir: que según el argumento del departamento de Grande-Marlaska, el derecho que asiste a todo ciudadano a solicitar información pública, no se aplica a los sindicalistas de la Guardia Civil. 

Desde un punto de vista técnico, la Ley de Transparencia se entiende como la legislación reglamentaria para acceder a datos públicos siempre que no haya, también con rango de Ley,  otro texto legal que contemple normativas específicas o sectoriales, como por ejemplo la Ley de Secretos Oficiales. Lo que alegó Interior para no entregar los datos es que este peticionario era miembro de la AUGC, sindicalista, y por tanto debía consultar los datos por medio del reglamento interno de la Guardia Civil para estos casos. Pero el Consejo de Transparencia no le da la razón, al recordar que ese reglamento interno no tiene rango de Ley, y que la Ley de Transparencia refleja “el derecho de todas las personas a acceder a la información pública”, sean o no funcionarios del Estado. 

En su negativa a entregar los datos, Interior rindicaba incluso que “existe, por lo tanto, una clara y nítida presunción de que la petición de información solicitada tiene conexión con el efectivo ejercicio de las funciones representativas del solicitante [...] Es por ello por lo que parece más adecuado que se le pueda brindar la oportunidad de conseguir la información más relevante y amplia para ello, en este caso utilizando la vía específica” de la normativa interna de la Guardia Civil. 

La decisión de Transparencia

Un ciudadano pidió los datos. La Guardia Civil se negó a entregarlos. El peticionario y sindicalista volvió a recurrir, e Interior se volvió a negar. En su recurso, el solicitante se preguntaba con qué derecho había accedido Interior a las bases de datos que mantiene sobre funcionarios para confirmar que su nombre estaba en la plantilla de la Guardia Civil, en un elemento que el dictamen emitido después por Transparencia no trata de forma pormenorizada. 

En su recurso, el peticionario pide además explicaciones de “por qué motivo se ha accedido a esos ficheros para certificar mi condición de representante, cuando yo, en ningún momento he hecho referencia a mi condición de representante en mi solicitud de acceso. La Guardia Civil parte de un grave error. Esta parte solicita los datos como cualquier ciudadano, al igual que lo puede solicitar mi esposa o cualquier otra persona”. Los tratados internacionales sobre Transparencia, muchos de ellos firmados por España, suelen tener dos premisas fundamentales: que la Administración no pueda preguntar al ciudadano que ejerce su derecho para qué quiere los datos y que no realice pesquisas encaminadas a conocer su intención sobre los mismos. El ejercicio libre de ese derecho, que es, al fin y al cabo, un elemento más de fiscalización de esas instituciones, lleva implícito que nadie en la Administración pueda cuestionar el motivo por el que se ejerce. 

En su dictamen del pasado mes de febrero, después de sendas negativas de Interior, el Consejo de Transparencia dio la razón al peticionario e indicó que nadie deja de tener derecho a pedir información pública en virtud de la Ley de Transparencia por ser agente de la Guardia Civil o representante sindical.

Pero aunque parezca sorprendente, el caso no no acaba aquí. Ahora, Transparencia obliga a Interior a entregar los datos o acudir a los tribunales. Pero según los peticionarios, la información tampoco ha llegado. El ministerio primero envió los datos, pero del segundo contrato, no del primero. Luego mandó un segundo enlace, donde tampoco aparece pormenorizado el primer contrato. Así que el peticionario, después de dos años de tira y afloja está, como suele decirse, hace tiempo que está hasta la gorra.