El PP promete una ley para desalojar a los okupas en 24 horas

El PP ha prometido que impulsará en el Senado una Ley Antiokupación que permita desalojar viviendas en 24 horas, a pesar de que las oficinas creadas en comunidades con este objetivo no tienen una actividad relevante. Los populares han anunciado que esta será su primera propuesta de ley en el estreno de la sesión de la Cámara Alta con una norma de tolerancia cero a la "okupación ilegal".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que la iniciativa "nace de la preocupación de buena parte de la sociedad española" ante el incremento de este fenómeno en un 37% desde 2018, según los datos del Ministerio del Interior.

El PP, vuelve con su caballo de batalla de la pasada legislatura, ha explicado que su proposición de Ley busca luchar contra "la okupación ilegal" que es "un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia este fenómeno y la protección tanto de la propiedad privada, como de las personas en situación vulnerable".

Como principal medida, la norma obliga al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad judicial y, en caso contrario, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa.

La norma que impulsaría el PP en el Senado impediría que los okupas se puedan empadronar en la vivienda e incrementa las penas del Código Penal por okupación.

El PP pretende así que "los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio".

Eso sí, dejando claro que "las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social nada tienen que ver con la okupación ilegal".

"A un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Estado pueda trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos", han subrayado .

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