PP, Junts y PNV tumban el impuesto a las energéticas, pero PSOE y Podemos sacan adelante la Ley de eficiencia de la Justicia

Jornada agridulce para el Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados. La mayoría parlamentaria acudía a esta última sesión del año muy dividida, y así ha sido el resultado. Por un lado, PP, PNV y Junts han unido sus votos para aprobado por mayoría absoluta la derogación del artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas que se viene prorrogando desde 2023. En la otra votación de calado, el Gobierno ha contado con el voto de los cuatro diputados de Unidas Podemos que en el último minuto han levantado el veto del PP en el Senado y aprobado definitivamente la ley de eficiencia de la Justicia.

En la primera de las votaciones se trataba de una enmienda a la reforma fiscal que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Congreso con apoyo de Junts y del PNV, que ya no quieren prorrogar el gravamen.

Además del impuesto a las energéticas, la reforma fiscal del Gobierno llevaba otras novedades que sí han contado con el apoyo mayoritario de la cámara. Se trata del proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno y que finalmente introduce un impuesto a la banca, pero no al sector energético.

La tramitación parlamentaria ha concluido con la votación de las enmiendas que el Senado introdujo en el proyecto de ley, varias de las cuales han recibido vía libre del Congreso pese al voto en contra del Gobierno. Ahora sólo falta que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

La reforma fiscal es uno de los proyectos que más ha costado sacar adelante al Gobierno en esta legislatura, pues ha tenido que enfrentarse desde el primer momento a duras negociaciones a múltiples bandas con los grupos parlamentarios.

De hecho, la norma consiguió superar su trámite en el Congreso, pero renunciando a medidas que quería el Gobierno, como subir la fiscalidad al diésel, regular el régimen de las Socimis o gravar a los coches, aviones y yates de lujo.

PNV y Junts, los nuevos aliados del PP

Lo que no ha podido parar el Gobierno es la medida que establece la derogación del artículo que regula la tasa en la ley por la que se crearon los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros y de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, han confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no apoyan esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria energética y, en el caso de los vascos, porque su configuración actual de prestación de carácter no tributario impide a las haciendas forales recaudarla.

La derogación impediría cumplir su compromiso con ERC, Bildu y BNG de prorrogar el gravamen, pero el Gobierno piensa aprovechar el Consejo de Ministros del próximo lunes, el último del año, para aprobar el decreto ley prometido con el fin de que entre en vigor antes de que la reforma votada este jueves se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor la supresión de su base legal.

Podemos y los desahucios

La otra votación sensible para el Gobierno ha logrado el apoyo en el último minuto de la formación liderada por Ione Belarra que, con sus votos, ha aprobado definitivamente este la ley de eficiencia de la Justicia, con lo que se revertía el veto del Senado del Partido Popular.

La ley ha salido adelante con 177 votos a favor, 170 en contra y ninguna abstención, aunque durante el debate parlamentario, la diputada de Podemos Martina Velarde había dado a entender que se abstendrían en esta votación, lo que habría supuesto el rechazo de la norma impulsada por el Gobierno.

"Seguiremos trabajando siempre hasta el último momento para que nuestros votos nunca sirvan para recortar derechos ni para legitimar desahucios", dijo Velarde, a lo que la secretaria general de Podemos Belarra añadió en pasillos que el problema es que el error que cometieron ERC y Bildu al permitir que esa enmienda entrase en el proyecto "no lo pueden pagar las personas vulnerables", sino que lo tienen que arreglar los grupos que se equivocaron.

Pero finalmente los cuatro diputados de la formación morada han votado a favor de levantar el veto a este proyecto de ley que impuso el Senado con la mayoría absoluta del PP, con lo que la norma ha salido adelante.

Durante el debate, el diputado del PSOE Francisco Aranda ha criticado duramente el veto del PP en el Senado y ha emplazado a los grupos a elegir entre "el debate del Congreso y la mordaza de la mayoría del PP en el Senado".

"El PP, que tanto se llena la boca de separación de poderes, de partido de Estado, de democracia, aplica la ley del veto en aquellas leyes que no les gustan y todo por no ejercer su papel leal de oposición", ha denunciado Aranda, que cree que con esta decisión el PP "renuncia a la política para trabajar solo por el poder".

Le ha contestado la diputada del PP María Jesús Moro, que ha calificado de "tramposo" el argumento del Gobierno de que la norma es "esencial" para la transformación de la Justicia con la creación de "oficinas modernas" o para la puesta en marcha de medidas para agilizar procedimientos.

Y ha empleado una metáfora, la de un vecino al que le piden su firma inmediata si quiere que su comunidad obtenga una cuantiosa suma de dinero, pero solo puede leer la primera hoja del contrato y no las 200 páginas siguientes, "la letra pequeña".

"Por muy beneficioso que sea un artículo no justifica sacrificar líneas irreparables y un nuevo asalto a la estructura de la Justicia", ha enfatizado Moro, antes de dejar claro que su partido dice 'no' a la ley porque no puede dar un voto por separado al articulado y porque, como el ciudadano de la metáfora que no firma el contrato, sabe también que "no se regalan duros a pesetas".

Desde EH Bildu, su portavoz Jon Iñarritu ha vuelto a admitir el error de votar junto con ERC a la enmienda del PNV. "Pedimos disculpas porque nos confundimos", ha lamentado el diputado abertzale, que ha avanzado que ya están trabajando con el Gobierno y otros socios de investidura para "revertir" y corregir esa enmienda en una proposición legislativa, porque la "prioridad" ha dicho, es proteger a quien estén en una situación de crisis habitacional.

Iñarritu ha sido claro con la postura de su formación a votar en contra del veto y avalar la reforma que, si bien es "compleja" y ha contado con una negociación "acelerada", avanza en muchas cuestiones que necesitan una respuesta "rápida y urgente".

Por su parte, Pilar Vallugera (ERC) ha afirmado que su grupo se ha distinguido siempre por la defensa de los más vulnerables frente a los desahucios y ha reprochado a Podemos que podrían haber parado la votación una vez se dieron cuenta de que ERC y Bildu se habían equivocado.

"Lo habríamos resuelto y no haría falta que estuviéramos planteándonos votar a favor de un veto" a una ley que contiene elementos que "han costado mucho y que es importante preservar", ha lamentado.

Desde Sumar, Enrique Santiago ha reconocido que aún quedan cuestiones pendientes en la ley y ha pedido dejar sin efecto los "errores involuntarios" que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar lanzamientos en algunos supuestos.

"Es un error no intencionado de algunos grupos que no puede impedir la aprobación de una ley que suprime los visados 'golden visa' de quiénes especulan con la vivienda, cumpliendo así la reivindicación del movimiento de defensa del derecho a la vivienda", ha advertido Santiago.

Menos entusiasta con la norma se ha mostrado Junts, cuyo portavoz Josep Pagés ha considerado que se legisla una Justicia "demasiado corporativista" y "alejada de los ciudadanos", en tanto que no se afronta que el Poder Judicial esté "raptado" por asumir el rol de intervenir en la vida política.

Desde Vox han mostrado su oposición a una ley que "satisface intereses particulares" y que está "repleta de consignas ideológicas" y de un lenguaje inclusivo que dificulta su entendimiento. 

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