La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado en una entrevista con EFE que España tramitará las peticiones de asilo de todas las nacionalidades, pese a la implantación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Saiz ha defendido que esta es una "línea roja" para el Gobierno.

El Gobierno fija este límite frente a este paquete legislativo, cuya implementación en España -con fecha límite en junio de 2026- supondrá una adaptación estructural y normativa, con una nueva ley de asilo y cambios en la de extranjería.

Este pacto fue muy criticado por las entidades sociales y uno de sus aspectos polémicos tiene que ver con la creación de listas de "países seguros" -basados en una baja tasa de reconocimiento de protección internacional- que puede implicar que las peticiones desde ciertos Estados sean descartadas automáticamente.

Una forma de proceder en la línea de lo ya adoptado por países como Alemania, Reino Unido, Francia y Austria el pasado diciembre, cuando suspendieron la tramitación de peticiones de sirios, tras la caída de Bachar al Asad, decisión de la que se desmarcó España.

Preguntada por la aplicación del pacto en España, del que no se conocen apenas detalles, y el posible incremento de retornos de solicitantes de asilo rechazados, Saiz ha señalado que esta cuestión será tratada en el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del Consejo de la Unión Europea.

"Lo que sí es una línea roja frente a otros países que parece que plantean el restringir las solicitudes de asilo de protección internacional en virtud de determinadas nacionalidades es que España tramita todas las solicitudes de protección internacional que se reciben", ha asegurado la ministra.

Saiz ha añadido que "España no va a permitir ninguna norma que atente contra los derechos humanos o contra el ordenamiento jurídico" y ha defendido la posición del Gobierno "humanitaria" y "antagónica a otros países europeos que apuestan por "externalizar personas", ha subrayado, en referencia al modelo Meloni.

Uno de los retos más críticos de España en materia migratoria es su sistema de asilo: resulta muy difícil pedir una cita para acceder a él y, en el caso de tramitar una solicitud, los peticionarios pueden esperar hasta dos o tres años hasta que se resuelva. En la actualidad hay 242.000 peticiones pendientes, según CEAR.

Ante este escenario, Saiz pone en valor el nuevo reglamento de extranjería, que, entre otros cambios, flexibiliza las vías de regularización a través del arraigo y establece que el tiempo que una persona ha esperado su resolución de asilo no compute para acceder al arraigo con el que conseguir los papeles.

"Tenemos que dejar la vía del asilo absolutamente disponible para esas personas de especial vulnerabilidad, clarificando competencias, ampliando los supuestos, abriendo puertas que se encontraban cerradas", ha explicado Saiz.

Esta última medida sobre la incompatibilidad de los dos procesos ha llevado a cinco entidades -entre ellas Cáritas y CEAR- a recurrir ante el Supremo este aspecto del reglamento por el riesgo de que los solicitantes rechazados caigan en la irregularidad y tengan que permanecer en ella dos años hasta poder optar al arraigo.

Sobre qué personas es necesario "despejar" la vía del asilo, la ministra no ha dado detalles pero ha sugerido que "no es lo mismo una migración con lazos familiares en un país o lazos culturales, que personas que huyen porque su vida está en peligro por persecución".

Preguntada por qué va a pasar con los peticionarios rechazados, ha insistido en la importancia de despejar la vía del asilo para los "especialmente vulnerables", aunque ha dejado la puerta abierta a seguir trabajando hasta la entrada en vigor del reglamento, el 20 de mayo.

La ministra ha echado la vista atrás con motivo del tercer aniversario de la guerra de Ucrania y ha destacado la "agilidad" del Gobierno para recibir a las personas desplazadas, duplicando la capacidad de su sistema de acogida y creando 11.000 plazas en pocos días.

España ha dado protección temporal a 236.570 personas afectadas desde que comenzó el conflicto y en estos tres años ha avanzado hacia su inclusión, con su incorporación al mercado laboral.

Según la ministra, un ejemplo de ello es que 14.500 mujeres ucranianas refugiadas en España trabajan, el 60 % con un contrato indefinido y en sectores que van "desde la hostelería hasta las comunicaciones o el sector de la información".

Elma Saiz ha anunciado que el próximo 17 de marzo presidirá la cuarta Conferencia Sectorial de Migración con las comunidades para debatir cuestiones como la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo o el Plan de Integración y Convivencia Intercultural en el que trabaja el Gobierno.

Sobre la xenofobia contra la que pretende luchar este plan, Saiz ha asegurado que no cabe más "tibieza" y hay que elegir entre ser "racista o antirracista". La ministra ha utilizado una metáfora que, según ha dicho, comparte con sus propios hijos.

"Si yo me voy a cortar el pelo y la persona no realiza el corte que yo quiero es inconcebible que se produzca un insulto racista; lo que no puede ser es que en un estadio de fútbol normalicemos que si un jugador o jugadora falla un gol, tengamos que recurrir a un insulto racista", ha explicado.

En este sentido, ha opinado que es "absolutamente intolerable" que el principal partido de la oposición "abrace los discursos xenófobos de la ultraderecha", vínculo que Saiz insta a los populares a romper, siguiendo el ejemplo de Alemania.

"El hermano del señor Feijóo en Alemania ha puesto un cordón sanitario a la ultraderecha y el señor Feijóo aquí en España ha sido quién ha abierto la puerta a la ultraderecha. Eso es un ejemplo claro de tibieza y evidentemente eso, al final, tiene una capilaridad en la sociedad", ha aseverado.

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