¿Cómo afectan a las empresas las medidas del plan estatal de lucha contra la corrupción de Pedro Sánchez?
Las empresas también deberán adaptarse a un entorno con mayores exigencias en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción
Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | El presidente anuncia la creación de una agencia pública para luchar contra la corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados un “plan estatal de lucha contra la corrupción” compuesto por un total de 15 medidas que, tras el estallido de escándalos como el del caso Koldo y el ingreso en prisión de Santos Cerdán, pretenden atajar tanto a la propia corrupción como a los corruptores, lo que pone también el foco en las empresas.
Aseverando que cumplirán “hasta la última coma” de este plan, que el líder socialista ha defendido que ha sido trazado desde el seno del Gobierno de coalición, con ayuda de los grupos parlamentarios que han querido sumar y con expertos de la OCDE, Sánchez ha enumerado un compendio de medidas que tendrán un impacto directo sobre las empresas, y en especial sobre aquellas que deseen contratar con la administración pública.
El plan estatal contra la corrupción y el foco sobre las empresas
Más allá de reforzar la transparencia y el control tanto a los partidos como sobre el patrimonio de los altos cargos, el presidente del Gobierno ha dejado claro que la corrupción “no solo ha existido en una organización”, que “existe en otras” y que también “en instituciones y algunas empresas”.
“Si realmente queremos seguir reduciendo esta lacra social hasta acabar con ella definitivamente, tenemos que actuar también sobre estos espacios”, ha aseverado dejando claro que las empresas también deberán adaptarse a un entorno con mayores exigencias en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, si desean mantener o iniciar relaciones contractuales con el sector público.
Así, entre las principales medidas que les afectarán encontramos:
- La obligatoriedad de sistemas de 'compliance' anticorrupción, por el cual las empresas que quieran optar a contratos públicos deberán implantar sistemas internos de prevención y control de la corrupción, siguiendo estándares internacionales.
- La implantación de canales internos de denuncia, medida según la cual todas las empresas que contraten con la administración estarán obligadas a disponer de canales internos de denuncia para que empleados y terceros puedan alertar de posibles irregularidades.
- Se crearán listas negras y exclusión de contratación pública. De este modo, las empresas condenadas por corrupción serán incluidas en listas negras y quedarán excluidas de futuros contratos con la administración, lo que puede suponer la pérdida de oportunidades de negocio.
- Más sanciones y más multas: se endurecerán para las empresas corruptoras, lo que incrementa el riesgo económico de incurrir en prácticas ilícitas.
- Para determinados contratos públicos, se desplegarán pactos de integridad que obligarán a las empresas a cumplir compromisos éticos y de transparencia en la ejecución de los contratos.
- Mayor control y mayores requisitos de transparencia, que serán reforzados, implementándose además herramientas de inteligencia artificial en la contratación pública, lo que aumentará el escrutinio sobre las empresas y sus relaciones con la administración.
“Si queremos acabar con la corrupción, tenemos que perseguir a los corruptos, pero también tenemos que hacerlo con los corruptores, porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga: empresas, empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y también el castigo judicial”, ha dejado claro Pedro Sánchez a este respecto, insistiendo en que van a "endurecer las penas por delitos contra la administración pública en el código penal" y duplicarán "los plazos de preinscripción”.
“Además, aumentaremos las multas a las empresas corruptoras calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales”, ha dicho en su discurso en el Congreso de los Diputados, anunciando también la puesta en marcha del citado “sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando por la administración pública”; una medida que ha desencadenado los aplausos en la Cámara Baja.
“Haremos lo propio en las organizaciones políticas, endureciendo las sanciones por infracciones contables, retirando las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas estructuras u organismos de dirección a personas condenadas por corrupción”, ha sentenciado.
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