Canarias pide la declaración de contingencia migratoria en medio de la disputa por el reparto de menores
En Canarias acogen a 5.200 menores migrantes, el triple de su capacidad de disponible
Así sería el reparto de menores inmigrantes no acompañados en España, según las proyecciones del Ministerio de Juventud e Infancia
El Gobierno de Canarias solicitó oficialmente la declaración de contingencia migratoria para activar las medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo central en el nuevo reparto de menores migrantes no acompañados. La petición llega en plena tormenta política por un protocolo que fija cupos por comunidades autónomas y que no cuenta con el respaldo de todas ellas.
En Canarias, el número de menores acogidos triplica ya la capacidad disponible, las islas tienen unos 5.200. La declaración se hace con el fin de que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados en virtud al decreto ley aprobado este martes. El decreto ley que entra hoy en vigor permitirá derivar al menos a 3.000 jóvenes a la península. “Ya no hay excusas para que la ley se cumpla y para que se pueda resolver este grave problema de hacinamiento”, ha subrayado el presidente canario, Fernando Clavijo.
El principal foco de oposición está en las comunidades gobernadas por el PP, que rechazan el reparto y han recurrido el mecanismo ante los tribunales. Madrid, por ejemplo, anunció hoy la presentación de un tercer recurso ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno defiende que se siguen unos "criterios objetivos"
El plan establece que Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana sean los territorios con mayor obligación de acogida, mientras que Cataluña y el País Vasco quedan exentos. Desde el PP denuncian que esta excepción responde al interés del Gobierno en no incomodar a sus socios de investidura. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que ambos territorios ya acogen a más menores de los que les corresponderían y que el reparto se basa en “criterios objetivos y matemáticos”. Bolaños ha explicado que existe una ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes aplicable a todas las comunidades.
Algunas autonomías, como Baleares, advierten que carecen de medios suficientes para garantizar una acogida en condiciones dignas. La controversia se mantiene abierta mientras el Ejecutivo insiste en que la ley debe cumplirse en todo el territorio.
