Arranca el juicio contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado: 40 testigos y un caso inédito por presunta revelación de secretos
García Ortiz afronta un juicio histórico: es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo
El escenario que afronta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante su juicio en el Supremo
Este lunes comienza el juicio contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Se le acusa de haber filtrado un correo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que proponía un pacto a la Fiscalía para evitar su ingreso en prisión por fraude fiscal.
García Ortiz afronta así un juicio histórico: es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo.
Por qué va a juicio Álvaro García Ortiz
Las alarmas saltaban hace más de un año y medio, cuando Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid, mostraba en la asamblea un correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía dos delitos fiscales.
Entonces surgió la pregunta: ¿Cómo salió a la luz esta información? ¿La filtró García Ortiz? El fiscal ya lo negó en su declaración como investigado, y seguramente, volverá a negarlo ante los siete magistrados que deberán decidir si le creen o si respaldan las sospechas del juez instructor que considera que hay indicios sólidos contra él.
Las acusaciones señalan que puso demasiado interés en obtener ese correo, que es demasiado casual que se publicara minutos después de que él lo recibiera y que es altamente sospechoso que después borrara sus dispositivos electrónicos.
García Ortiz juega con la baza de la Fiscalía a su favor y con la ausencia de un mensaje que le inculpe: de momento no hay ninguna prueba de que él mandó el correo u ordenó mandarlo.
El juicio durará dos semanas y declararán en la sala hasta 40 testigos, entre ellos fiscales, periodistas y políticos. Uno de los primeros será también el novio de Ayuso, Alberto González Amador. Por último, el 12 de noviembre declarará García Ortiz, el gran protagonista de este juicio inédito, que se juega hasta 6 años de prisión y que defenderá su inocencia para no ser también el primer fiscal general del Estado condenado.
El escenario que afronta el fiscal general del Estado ante su juicio
Desde la absolución que reclaman la defensa y la Fiscalía hasta los seis años de prisión y 12 de inhabilitación que pide una de las siete acusaciones en la causa. Ese es el horizonte que encara a partir de este lunes, 3 de noviembre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio que arranca en el Tribunal Supremo.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, van de la mano en su petición de absolución mientras que la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso, y las seis de la acción popular solicitan condenas de prisión, inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos.
En cuanto a las acusaciones populares, las seis son: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oir, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es la que insta a una mayor condena de seis años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de revelación de secretos.
Las otras cinco acusaciones solicitan cuatro años de prisión y tres años de suspensión para cargo público, inhabilitación especial para el cargo de jefe del Ministerio Público, pero varían en las multas que oscilan entre los 81.000 euros que pide el Colegio de la Abogacía de Madrid, que fue la que dio origen a la querella junto a González Amador, y los 216.000 euros que reclama Manos Limpias.
Por su parte, la Abogacía del Estado, representada por José Ignacio Ocio y Consuelo Castro -quien fue abogada general del Estado-, reclama la absolución porque entiende que "los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno" ante lo que considera "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de la presidenta madrileña como "víctima de una operación política".
