El Gobierno opta por aprobar en dos decretos separados la subida de las pensiones y la prórroga de la suspensión de los desahucios
La decisión ha sido adoptada después de que la pasada semana el pleno del Congreso rechazara el real decreto ley 'ómnibus'
Los pensionistas españoles cobrarán menos en febrero: el motivo y los más afectados
El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado finalmente por aprobar en dos decretos separados la revalorización de las pensiones, –junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos–, y, por otro lado, la prórroga de la suspensión de los desahucios.
La decisión ha sido adoptada finalmente después de que la pasada semana el pleno del Congreso rechazara el real decreto ley 'ómnibus' que incluía tanto la subida de las pensiones como el resto de medidas del denominado escudo social, incluida la relativa a los desahucios.
La subida de las pensiones y la prórroga en la suspensión de los desahucios
La intención, según señala EFE citando fuentes del Gobierno, es que, salvo que pudiera haber algún obstáculo de última hora, los dos decretos se aprueben este martes en la reunión del Consejo de Ministros, que será presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra de viaje en Dubái. De no aprobarse en esta jornada, tendrían el visto bueno a la siguiente, con tiempo aún, según recalca el Gobierno, para que los pensionistas no vean mermadas sus prestaciones en febrero.
El Congreso derogó el real decreto ley 'ómnibus' con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, aunque tanto PP como Junts se mostraron dispuestos a apoyar la revalorización de las pensiones si el Gobierno la llevaba en una norma independiente.
Precisamente, la medida que recibió más críticas fue la suspensión de los desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional, que algunos grupos ven como una protección para los okupas.
Respecto a esta decisión adoptada, Sumar era más reticente que el bloque del PSOE a separar los decretos, pero este lunes el socio minoritario de coalición ya se mostró dispuesto a ello siempre que se apruebe todo al mismo tiempo y haya garantías de que habrá votos suficientes para que se mantenga la prórroga de la suspensión de los desahucios.
Pronunciándose sobre ello, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, recordó el lunes que hace un año se llegó a un acuerdo con Junts para mejorar el sistema de avales públicos a los pequeños propietarios, y dijo que tienden la mano la formación de Carles Puigdemont para hacer algún ajuste y volver a contar con sus votos sin poner en cuestión la protección de las familias.
Por su parte, y en paralelo, en relación con este asunto, el PNV ha hecho público este martes un comunicado en el que asegura que ha logrado que el Gobierno amplíe el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler. De esta forma quedan exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.
El real decreto ley 'ómnibus' y su batería de medidas
El real decreto ley que decayó incluía una batería de medidas de todo tipo, entre ellas la revalorización de las pensiones en un 2,7%; de las mínimas, en un 7%, y de las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), en un 11,4%, unas subidas que ya se aplicaron en la nómina de enero pero que ahora están en el aire.
También se prorrogaba el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 hasta que se apruebe el de 2026, se congelaban las cotizaciones sociales de los autónomos y se prorrogaban los umbrales de facturación que les permiten permanecer en el régimen de módulos.
Además, se prohibían los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables, se prorrogaban los descuentos del bono social eléctrico y se eliminaba la obligación de que los perceptores de la prestación por desempleo presenten la declaración de la renta.
Otras medidas eran la prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, la bonificación fiscal por compra de vehículos eléctricos e inversiones en obras de eficiencia energética o la exención de IRPF para las ayudas por daños provocados por los incendios forestales, entre otras.