Los funcionarios que, de momento, no podrán beneficiarse de la jornada laboral de 35 horas que entrará en vigor en abril
Función Pública tiene previsto publicar la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la primera quincena de abril para su aplicación inmediata
El Gobierno inicia el procedimiento para implementar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado
Casi 600.000 trabajadores integrantes de la Administración General del Estado están pendientes de la puesta en marcha de la jornada laboral de 35 horas. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, confirmó a finales del mes de marzo que esta medida entraría en vigor en la primera quincena de abril. La decisión ya está tomada tras el acuerdo con las principales fuerzas sindicales que han logrado incluir en la aplicación a colectivos como Instituciones Penitenciarias que, en principio, iban a quedarse fuera.
Aplicación progresiva
La puesta en marcha de esta reducción de horas de trabajo se irá aplicando de forma progresiva a los diferentes cuerpos que integran este colectivo. Así, los primeros beneficiados serán unos 220.000 funcionarios a los que se irán añadiendo el resto conforme las negociaciones vayan avanzado.
Esta progresividad responde a lo expresado por Función Pública que recuerda la necesidad de "garantizar en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas".
En este sentido, precisa que "se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas que permitan compatibilizar la implantación de las 35 horas con el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos".
Además, Función Pública ha anunciado que la resolución también incorporará la figura del cuidador, una medida de conciliación destinada al empleado público que se encarga de los cuidados de un familiar.
Los sindicatos logran que afecte a más colectivos
Los principales sindicatos con representación en la Administración General del Estado como son UGT, CCOO y CSIF ha confirmado su apoyo al proceso después de que el Ministerio haya incorporado sus peticiones, como la aplicación a las jornadas especiales y a todos los colectivos.
Entre las principales demandas sindicales estaba que la nueva jornada afectara a la totalidad del personal del ámbito, es decir, también al personal que trabaja con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas).
La nueva jornada de 35 horas afectará también al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, así como a Instituciones Penitenciarias, aunque la aplicación en todos los colectivos que cuenten con mesas de negociación específica se negociará en cada ámbito.
Además, explica CSIF, entre las novedades del documento firmado se encuentra la implantación en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la AGE, lo que abre su aplicación a las empresas públicas. Desde CCOO destacan que las 35 horas se aplicarán para todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General del Estado.
¿Qué pasará con los funcionarios locales y autonómicos?
Con la próxima entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a los trabajadores de la AGE, los sindicatos trabajan de cara a su extensión al resto de administraciones como es el caso de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha emplazado a los ayuntamientos a que activen las negociaciones para aplicar la jornada de 35 horas semanales en aquellas entidades locales que aún no la disfrutan.
El sindicato ha recordado en un comunicado que la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local establece en su artículo 94 que la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será, en cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
De este modo, el acuerdo alcanzado entre Función Pública y los sindicatos genera el efecto jurídico para que la jornada local no supere en cómputo anual la de la AGE, que actúa como techo máximo.
Por ello, CSIF ha instado a sus delegados en las entidades locales de toda España a que pongan en marcha los mecanismos necesarios en sus respectivas mesas de negociación para implantar la nueva jornada -ya que ésta no se aplica de manera automática- con el objetivo de que el conjunto de trabajadores de la administración local también se beneficien del "histórico" acuerdo firmado la semana pasada para la AGE.