El caso de Josep Boan ha llegado al Congreso: su madre espera que se tramita la ‘Ley Boan’ para endurecer la velocidad al volante
La madre de Josep Boan reclama justicia desde la muerte de su hijo: "El error está en el 142 del Código Penal"
La muerte de Josep Boan i Rosanes en agosto de 2020 ha terminado convirtiéndose en uno de los casos más influyentes en el debate sobre la seguridad vial en España.
Su impacto ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde se tramita una reforma legal conocida como ‘Ley Boan’, orientada a endurecer las sanciones por exceso de velocidad.
Un siniestro que abrió el debate
El siniestro se produjo el 9 de agosto de 2020 en la carretera AC-442, en Dumbría, en A Coruña. Josep, un joven de Barcelona de 20 años, había salido unos días antes junto a su padre para realizar un viaje por Galicia en moto y volver a la Ciudad Condal. Ambos llegaron a Finisterre, su meta, y pensaron en ir hasta Santiago de Compostela antes de emprender su regreso a casa. Sin embargo, aquel trayecto truncó sus vidas, cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario invadió su carril.
El coche, conducido por Asier G.S., un enfermero que viajaba con acompañantes, circulaba a una velocidad muy superior a la permitida en ese tramo, situado en una zona de curvas con límite de 70 km/h y recomendación de 60. Las investigaciones situaron la velocidad del turismo en una horquilla de entre 116 y 126 km/h. El conductor perdió el control del vehículo y colisionó frontalmente con la moto de Josep, mientras su padre, que iba detrás, lograba esquivarlo.
La respuesta judicial
El juicio se celebró en octubre de 2022. El tribunal consideró probado que existió una imprudencia grave y condenó al conductor a dos años de prisión por homicidio imprudente, además de la retirada del permiso de conducir durante tres años y medio. No obstante, al no contar con antecedentes, el condenado no ingresó en prisión.
Tampoco se le impusieron sanciones económicas relevantes ni el pago de las costas del proceso, lo que contribuyó a intensificar el debate sobre la proporcionalidad de las penas en este tipo de delitos. Uno de los puntos clave del caso fue la aplicación del Código Penal. La normativa vigente fija que, para que el exceso de velocidad constituya delito en vías interurbanas, debe superarse en 80 km/h el límite establecido. En este caso, aunque la velocidad era muy elevada, no alcanzaba ese umbral, lo que evidenció para la familia y otros colectivos una posible laguna en la legislación.
Del caso individual a la iniciativa legislativa
A raíz de lo ocurrido, la madre de Josep, Pilar Rosanes, inició una intensa labor de visibilización a través de redes sociales (@rosanesfiguerol en X) y contactos institucionales. Su actividad acabó generando interlocución con distintos partidos políticos y representantes públicos, especialmente en el ámbito catalán y estatal. El proceso incluyó reuniones con representantes de formaciones como el PSOE y Junts per Catalunya, así como el traslado de documentación comparativa sobre legislación vial en otros países europeos, según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'. Estas gestiones desembocaron en la formulación de una proposición de ley en el Congreso.
El pasado 24 de marzo de 2026, la iniciativa superó su primer trámite parlamentario, al ser admitida a trámite. Pilar y su marido Chus estuvieron presentes en la tribuna de la cámara y el diputado socialista Juan Carlos Jerez hizo alusión a la lucha de la madre, reconociéndola como la hacedora de esta iniciativa. La votación reflejó apoyos mayoritarios, con el voto en contra de Vox y UPN y la abstención del Partido Popular, lo que permitió que la propuesta siguiera su recorrido legislativo.
Qué plantea la ‘Ley Boan’
La reforma busca modificar los márgenes que determinan cuándo un exceso de velocidad pasa de ser una infracción administrativa a un delito penal. Actualmente, en vías urbanas, el delito se configura a partir de 60 km/h por encima del límite. En vías interurbanas, mientras, a partir de 80 km/h por encima.
La propuesta plantea rebajar esos umbrales: de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera. Aunque el cambio es muy limitado y no cumple las expectativas de la familia de Josep, supone un primer ajuste en la línea de endurecer el tratamiento penal de determinadas conductas al volante. El texto aún debe pasar por la fase de enmiendas en comisión, su posterior votación en el Congreso y, en caso de aprobarse, su tramitación en el Senado.
Diferencias con Europa y debate sobre el modelo
El impulso de esta reforma también se apoya en la comparación con otros países europeos, donde los criterios y sanciones en materia de velocidad son, en muchos casos, más estrictos. Algunos sistemas combinan límites más bajos con sanciones económicas elevadas o penas de prisión más severas en casos de resultado mortal. Un ejemplo lo encontramos en Francia.
Además, a nivel europeo existe una estrategia orientada a reducir a cero las víctimas mortales en carretera, lo que ha reforzado el debate sobre la necesidad de revisar los marcos legales nacionales.
Un debate abierto sobre la responsabilidad vial
El caso de Josep Boan ha contribuido a cuestionar el enfoque tradicional de los siniestros de tráfico como "accidentes", poniendo el foco en la responsabilidad individual en determinadas conductas, especialmente en aquellas relacionadas con la velocidad.
También ha evidenciado las diferencias entre el impacto social de otros delitos y la percepción de los homicidios en carretera, así como el papel de las penas como elemento disuasorio o reparador. En este contexto, la ‘Ley Boan’ se sitúa como un primer intento de ajustar la legislación a situaciones en las que se producen consecuencias irreversibles.