Al menos ocho comunidades recurrirán el decreto de la regularización de inmigrantes: de las críticas de Madrid al silencio de Andalucía

Este jueves comienza el plazo para poder solicitar la regularización extraordinaria de migrantes. La fecha límite para presentar todos los documentos necesarios es el 30 de junio, por ello se han formado largas colas de personas para solicitar los certificados penales y otros documentos.

A pesar de las críticas recibidas tras la aprobación de la ley que concederá la residencia legal de miles de inmigrantes en España, este jueves se abría el plazo y la imagen que ha habido en muchas oficinas ha sido impresionante. Además de la repercusión social, en lo político también se está notando las repercusiones de esta regularización.

La aprobación de esta regularización ha provocado una batalla en algunas comunidades, en espacial las que están gobernadas por el PP, que están empezando a recurrir ese decreto sin consenso y que denuncian no haber tenido un debate en el Parlamento.

Sin embargo y pese a las quejas del Partido Popular, desde el Gobierno siguen insistiendo en que "existe un requisito, la documentación donde se especifica que no hay antecedentes penales", confirmaba Óscar López, ministro para la transformación digital y función pública, ante la prensa

Los antecedentes penales serán revisados caso por caso

Con antecedentes penales se refieren a que la persona tenga una condena, por lo que no podía obtener la residencia legal en España. Este requisito es algo con lo que está de acuerdo el Partido Poplar, pero Feijóo sigue poniendo el foco con los antecedentes. En ello concuerda el Partido Popular, pero Núñez Feijóo sigue poniendo el foco: "No se puede regularizar a una persona que tenga antecedentes policiales".

Este término se refiere a aquel que comete un delito pero que no ha sido condenado por un juez. Lo que dice el decreto es que el inmigrante, por sí mismo, deberá entregar un certificado de ausencia de penales. Pero los antecedentes policiales serán revisados caso por caso con un informe policial por el Ministerio de Migraciones que tendrá la última palabra. La insistencia del líder del PP remueve al gobierno: "El coste del discurso xenófobo del PP es muy alto", afirmaba el ministro en la misma rueda de presa.

Ocho comunidades recurrirán el decreto

Abascal se ha mostrado a favor de las palabras de Feijóo, y por supuesto, en contra del Gobierno: "Va a producir un efecto llamada, que va a traer muerte, que va a traer inseguridad a las calles". Hasta ocho comunidades autónomas, entre ellas Madrid, han anunciado que recurrirán el decreto. "¿Por qué hacen esto ahora para mover los censos? ¿No será porque el sistema electoral ya no les conviene como está?", decía Ayuso.

En Andalucía, han decidido no pronunciarse: "Nosotros no queremos polarizar", afirmaba Carolina España, portavoz de la Junta de Andalucía. Y su posición es lógica ya que se encuentran inmersos en plena campaña electoral. Un elemento más que introduce el líder del PP, pero que no se ha tenido constancia: "Lo que ha dicho el comisario de inmigraciones es que había países que estaban solicitando la suspensión del espacio Schengen", aunque en realidad no hay constancia de que ningún país lo haya solicitado.