Pedraz imputa a 25 personas en la investigación sobre la presunta trama para influir en ayudas públicas y procedimientos judiciales
Belén Gualda, presidenta de la SEPI, figura entre las 25 personas imputadas por el juez Santiago Pedraz en la investigación sobre la presunta trama
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la imputación de 25 personas en la causa que investiga una presunta trama que habría tratado de desestabilizar procedimientos judiciales relacionados con el PSOE o el Gobierno, así como influir en la concesión de ayudas públicas.
En una providencia fechada este lunes, el magistrado considera que, tras analizar el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción, existen "indicios de criminalidad" suficientes para ampliar la investigación.
Entre los imputados, la presidenta de la SEPI
Entre los principales investigados figura la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, junto a numerosos altos cargos y exresponsables de empresas públicas y privadas.
También han sido imputados el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona, Francisco Javier López Buciega; el catedrático y exmiembro del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos, y el expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere Vera.
A ellos se suman el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, Julián Mateos Aparicio Priet; el exinterventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa Teva; el expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta; el exconsejero de esta compañía, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia; el director corporativo de la SEPI, Miguel Ángel Santiago Mesa, y el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras.
Asimismo, figuran como investigados los directivos de la SEPI Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; el letrado de la Junta de Andalucía, Fernando Albert Aragón; el hijo del propietario de Forestalia, Antonio José Sánchez Campos, además de María de la Concepción Ortiz Fuerte, Marcos López Domingo, Fernando Samper Rivas, Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda, Carmelo Aznarez Pellicer, Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y Mikel Arrarás Abejón.
La presunta trama investigada
La causa gira en torno a una presunta organización que, según los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría llevado a cabo maniobras para influir tanto en procedimientos judiciales como en la concesión de ayudas públicas.
Uno de los principales focos de la investigación es el préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, una operación en la que la UCO detecta el pago de una presunta comisión. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok —"Nosotros tres", en euskera—, integrado presuntamente por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, habría realizado "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda concedida a Tubos Reunidos.
Según el Ministerio Público, los integrantes del grupo percibieron un total de 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez, bajo el concepto de servicios de prospección de mercados.
No obstante, la UCO considera que las facturas que justificaban esos pagos serían "mendaces", ya que su verdadera finalidad habría sido retribuir las gestiones realizadas para lograr que la SEPI aprobara la ayuda pública.
La investigación se extiende a otras operaciones
La decisión de Pedraz amplía el alcance de la investigación y ya no se limita únicamente a la operación relacionada con Tubos Reunidos.
La Fiscalía aprecia indicios de posibles irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas: Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.
De este modo, la Audiencia Nacional investigará si el supuesto entramado actuó también en estas operaciones con un patrón similar al detectado en el caso de Tubos Reunidos. Los informes de la UCO también atribuyen un papel relevante al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien, según los investigadores, habría facturado 40.000 euros relacionados con la operativa de Tubos Reunidos.
Además, los agentes sostienen que, una vez abandonó formalmente la presidencia de la SEPI y antes del nombramiento de su sucesor, Fernández habría seguido actuando de facto como máximo responsable del organismo.
La Guardia Civil asegura haber constatado su participación en reuniones en representación de la SEPI, el acceso a información interna, la toma de decisiones y la impartición de instrucciones, actuaciones que ahora forman parte de la investigación judicial dirigida por el juez Santiago Pedraz.