Gobierno, PP y Vox se enzarzan con la Ley de Nietos y el censo: ¿Qué hay de verdad en la acusación de ingeniería electoral?
El PP y Vox cuestionan la Ley de Nietos mientras el Gobierno acusa a la derecha de “sembrar dudas” sobre el sistema electoral
Las elecciones generales previstas, como tarde, para 2027 han reactivado el debate político en torno a la Ley de Nietos, la norma que permite conceder la nacionalidad española a los descendientes de quienes tuvieron que abandonar el país. El Partido Popular ha decidido situar esta cuestión en el centro de su discurso, apoyándose en opiniones como la del expresidente José María Aznar, quien sostiene que “serán las elecciones más importantes de toda nuestra reciente historia democrática”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que la ley está generando 2,5 millones de solicitudes y la ha descrito como “ingeniería electoral”. En sus palabras: “Como los votantes actuales, pues no les salen las cuentas. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas”.
Vox comparte esta interpretación. Su portavoz adjunto en el Congreso, José María Figaredo, afirma que “con que el Partido Socialista logre dirigir un puñado de votantes a determinadas provincias, puede conseguir cinco, siete escaños adicionales”.
El Gobierno acusa a PP y Vox de usar una “técnica ultraderechista”
Desde el Ejecutivo rechazan de plano estas acusaciones y sostienen que la polémica responde a una estrategia política de la derecha. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegura que “lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales”.
Una visión que comparte el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien califica la postura de la oposición como “una política de señuelo, de miedo, de sembrar miedo, de sembrar dudas sobre el sistema”.
El Gobierno defiende que la Ley de Nietos no tiene incidencia electoral significativa, y acusa a PP y Vox de alimentar un debate que, a su juicio, busca erosionar la confianza en el proceso democrático.