El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, ha defendido este planteamiento durante una vista a puerta cerrada celebrada ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Los abogados de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y de otro grupo de víctimas solicitan la imputación de 15 altos cargos y militares que gestionaron o supervisaron la contratación del avión, entre los que se encuentra Trillo.
Burgos ha solicitado que se mantenga sin ninguna modificación la imputación de los cinco altos mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción, al considerar que no hay nuevos datos ni se han producido hechos diferentes a los ya conocidos que justifiquen ampliar el número de personas contra las que se dirige la acción penal.
Los dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también ve indicios de delito en la actuación del jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
Argumentos de las familias
El letrado Leopoldo Torres ha reclamado que Trillo sea imputado por malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte, al considerar "impensable" que la cúpula del Ministerio no estuviera "al corriente" de las deficiencias que presentaban los aviones procedentes de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética.
En este sentido, los abogados de las víctimas han recordado que existían quejas de los militares que habían tomado este tipo de aviones, preguntas parlamentarias e informes de inteligencia que decían que "los pasajeros viajaban con la carga en la nuca".
El tribunal, formado por Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martell, tendrá que decidir sobre dos recursos interpuestos contra el auto dictado el 20 de junio de 2008 por Grande-Marlaska, quien rechazó ampliar el número de imputados más allá de los cinco mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción.
Errores en la identificación
El Supremo confirmó el miércoles la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a tres años de cárcel al general Vicente Carlos Navarro y a un año y medio a sus subordinados José Ramírez y Miguel Sáez por la identificación errónea de los cadáveres.
Federico Trillo dijo hace casi un año que respetaba, pero no compartía la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional contra Vicente Navarro, José Ramírez y Miguel Sáez. Aseguró que los médicos "habían actuado de buena fe", en circunstancias "difíciles" y "dramáticas" y que esperaba que en "instancias procesales sucesivas se demostrara".
En cambio, este miércoles, el Tribunal Supremo ha ratificado íntegramente la sentencia que condenaba a prisión al general Navarro, a Ramírez y a Sáez. Dicha sentencia también determinaba la responsabilidad civil subsidiaria del quien era ministro de Defensa cuando se produjo el siniestro, Federico Trillo.
De momento el coordinador de Justicia del PP no ha hecho ninguna declaración. Hoy ha habido sesión plenaria en el Congreso.
El diputado socialista Antonio Hernando ha apelado a la "dignidad" del diputado popular y ex ministro de Defensa ante la ratificación de condenas. Hernando se ha preguntado si Trillo tendrá ahora tiempo para ir a la cárcel a visitar al general Navarro, subordinado suyo en el Ministerio de Defensa cuando sucedió el accidente del avión, para "darle las gracias".
Pero sobre todo Hernando se ha preguntado si Trillo seguirá ocupando su escaño en el Congreso de los Diputados una vez que el Supremo ha ratificado la condena impuesta contra el general por "mentir deliberadamente" a las familias de los militares fallecidos.