Un día después de salir a la luz los 50.000 folios del caso que instruye el juez Antonio Pedreira, el presidente del PP ha seguido guardando silencio, lo que para la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, puede llegar a interpretarse como una "justificación" o un "amparo de los implicados".
De la Vega ha instado a Rajoy a que dé explicaciones, porque "es hora de que termine" ese silencio "clamoroso" y la aplicación de "guante de seda a hechos de la máxima gravedad".
Fuentes del Gobierno han opinado, por su parte, que el silencio de Rajoy puede ser una señal de su impotencia a la hora de gestionar la situación, si bien el Ejecutivo cree que no debe inmiscuirse en los problemas del PP, a quien compete aclarar el alcance del "caso Gürtel".
Sin embargo, el primer partido de la oposición "no tiene miedo a nada" del contenido del sumario, porque "no ha recibido dinero" de las personas implicadas en la trama de corrupción y ha tomado "medidas contundentes" cuando le ha correspondido.
Al menos así lo ha afirmado la "número dos" del partido, María Dolores de Cospedal, quien, al igual que otros líderes del PP, ha asegurado que no hay "nada nuevo" en lo que se conoció ayer del sumario respecto a las "filtraciones" periodísticas y que no ha cambiado ninguna situación procesal.
No obstante, si hay cambios, "actuaremos", ha dicho Cospedal antes de recordar que ya se han adoptado "medidas contundentes", como el cese de los imputados que tenían cargos orgánicos en la formación.
También a través de fuentes, el PP ha respondido a las críticas del Gobierno y ha instado al Ejecutivo a que, si tan preocupado está con la corrupción, obligue al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, a explicar por qué subvencionó desde la Junta de Andalucía a Matsa, la empresa donde trabaja su hija.
Precisamente, Chaves ha sido otro de los miembros del Gobierno que ha pedido explicaciones al PP después de que la Justicia haya destapado una "enorme olla de corrupción" en ese partido.
Desde la Comunidad Valenciana, varios miembros de su Gobierno han insistido en que no hay "nada de nada" de financiación irregular del PP en la región, "ni antes ni después" de levantarse el secreto del sumario.
Con este levantamiento, ha indicado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha culminado el "morbo mediático" de los últimos meses.
Sus adversarios políticos, los socialistas valencianos, opinan, por el contrario, que el "caso Gürtel" ha marcado una forma de hacer política en la Comunidad, que debe terminar con la convocatoria de elecciones y la salida del Gobierno de Francisco Camps.
Los dirigentes del PP madrileño, también investigado por el juez, han negado que haya habido financiación ilegal del partido. "Niego la mayor", ha enfatizado la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
Pero los socialistas madrileños no opinan lo mismo y han anunciado que pedirán la imputación de 45 altos cargos del Gobierno regional, supuestamente relacionados con la trama.
En Galicia, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir contundencia contra los implicados en el caso porque una "minoría no puede manchar a la inmensa mayoría" del PP.
Unas afirmaciones que al BNG le parecen insuficientes porque, a su juicio, Núñez Feijóo debe explicar la derivación gallega de la trama, en la que nada ha tenido que ver el ex presidente de la Xunta Manuel Fraga, quien se ha mostrado convencido de que hay un complot contra el PP.
"En el PP ha habido gente, como en todas partes, que se ha equivocado, pero a mí que me registren", ha apostillado Fraga.
Socialistas y populares también se han cruzado acusaciones en otras comunidades que se han visto salpicadas por el "caso Gürtel", como Castilla y León o Andalucía.
Aparte de estos dos partidos, otras formaciones, como IU, se han pronunciado sobre el caso y, así, su coordinador general, Cayo Lara, ha criticado el silencio de Rajoy y ha precisado que quien ampare la trama debería retirarse "inmediatamente" de la vida pública.
Desde el ámbito sindical, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha pedido a la sociedad que se movilice para que se restituya el valor de la ética en la acción pública.