Junto a Videla, el primero de los cuatro presidentes de la última dictadura (1976-1983), se sientan en el banquillo de los acusados otros 24 imputados, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez.
Todos ellos deberán responder ante el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba (centro) por los delitos de "homicidio calificado" y "aplicación de torturas".
Los hechos que se imputan a los acusados ocurrieron entre abril y octubre de 1976, cuando la dictadura fusiló a una treintena de presos con el falso argumento de que habían intentado fugarse de la Unidad Penitenciaria de San Martín.
Las víctimas fueron detenidas antes del golpe de Estado de 1976 que dio paso al régimen militar bajo los cargos de promover actos subversivos.
Durante la sesión matinal de la primera jornada del proceso, en la que se leyeron los cargos de la acusación, el dictador trató de hacer uso de la palabra, pese a que el juicio se encuentra en una instancia en la que los acusados no pueden pronunciarse.
Además, el tribunal pidió a familiares de los acusados que retiraran una bandera argentina que habían introducido en la sala y a familiares de los desaparecidos que taparan las fotografías de las víctimas que exhibían en sus camisetas para evitar "roces".
"Estamos ante un juicio paradigmático de lo que fue el terrorismo de Estado", afirmó el fiscal Carlos Gonella antes de ingresar en la primera audiencia, presenciada por el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
"En el proceso quedará en evidencia el consentimiento que hubo con este plan de aniquilamiento por parte de poderes de la sociedad civil que apoyaron y actuaron en consecuencia", destacó el fiscal.
En ese sentido, consideró que en esa "complicidad" con la dictadura se apuntaron "representantes de la Iglesia y de los poderes judicial, político y económico".
El abogado querellante Martín Fresneda, de la agrupación Hijos, calificó de "histórico" al juicio al señalar a Jorge Videla "como uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en Argentina".
Sonia Torres, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, subrayó la importancia del proceso porque "cada juicio es una llamita de esperanza para conocer el destino de los niños apropiados por la dictadura", que dejó unos 30.000 desaparecidos.
"En cada causa esperamos que surjan indicios que nos conduzcan a ellos", añadió Torres, para quien este juicio es "un gran triunfo" de los organismos de derechos humanos.
Videla, de 84 años y enfermo de cáncer de próstata, fue trasladado la semana pasada desde una cárcel militar de la provincia de Buenos Aires a una celda del penal de Bouwer, en las afueras de la capital cordobesa.
Este juicio supone para el dictador su regreso al banquillo de los acusados tras 25 años.
En 1985, dos años después del restablecimiento de la democracia, Videla fue condenado a reclusión perpetua en el juicio a las Juntas Militares, aunque en 1990 fue indultado por el entonces presidente del país, Carlos Menem.
Inmediatamente después de su regreso a la cárcel, en 1998, un juez le concedió el arresto domiciliario, que mantuvo durante una década y hasta que fue trasladado a una cárcel militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires.
En 2006 un juez anuló su indulto y en abril de este año la Corte Suprema ratificó esa decisión.
Videla también tendrá que afrontar en agosto un juicio en la provincia norteña de Santiago del Estero por el asesinato de un estudiante en 1976.