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Horas determinantes para la política catalana, que ha pasado por el cese de un president (Puigdemont) y la inhabilitación de dos (Mas y Torra) los últimos años. Quim Torra asiste este jueves como público a la vista del Tribunal Supremo que ratificará o tumbará la sentencia del Superior catalán que lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público electo durante un año y medio. Previsiblemente, la audiencia hará firme la inhabilitación de Torra puesto que él mismo reconoció ante la justicia catalana en noviembre del 2019 que desobedeció la orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos de la Generalitat durante la campaña electoral del 28 de abril.
Sin embargo, y a pesar de ser un supuesto, el escenario de la inhabilitación es el único que se antoja mínimamente claro; lo que pase después, no lo sabe nadie. Torra no da pistas. Tampoco lo ha hecho durante el debate de política general celebrado en el Parlament este miércoles y que puede haber sido su última intervención como jefe del Ejecutivo catalán. Para saber los planes del Govern, hay que remontarse al 31 de agosto, cuando el president pidió a los grupos independentistas no proponer ningún candidato a sucederle; en una entrevista a TV3, expresó que no entendería ser sustituido.
Al día siguiente, el vicepresident Pere Aragonès recogió el guante y anunció la que sería una situación de "presidencia vacante". El coordinador nacional de ERC insistió en Catalunya Ràdio que el Govern trabajaría "con interinidad, provisionalidad y en funciones" si se consuma la salida de Torra del Palau de la Generalitat.
Sobre el papel, las cosas parecen claras, o al menos así lo intentó hacer ver Aragonès. Sin embargo, no hay consenso entre grupos independentistas sobre cómo será esa Generalitat sin president. Todos abogan por "una respuesta unitaria" ante la resolución del Supremo, pero dos semanas después del primer esbozo de los planes de los socios de Govern, el tiempo se agota sin saber cuál será esa respuesta del independentismo. Así lo expresó desde Suiza hace dos días Marta Rovira, secretaria general de ERC, al lamentar que "está costando encontrar con quién hablar y con quién acordar una respuesta; queremos volver a llegar a acuerdos y hoy es difícil, no lo negaré" aseguró en SERCat.
Quien ha hecho pública una propuesta más concreta es la CUP. María Sirvent, una de los cuatro diputados 'cupaires' en la cámara catalana, apuesta por mantener a Torra en la sombra del Palau. Que siga guiando al Govern, pero sin ejercer funciones estrictamente propias del president, como la de firmar órdenes ejecutivas. Así, apuesta por una tercera persona que haga las veces de 'testaferro', sobre el que recaiga la responsabilidad de las decisiones de la Generalitat y no en el sucesor de Puigdemont.
Algunas de las voces más pragmáticas del independentismo, sin embargo, no han tardado en descartar esta opción llena de simbolismo. Artur Mas, después de su riña con Puigdemont por la lucha política entre Junts per Catalunya y el PDeCAT, ha asegurado en la televisión catalana que "no es momento de gestos simbólicos". Por el contrario, el expresident que organizó la consulta del 9 de noviembre de 2014 ha insistido en convocar elecciones o proponer a un nuevo candidato: "Me parece más sólido, el terreno de la gesticulación no lo practicaría".
De hecho, otras voces de la CUP (la del diputado Carles Riera es una de ellas) han defendido en el debate del Parlament la vía de los comicios para empezar "un nuevo embate al Estado". Es decir, cerrar esta etapa del independentismo para comenzar otra nueva por enésima vez, "volver a empezar e ir a ganar", según Riera.
En el caso de que la justicia vete a Torra y deba abandonar el Palau, la Ley de la presidencia catalana marca los pasos a seguir. "Si concurre uno de los supuestos de cese del president o presidenta de la Generalitat que determina el artículo 7.3 [es decir, incapacidad permanente, física o mental, defunción o condena penal firme que comporta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos], le sustituye el vicepresident o vicepresidenta". Así pues, y aunque fuentes jurídicas del Parlament han evitado hacer interpretaciones de lo que pueda pasar por lo inédito de la situación, Pere Aragonès estaría llamado a asumir la presidencia en funciones.
Se trata de una opción que, a priori, descartan en el Govern por querer blindar la posición de Torra. Es más, consideran que abordar este tipo de situaciones supondría normalizar "la represión del Estado" sobre la voluntad del Parlament, que eligió a Torra como presidente. No obstante, el reglamento establece que, en caso de que la cámara no invista a ningún candidato en dos meses, esta se disolvería y se convocarían elecciones de forma automática para relevar al Govern. Por ello, el independentismo valora esta causa judicial como una "persecución política" no solo contra el president, sino también contra la Generalitat.
De esta forma, se produciría lo que Torra y su portavoz Meritxell Budó han insistido en que no iban a permitir: que un tribunal español marque el calendario de la política catalana. Torra ha evitado convocar los comicios que anunció tras la ruptura con sus socios de Govern en enero por el apoyo republicano a retirarle el escaño. Es más, con cada día que pasa, más se aleja la fecha de su celebración, una estrategia que contrasta con la de esperar a que se consuma la inhabilitación y agotar los dos meses de presidencia vacante que contempla el reglamento, cosa que dejaría el devenir de la Generalitat indirectamente en manos del Supremo.
Más allá de las idas y venidas del independentismo, tradicionalmente más intensas en los momentos que requieren mayor decisión, todo miembro del Govern y del entorno de Torra (y también de Puigdemont) mantienen el secretismo y expresan de forma reiterada su lealtad a las decisiones del president. Un president cuyas horas pueden estar contadas, al menos formalmente, ya que tampoco descarta desoír al Supremo si ratifica su inhabilitación. De hecho, ya amenazó con ello: "He desobedecido dos veces y no creo que sea la última".