La Fiscalía no acusa a los 34 investigados, sino que sólo dirige sus actuaciones contra cuatro personas: el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons. Laúna ha asegurado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que los responsables de Bankia en aquel momento "contribuyeron" y eran "conscientes" de que en dicho folleto se "ocultaron el estado real" de las cuentas para "provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores".
En este sentido, Laúna ha recordado que el escrito de calificación vigente en este momento es provisional y que será una vez practicadas las pruebas y realizados los interrogatorios cuando su acusación sea definitiva, pudiendo ser ésta modificada. Así ha avisado que "cabría la modificación" y que los "hechos podrían ser subsumible en el delito de falsedad contable", como sí acusan algunas de las otras acusaciones a Rato y otros de las personas que se encuentran sentados en el banquillo. Aún así, ha recordado que el Ministerio Público no han encontrado aún pruebas de "entidad suficiente" en el propio folleto y en los informes auditores sobre la situación financiera del banco para imputar el delito de falsedad de cuentas.
Tras escuchar a la fiscal y las acusaciones particulares --hoy han asistido 13 de las 26 personadas--, le ha llegado el turno a Ignacio Ayala, abogado del principal acusado en esta causa, Rodrigo Rato, quien ha solicitado al tribunal poder aportar al procedimiento distintos documentos para garantizar el derecho de defensa de su cliente.
En primer lugar, Ayala ha solicitado al tribunal poder incorporar los informes que acreditan que el propio Rato adquirió más de 66.000 acciones de Bankia cuando la entidad salió a Bolsa en julio de 2011, con el objetivo de acreditar que confiaba en la operación bursatil.
También ha planteado aportar la transcripción de las comparecencias que se pudieron escuchar durante la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera. Para Ayala, lo que se dijo en la Cámara Baja y las conclusiones de la comisión resultan "relevantes" para el juicio de las irregularidades en la salida a Bolsa, las cuales unos meses más tarde llevaron al rescate de la entidad.
El letrado también considera importante aportar al procedimiento un ejemplar del documento sobre la crisis financiera y bancaria en España que está publicado en la página web del Banco de España.
Por último, y como ha pedido también el resto de abogados de los acusados, ha solicitado al tribunal que exima a su cliente de asistir a las sesiones del juicio en las que no sea necesaria su presencia, una vez que ya haya prestado declaración. Está previsto que la vista oral se prolongue durante siete meses, hasta el próximo junio.
Tras escuchar a la fiscal y las acusaciones particulares, le ha llegado el turno a Ignacio Ayala, abogado del principal acusado en esta causa, Rodrigo Rato, quien ha solicitado al tribunal poder aportar al procedimiento distintos documentos para garantizar el derecho de defensa de su cliente.
En primer lugar, Ayala ha solicitado al tribunal poder incorporar los informes que acreditan que el propio Rato adquirió más de 66.000 acciones de Bankia cuando la entidad salió a Bolsa en julio de 2011, con el objetivo de acreditar que confiaba en la operación bursatil.
También ha planteado aportar la transcripción de las comparecencias que se pudieron escuchar durante la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera. Para Ayala, lo que se dijo en la Cámara Baja y las conclusiones de la comisión resultan "relevantes" para el juicio de las irregularidades en la salida a Bolsa, las cuales unos meses más tarde llevaron al rescate de la entidad.
En cuanto al supuesto perjuicio por el que se acusa, Bankia abrió en febrero de 2016 un proceso de devolución de la inversión por la salida a Bolsa a los accionistas minoristas que invirtieron en la oferta pública de suscripción de acciones que la entidad realizó en julio de 2011. Del total de 11.000 particulares que se querellan contra la entidad, el 98% recibió el dinero invertido más los intereses legales, y solo quedan pendientes de obtener lo perdido un máximo de 168 personas, cuyo importe a devolver es algo inferior a dos millones de euros.
Según sostiene el banco en su escrito de defensa, todos los accionistas minoristas tuvieron la oportunidad de solicitar la devolución del 100% de lo invertido y, en cualquier caso, ha presentado un escrito para que la Sala le autorice a abrir una cuenta para devolver el dinero a esas 168 personas.
La entidad pone en duda la legitimidad de las personas físicas que forman parte de la acusación particular, por lo que ha reclamado a la Audiencia Nacional que exija el título de legitimidad a todas las acusaciones.
Aunque Bankia defiende que solo son estos 168 usuarios los que están legitimados para personarse en el juicio penal, Adicae asegura que los pequeños accionistas, hayan recuperado su dinero o no, "pueden mantener sus acusaciones penales para el esclarecimiento de los hechos y la exigencia de responsabilidades".
Por otra parte, las defensas de otros de los acusados -para los que Fiscalía no solicita nada-- han pedido que se les exima de cualquier responsabilidad en este juicio porque no eran miembros del Consejo de Administración del banco durante la toma de decisión para su salida a Bolsa.
Es el caso de Francisco Baquero Noriega o del exministro y exsecretario general del PP Ángel Acebes, cuyos letrados han recordado que Anticorrupción se mostró favorable a que cuatro exconsejeros no fuesen investigados en esta causa porque tomaron posesión de su cargo en fechas muy próximas a julio de 2011, de lo que deducen que no participaron en el proyecto.
El abogado de Acebes, Carlos Aguilar, ha pedido la libre absolución de su defendido por este motivo, pues según ha explicado, el exdirigente 'popular' sólo ha integrado un Consejo de Administración, el de BFA, y se incorporó a él una semana después de la salida al parqué madrileño. Por tanto, según ha dicho, su participación no fue clave en el proceso de integración de siete cajas de ahorro --conocidas como SIP-- , ni en la fijación del precio de oferta o en la liquidación de la operación.
En esta línea, ha destacado que su cese como consejero fue en abril de 2012, justo antes de la reformulación de las cuentas de Bankia, que arrojaron pérdidas de 3.000 millones de euros. Por ello, ha pedido que se revise este "momento cristalizado" e "incontestable" y así poder dejar sin fundamento el argumento utilizado por el juez Andreu para acordar su procesamiento, que rechazó la imputación de otras cuatro personas en una situación similar.
Asimismo, la defensa ha asegurado que Acebes se enfrenta a un "oponente político" porque la querella que ha propiciado que hoy esté sentado en el banquillo de los acusados es de UpyD y se presentó cuando él aún ejercía un "cargo político". No obstante, el partido que lideraba Rosa Díez actualmente no se encuentra personado en esta causa y la Fiscalía tampoco ejerce una acusación contra él.
En este sentido, Aguilar --al igual que otros abogados-- ha pedido que se aplique la conocida como 'doctrina Botín' o 'Atutxa', que establecen que el tribunal puede archivar la causa si contra la misma no ejercen acusación ni el Ministerio Público ni acusaciones particulares. Así ha recordado que por este motivo la propia Audiencia Nacional no procedió a juzgar a la cúpula de la CAM por la venta de preferentes.
Para incidir en este argumento, el abogado de Acebes ha apuntado que ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, en representación del FROB, formulan acusación alguna contra él, sino que piden su sobreseimiento libre y ha afirmado que las que sí la ejercen no tienen "legitimidad" para hacerlo porque "no son perjudicados por los hechos que se le atribuyen a Ángel Acebes".