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Fuego a discreción. La apertura del año judicial ha supuesto el reinicio de las escaramuzas entre el PSOE y el PP en su ya casi eterna guerra por la renovación del máximo órgano de poder de los jueces. Por encima de la solemnidad y el boato que se le da a la ceremonia, se sigue imponiendo el cruce de acusaciones, la cerrazón de cada cual en su postura.
El actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, aprovechó su minuto de gloria en el evento para pedir “patriotismo constitucional y generosidad” a los dos partidos (sin entrar en el detalle de a cuál de ellos le corresponde ceder) y para instarles a cerrar un acuerdo en las “próximas semanas”. Visto lo visto, no hay razón, sin embargo, para aventurar que lo que no se ha conseguido en mil días, ¡1.000!, se vaya a lograr en un plazo tan inmediato.
Lesmes buscó un tono dramático - “es insostenible para la judicatura y la propia sociedad”, dijo- para denunciar un bloqueo que se mantiene granítico, pese al esfuerzo tanto del PSOE como del PP de sacudirse las culpas.
¿De qué habla Lesmes cuando habla de “situación insostenible? En la memoria y en su propio discurso está parte de la respuesta a esta pregunta clave. Para Lesmes, la reforma de marzo que limitó de funciones al GPGJ a la vista de que no era posible su renovación “ha venido a agravar la situación”. Esa reforma impulsada por el PSOE impide al actual consejo, cuyo mandato caducó en 2018, hacer nombramientos en la cúpula judicial.
De ahí que, según los datos ofrecidos por su presidente, el Consejo “no ha podido cumplir con una de sus funciones esenciales”. Hasta el punto de que son 11 las vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados del Tribunal Supremo. Según fuentes judiciales, además, si el bloqueo se prolonga, a finales de año habría medio centenar de plazas pendientes de cubrir en distintos estamentos judiciales, entre las que se cuentan las presidencias de varios tribunales superiores de justicia de varias autonomías.
En opinión de Lesmes se trata de un grave hándicap porque entiende que en un contexto de la máxima complejidad como es el de la pandemia todos los órganos jurisdiccionales y el propio poder judicial deberían tener “una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos” para actuar en una eficaz defensa del Estado de Derecho.
Las impresiones del presidente del poder judicial se afianzan en la memoria de 2020. A pesar de que la tasa de litigiosidad descendió un 12’75% debido a la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia, la cifra total sigue siendo una de las más altas de Europa. En total, ingresaron en los tribunales españoles 5.526.754 asuntos y se resolvieron 5.244.742. Los no resueltos a final de año han aumentado un 11’3%. Ahora mismo superan los tres millones.
Es decir ha bajado el número de asuntos que entran en los juzgados, pero han crecido los que no se han podido resolver del todo. Y eso, a pesar de que, según Lesmes, cada juez ha dictado 240 sentencias. “Prácticamente a razón de una por día laborable”, apostilló para enfatizar el esfuerzo de sus colegas y su opinión de que los juzgados necesitan, en una situación como la actual, estar al cien por cien.
Y a todo esto, en la política se sigue con el pim pam pum de la renovación. Ni los datos, ni la petición expresa del presidente del CGPJ - “Urge por el bien de todos que nuestra institución desaparezca de la lucha partidista”, les dijo- ha aplacado un enfrentamiento inacabable. El Gobierno, por boca de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ocupó lugar de honor en la ceremonia en la que Lesmes lanzaba sus advertencias, insistía después en pedir al PP “altura de miras”, “sentido de Estado” y le instaba a poner fin al “bloqueo” del que le considera único responsable.
Llop entiende que son los populares los que han conducido el proceso a una situación “insostenible” y recuerda críticamente que el partido de Casado ha colaborado en la renovación cuando ha tenido mayoría parlamentaria y cuando no ha dispuesto de ella se ha cerrado siempre al acuerdo.
La apertura del año judicial dio pie a las dos principales partes en litigio, el Gobierno y el PP, a poner el foco en el enquistamiento del consejo. Y a meter presión, cada uno a su manera.
El Ejecutivo, antes de hablar Llop, ya había mandado una carta a Génova instando a los populares a “volver a la senda de la institucionalidad”. Desde el PSOE, y tras la ejecutiva del lunes, presidida por Pedro Sánchez fue Adriana Lastra, su número dos, la que arremetió contra Casado acusándole de “secuestrar día tras día y mes tras mes la Constitución”. “Si Casado no ha tenido escrúpulos en incumplir la Constitución estando en la oposición, ya podemos hacernos una idea de lo que haría si llegara al Gobierno”, añadió.
También para reavivar el debate coincidiendo con la fecha clave de la apertura del año judicial, el PP había calentado motores con una propuesta de cambio del sistema de elección de los miembros del CGPJ. Ahora exige que sean los jueces, y no el Parlamento, los que elijan a los integrantes de este órgano. “Lo importante es que haya un proceso de renovación y de reforma. Pueden durar prácticamente lo mismo, Si tenemos voluntad de reformar la ley, se puede hacer en el mismo tiempo en el que se renueva el CGPJ”, decía Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, también testigo de las quejas de Lesmes, como si fuera posible entenderse en ambas cosas al mismo tiempo después de haber sido incapaces de ponerse de acuerdo en una sola.
El Gobierno no se cierra a la idea de que los jueces tengan más protagonismo en el proceso, pero no lo ve con la misma urgencia ni entiende que tenga que ser para el recambio del actual consejo que lleva tres años con el mandato caducado.
Los populares dicen que su propuesta se alinea en lo que pide Europa. ¿Por qué no lo hicieron cuando gobernaban?, le preguntaban al consejero madrileño. Dice que porque no había esa indicación de Bruselas y porque entonces no estaba Podemos. “Hay que aprender del pasado”, añadía para justificarse.