La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha incidido en que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado.
Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso el 31 de julio, que "no entra en el fondo" de la demanda porque el Gobierno no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.
"No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos", ha detallado. Eran, según ha dicho, "borradores" internos.
En esta línea, ha argumentado que el Gobierno ha hecho "un ejercicio de transparencia": "Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución".
Para Delgado, si bien "es una demanda civil contra el honor del juez Llarena" por unas declaraciones a los medios fuera del tribunal, "tiene un trasfondo jurisdiccional que puede afectar a nuestra jurisdicción" ya que "la demanda, entera, es instrumental" que "pretende quebrar la actuación jurisdiccional de España" y en eso, el Gobierno es "tajante".
"No puede caber la mínima duda, vamos a defender hasta sus últimas consecuencias la jurisdicción española y a aquellos a través de quienes se desarrolla, que en este caso es Llarena pero puede ser cualquier otro juez", ha sentenciado, para después añadir: "Defender los intereses de España en este caso pasan por defender la actuación jurisdiccional y al juez Llarena".
Ha recordado, no obstante, que por tratarse de un tribunal ordinario extranjero el Gobierno tiene que poner en marcha un proceso de contratación para designar abogados en el país, "algo tan prosaico como eso", y ha pedido al servicio de información del Estado que lo autorice, mientras se decide "si tiene que ser un sólo despacho o más de uno, que es donde entra la posible estrategia".
Considera en todo caso que "no hay diferencia" entre Llarena en su labor de juez y en sus declaraciones a los medios fuera del tribunal y dice que la forma de llevarlo va a "depender de la estrategia" que planteen los abogados belgas, si bien reconoce que "dentro de la cultura española somos más laxos que en otros países, donde son mucho más estrictos con lo que se puede y no se puede decir".
"Defendemos al juez Llarena y lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias, pero tenemos que tener en cuenta otras posibles actuaciones fuera de España", ha señalado para apuntar que "en un pésimo escenario" en que la demanda prosperase en Bélgica, el caso puede acabar en la Corte Internacional de Justicia, donde se enfrentan "Estado contra Estado".
"Es importante dar los pasos correctos para después acudir ahí, que va a ser árbitro. Estamos haciendo esto con mirada de futuro, estamos siguiendo una estrategia y la estamos contando", ha destacado.
A pesar de estas palabras de la minsitra Delgado, lo cierto es que este fin de semana el Ejecutivo ha rectificado y ha explicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial, defendiendo los intereses de nuestro país en base a criterios jurídicos de nuestro ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española, que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente.
Por eso, Justicia espera que contratar en breve de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena.
El Gobierno, ha insistido en su comunicado, ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente. En cambio, la pasada semana el Ejecutivo dijo que la demanda hacía referencia a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función.
Pero en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país.