Las empresas imputadas justifican sus trabajos para el Palau y niegan el desvío de fondos

Los administradores de las empresas New Letter, Hispart, Letter Graphic y Altraforma, imputados en el marco de la investigación por los presuntos pagos irregulares a CDC a través del Palau de la Música vinculados a la adjudicación de obra a Ferrovial, han justificado este martes sus trabajos para la institución musical.

Todas ellas, además, han realizado trabajos para Convergència, así como para otros partidos políticos e instituciones.

El primero en declarar ha sido el administrador de la empresa Hispart, Juan Manuel P.G., que sólo ha contestado a las preguntas del juez y del fiscal, y que ha explicado que su empresa alquilaba material, principalmente audiovisual, a los clientes de los salones del Palau pero que, una vez cobrados, los albaranes se destruían, por lo que no han sido aportados como prueba.

El responsable de New Letter, Pedro Luis R.S., y el de Letter Graphic, Vicente M.G., han asegurado que los trabajos realizados al Palau consistieron en una campaña especial diseñada para captar socios nuevos, mediante un sistema de cruce de fichas, tal y como ya explicó otro ex responsable de la empresa, Salvador Ollé.

Finalmente, los responsables de Altraforma, Miguel G.S. y Josefa María G.V. --también estaba citada otra administradora ya fallecida-- han explicado que su empresa realizó tres únicos trabajos para el Palau entre 2006 y 2007 por valor de 180.000 euros para buscar espónsors, y han aclarado que trabajan para Convergència desde 1998 y para otros partidos.

También han declarado como testigos dos secretarias del ex presidente del Palau, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, para reconocer una serie de documentos encontrados en un servidor relacionados con la L9 y la Ciudad de la Justicia.

Esta es una de las primeras diligencias del juez Josep Maria Pijuan, que ha sustituido al anterior titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, después de que éste pidiera el traslado a la Audiencia.

Estos nuevos imputados fueron citados a declarar por el juez que encabezó el juzgado mientras se buscaba un sustituto a Solaz, Miguel Ángel Tabarés.

En su escrito de imputación destaca que no consta cual era el servicio concreto que prestaban estas empresas y no ha sido aclarado en las declaraciones realizadas hasta el momento.

Según se desprende de la documentación, alguna confeccionada manualmente por la imputada Gemma Montull, apuntaba el juez, los cobros recibidos de Ferrovial "parecen vinculados" a los pagos realizados a estas empresas y que el propio ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, explicó que estas empresas eran proveedoras del Palau y de CDC.

"El análisis conjunto hace sospechar que dichas empresas eran las que finalmente recibían todo o parte del dinero que entregaba Ferrovial, satisfaciéndose con ese dinero servicios prestados a terceras personas, distintas de las entidades del Palau", decía en el auto.