La guerra de Franco (después de muerto)

"Nunca dije que fuera a ser fácil". La frase es de manual de motivación. La podría pronunciar Pedro Sánchez para explicar cómo han ido las cosas con uno de los proyectos más emblemáticos de su mandato: la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Lo prometió el 18 de junio de 2018, en el prime time de Televisión Española, parecía cuestión de un mes. Han pasado 16 y un cambio de legislatura y todavía no lo ha conseguido. Aunque esta vez, parece que ya sí.

El Gobierno da por superados todos los obstáculos, afirma que ya cuenta con todos los permisos, comienza a saborear el fin de un proceso "trabajoso", según lo ha definido la vicepresidenta Carmen Calvo, con cierta condescendencia. Probablemente no haya tenido otro asunto entre manos (salvo aquello del "relator", pero esa es otra historia) que le haya dando tanta guerra. En el terreno judicial, en el diplomático, en el administrativo... no ha habido un solo espacio en el que Calvo, que ha llevado una gestión casi personal del asunto, no haya tenido que enfrentarse a la familia del dictador y a los nostálgicos del régimen, empeñados en que los restos sigan en el lugar en el que están desde hace 44 años.

Por citar dos ejemplos de hasta dónde ha llegado el Gobierno en su empeño: Pedro Sánchez buscó el eco de la Asamblea General de la ONU para celebrar el permiso del Supremo a la exhumación; Carmen Calvo llegó a hablar con el Papa de la resistencia de última hora planteada por el prior del Valle.

. La batalla judicial. Se ha librado especialmente en el Supremo, donde la familia Franco ha mantenido vivo el litigio desde que el Gobierno dio el primer paso.

En julio de 2018, Pedro Sánchez promueve un Real Decreto de Modificación de la Ley de Memoria Histórica para, precisamente, reforzar las garantías jurídicas de la exhumación ante la pugna que se avecinaba.

En septiembre de 2018, los franco emprenden la batalla legal: piden al Defensor del Pueblo que impugne el intento de traslado ante el Constitucional. En noviembre, presentan recurso ante el Supremo. A partir de ahí, van añadiendo alegaciones, solicitudes de aclaración y peticiones de suspensión cautelar para mantener el pulso al ejecutivo. Hasta que, el nueve de octubre, los magistrados contestan a la familia en un último auto: "la sentencia es clara". Se refieren a la sentencia del 24 de septiembre en la que se ha dado luz verde al traslado de los restos del mausoleo del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio.

En el largo curso del litigio emprendido por los familiares, se acumulan otras tres iniciativas contra la exhumación en el Supremo: la de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos; la de la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. El Tribunal desestima los tres recursos el 10 de octubre. La suspensión cautelar del traslado dictada a raíz de esos recursos (y el de la familia) es ya historia.

. ¿Dónde lo enterramos?. Ha sido una especie de pregunta trampa. De primeras el Gobierno planteó el traslado de los restos sin destino definido. La familia aprovechó el "vacío" para anunciar que, de producirse la exhumación, enterrarían a Franco en la cripta de La Almudena. En pleno centro de Madrid; bajo la catedral. Problema. El ejecutivo advierte que puede generarse un nuevo lugar de culto y de primeras ofrece a la familia un plazo para que plantee un emplazamiento alternativo. Los herederos se niegan. El Gobierno estudia prohibir por ley el enterramiento en La Almudena, finalmente descarta que se traslade allí en base a informes policiales de seguridad.

El 15 de marzo de 2019 pone fecha y lugar para el traslado: será el 10 de junio, los restos irán al cementerio de Mingorrubio en el que está enterrada Carmen Polo, la mujer de Franco. Junto al Palacio de El Pardo, donde vivieron. En un distrito a las afueras,

. Con la Iglesia. Ha sido el tercer gran obstáculo. Y lo personaliza el prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Antiguo candidato electoral de Falange, el prior ha hecho de la exhumación casus bell. Por la vía legal, elevó recurso ante el Supremo. Por la vía epistolar, remitió una carta a la vicepresidenta en la que anunció que no "autorizaría la entrada en la basílica". El Supremo le acabó por recordar en su último pronunciamiento que el artículo 118 de la Constitución "obliga a todos a cumplir las sentencias firmes".

Más allá de sus consecuencias nulas con respecto al traslado, la actitud resistente del prior ha puesto a prueba la relaciones Iglesia -Estado: las autoridades eclesiásticas han mantenido en los momentos más tensos una cierta ambigüedad: sin oponerse al traslado, pero sin desaconsejar a la familia la inhumación en La Almudena y sin llamar al orden al prior Cantera. En busca de una mayor complicidad la ministra Calvo ha visitado un par de veces el Vaticano, una de ellas con charla incluida con el Papa.

. La licencia de obras. Incluso los aspectos mecánicos del operativo -el levantamiento de la losa que cubre la sepultura de Franco- han sido delicados en este caso. En febrero de este año, la denuncia de un particular consiguió que el juzgado de lo contencioso número 3 de Madrid suspendiera la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo para abrir la tumba. La suspensión sigue vigente, pero el Supremo ya ha dejado dicho en uno de sus autos que para levantar una lápida no hace falta licencia de obras.

Y por si fuera poco, la familia Franco no descarta llegar al Constitucional y el prior avisa que siempre quedará el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Si hay más obstáculos, eso sí, al Gobierno no le van a pillar de sorpresa.