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"No hay consenso sobre la reforma laboral". Más claro agua. Podemos no se ha querido andar con contemplaciones ni crear falsas expectativas sobre el resultado de la reunión con la que los socios de Gobierno han intentado este lunes taponar la brecha que se ha abierto entre ellos a cuenta de esa importante reforma.
No hay avances. La crisis sigue abierta. Lo poco que se ha sacado en claro es el compromiso de ambas partes en "seguir negociando". Lo dice Podemos y lo decían también en su comunicado los socialistas, que en un esfuerzo de optimismo valoraban la cita como "constructiva". Tras una hora cuarenta minutos cara a cara, los protagonistas del encuentro, celebrado en el Congreso, no fueron capaces ni siquiera de cerrarla con un comunicado conjunto. Así están las cosas.
La coalición de Gobierno entre PSOE y Podemos se enfrenta al que parece ser el momento más “delicado” de su corta historia. Y eso que sustos ha habido un montón. El calificativo esta vez no es una impresión externa. Viene de dentro. Es el que ha empleado la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, para definir una crisis a la que a esta hora no se le ve el final y de la que sus protagonistas es difícil que salgan indemnes.
Les enfrenta una cuestión medular, “de fondo”, también lo ha admitido Díaz, como es la reforma laboral. Uno de los compromisos que figuran en el acuerdo de coalición. Una línea roja para Podemos y para ella en concreto que, en su calidad de ministra de Trabajo, ha venido pilotando la negociación y haciendo bandera de ello. Ahora que, además, está gestando su propio proyecto político para liderar el espacio a la izquierda del PSOE no parece ni mucho menos dispuesta a que se la arrebaten.
A Pedro Sánchez se le ha acabado por desbocar el asunto. Coincidiendo, además, con una negociación presupuestaria en la que otro de sus aliados parlamentarios ha decidido apretarle al máximo. ERC ha puesto sobre la mesa dos peticiones a modo de ultimátum: una, que se cumplan los compromisos que aparecen en el presupuestos en vigor y aún pendientes, y la segunda que el catalán esté suficientemente protegido en la ley audiovisual en la que trabaja el Gobierno.
Para los republicanos es una cuestión crucial, hasta el punto de que amenazan con presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas del año que viene. Los trece votos de ERC son imprescindibles para que el Gobierno las saque adelante en el Congreso. Sin Presupuestos, la continuidad de la legislatura entraría en zona de alto riesgo.
La amenaza de los republicanos se disparó en pleno contencioso con Podemos. En el que Díaz, con la misma suavidad de siempre en las formas, se despachaba esta vez extremadamente contundente en el fondo: acusando a Calviño de intrusismo; poniendo en duda la voluntad real de los socialistas de cumplir con su palabra de derogar la reforma laboral; instándoles directamente a definir su postura. “¡Que se aclaren!”, soltó.
Porque ese es el quiz de la cuestión. La pretensión de Pedro Sánchez de poner ahora al frente del proceso a su vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, es lo que ha desatado las hostilidades. Podemos ha visto en ello algo más que un intento por “coordinar” un trabajo que incumbe a hasta cinco ministerios para hacerlo “más eficaz”, que es el argumento que ha dado el presidente del Gobierno. Lo entiende como una “injerencia”. Teme que es una forma de limitar el alcance de la iniciativa. Con Calviño, entienden los morados nunca se consumará la “derogación” que pretenden y que, insisten, firmaron ambas partes para hacer a Sánchez presidente.
El pulso lleva tiempo latente. Y estalló el viernes en toda su crudeza. El aviso de que la negociación sobre la reforma, ahora que entra en su tramo definitivo (ambas partes se comprometen a cerrarla antes de fin de año) iba a ser liderado por Calviño, provocó la reacción fulminante de los socios minoritarios del Gobierno. “Hay que abordar y revisar los compromisos de la coalición”, urgió la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Lo hizo con un tuit, el propio modo de comunicación ya era un síntoma del enfado y de la distancia que querían marcar con sus colegas de gabinete.
Con las alarmas encendidas, el PSOE intentó, lo primero, apaciguar los ánimos. Lo hizo Sánchez desde Bruselas asumiendo que el cambio es una “orden” suya, pero relativizando su alcance señalando que es por cuestiones operativas y afirmando que hay un compromiso firme de todo el Gobierno por una reforma “estructural del mercado de trabajo”. Dejó claro eso sí, que su elegida para estar al mando es Calviño. La rivalidad Díaz-Calviño subió así un peldaño. Ya no es una cosa entre vicepresidentas. En el litigio está inmerso también el presidente.
Lo segundo que hizo el PSOE fue precipitar la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto, en un evidente intento de que la cosa no fuera a mayores. Lastra la vendió como una cita “de tantas”, aún consciente de que no lo era. “La coalición está más fuerte que nunca”, tuvo que reafirmar, de hecho, ante una creciente sensación de que el episodio podía pasar factura a la entente de Moncloa.
Más aún cuando el pique por la reforma laboral coincidió justo en el día en el que la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, resolvió retirar el acta al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, en cumplimiento de una sentencia del Supremo cuestionada por los morados. Es un caso aparte, que ha llevado luego su propia evolución. Contribuyó, en todo caso, a aumentar en un primer momento la sensación de que Podemos y el PSOE se acercaban a un punto sin retorno.
Tras un fin de semana de tregua, el intento de reconducir el conflicto -la reunión de la llamada comisión de seguimiento- se celebró en un lunes de alta tensión. Plagado de mensajes públicos entre los socios, haciendo ver que cada uno va a defender su territorio hasta el final. Yolanda Díaz, lejos de aflojar, calentó la reunión en varias comparecencias ante los medios, fuera de agenda, en las que se despachó rotunda. “Hay una parte del Gobierno que no quiere que se cambien las relaciones laborales”, dijo abiertamente señalando a Calviño, sin citarla. Para ella, la cuestión no está en el quién lidera la negociación, sino en el qué se negocia.
La ministra de Trabajo deslizaba además, la idea de que no es la primera vez que este Gobierno impide acabar de raíz con la legislación laboral de Rajoy. La “derogación” por la que ella aboga. Dice que su antecesora en el cargo, Magdalena Valerio, tuvo un proyecto redactado que se quedó en el cajón.
Casi al tiempo, Nadia Calviño, la titular de Economía se reafirmaba en su postura. Ella dice que el compromiso “unánime” del Gobierno es “una reforma del marco laboral sobre la base del diálogo social”. Aunque lo de unánime suena a mucho decir tal y como están las cosas.
"Lo importante no es que, en un momento determinado, se exprese uno u otro ministro, lo importante es que se exprese la posición del Gobierno, y para eso es preciso que haya una adecuada coordinación y una buena cooperación y una representación de todos los ministerios implicados en cada uno de los asuntos", añadía, además, en forma de recado para Yolanda Díaz.
Sánchez volvió de nuevo a arropar a Calviño: "Todo el Gobierno está comprometido en la modernización de la legislación laboral". El presidente dijo también que el cambio de normativa se hará "como se hace en Europa, con diálogo social y vocación de consenso".
Este último mensaje con intención clara de tranquilizar a Bruselas, que justamente este lunes tuvo aquí en España a su comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Escuchó en directo a Sánchez, y tuvo ocasión de verse con Calviño... y con Díaz. Pero no quiso tomar partido en el debate abierto entre ambas. Bruselas se pronunciará cuando España le remita su propuesta definitiva.
De las palabras del presidente, volvió a destacar la terminología empleada. En ningún caso utiliza el término derogación, que es la pretensión de Podemos. Los socialistas, que están volcados en que los morados no les quiten la bandera de la defensa de los trabajadores, se resisten sin embargo a usar ese término. A Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, se le preguntó tras la ejecutiva del partido en varias ocasiones si efectivamente se va a derogar la reforma del PP. Insistió en que lo que el Gobierno quiere es "un nuevo marco de relaciones laborales".
La que ha ido más lejos en el PSOE ha sido la portavoz en el Senado, Eva Granados, que advierte que lo suyo es derogar "las partes más lesivas" de la legislación del PP, pero no toda la norma, ya que implicaría eliminar también reformas anteriores y volver al Estatuto de los Trabajadores. En su opinión, menos garantista.