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En defensa de la conversación, rezaba el título del libro que Félix Bolaños ha regalado a su homónima catalana Laura Vilagrà. Y conversar, han conversado. Algo más de dos horas, mucho para lo que se ha constatado en la reunión. Este 24 de abril ha sido un día más (el posterior al Día del Libro) en el que Gobierno y Generalitat han demostrado estar en esquinas opuestas del tablero, ahora, enzarzados por el Catalangate.
Así lo manifiestan las comparecencias del ministro y la consellera tras el encuentro que han mantenido en un Palau al que el socialista ha llegado 40 minutos tarde, en parte por la carrera popular que hoy ha afectado el tráfico en el centro de la capital catalana. A las 10:40 h, ambos ya estaban sentados en los extremos de una austera mesa en la que estaba el libro pero no había móviles: ambos los han dejado fuera del despacho, ejemplificando la desconfianza del Govern tras las informaciones de espionaje.
Siete días desde que el informe de CitizenLab trascendiera han calentado el encuentro. De lunes a domingo, han sido decenas las voces que han cargado contra las escuchas y han señalado al Gobierno, al ser Pegasus un software tan solo adquirible por Estados. En esto, el independentismo sí se ha puesto de acuerdo para hacer oposición común, sin fisuras (o al menos, por el momento).
El pase de puntillas de las ministras Isabel Rodríguez y Margarita Robles rechazando espionajes llevó al president Aragonès a dar un ultimátum: "Deben dar explicaciones estos días, como máximo, en una semana". Los republicanos han pasado de congelar sus relaciones con el Ejecutivo de Sánchez a retirar su apoyo como socios parlamentarios en el Congreso.
Un miedo que ha motivado el vuelo del ministro dirección Barcelona, aunque Bolaños se ha vuelto a Madrid sin disipar temores, a pesar de los compromisos anunciados. Ha perdido el primer asalto del Catalangate
Las más de dos horas de duración del encuentro y la tardanza en las posteriores comparecencias, sumadas a ese runrún previo, hacían aumentar la incertidumbre en la sala de prensa del Palau por saber qué iba a resultar del mismo. Una vez más, dos relatos diferentes.
El primero, el de la mano derecha de Sánchez, haciendo una apología de la conversación —como el libro, de Sherry Turkel— y anunciando la activación de cuatro mecanismos para esclarecer el caso. El segundo, el de la consellera republicana, en el que ha ratificado que el apoyo de su grupo en la cámara baja "no está garantizado" por las explicaciones "vagas, inconcretas e insuficientes" del primero, y por unas propuestas que ofrecen "más incógnitas que respuestas".
Bolaños no ha sabido o querido responder quién está detrás del presunto espionaje, aunque ha anunciado la apertura de una investigación interna en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Gobierno también promoverá la creación "cuanto antes" de una Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, colaborará con las pesquisas del Defensor del Pueblo de Ángel Gabilondo sobre el tema y desclasificará archivos si es necesario.
"Cuatro mecanismos porque tenemos la conciencia tranquila y nada que ocultar", en palabras del socialista. Nada en claro sin embargo para la parte catalana, que pedía una investigación con supervisión independiente y dimisiones, cosa que ha llevado a Vilagrà a reafirmar las exigencias de la Generalitat y a amenazar con "graves consecuencias para la estabilidad de la legislatura".
Por el momento, los 13 diputados de ERC en el Congreso estarán instalados en el 'no' de partida. Los mismos que facilitaron la investidura de Sánchez y la aprobación de los Presupuestos de 2022 entre otras leyes de suma importancia para la coalición amenazan con frustrar la convalidación del decreto para atajar el impacto en España de la guerra en Ucrania.
La votación es el próximo jueves 28 y los 13 votos se antoja que serán, una vez más, imprescindibles. Falta por ver si tan solo los contactos entre Sánchez y Aragonès desatascan la situación, ya que la reunión Bolaños - Vilagrà no los sustituye según ya advertían fuentes de la administración catalana.
procésEl supuesto espionaje al independentismo con el sistema Pegasus podría convertirse en una inesperada baza para las defensas de causas vinculadas al procés, tras revelarse que se monitorizaron reuniones de abogados y que algunos investigados tuvieron simultáneamente su móvil intervenido por la Guardia Civil.
Varios abogados del entorno independentista estudian utilizar el informe elaborado por el laboratorio The Citizen Lab para poner en entredicho investigaciones penales sobre el procés, entre ellas la propia causa del Supremo por el 1-O. Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la infección de móviles de unos sesenta políticos independentistas, entre ellos abogados de líderes del procés, podría afectar al derecho de defensa.
En paralelo, los independentistas presentarán acciones legales contra el espionaje en España, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania.