Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado en el marco de la operación 'Pandora' un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) cuantificado en unos 27,5 millones de euros, que afectaba a 17 provincias españolas.
Las investigaciones comenzaron a finales del año 2017 cuando la TGSS y sus organismos remitieron escritos-denuncia a la Policía Nacional, que realizaron pesquisas en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.
Segñun informa Europa Press, la operación ha supuesto la revisión y el análisis de 22 expedientes que afectaban a 17 provincias de 11 comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado.
La autoría de los delitos se atribuye a los responsables de las empresas y sus testaferros, que eran algunos trabajadores que figuraban como cómplices de los hechos, y a familiares de los primeros, según informó la Policía Nacional en una nota de prensa.
En el propio comunicado indican que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá solicitar el embargo de los bienes que considere de las personas implicadas o, en su caso, el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades generadas.
Para eludir los pagos a la Tesorería, las empresas de las diferentes provincias crearon entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, según convenga, transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales a la no deudora para continuar la actividad de manera normal.
Otra de las técnicas era la transmisión de titularidades de una empresa a otra (o bien a familiares o personas de confianza de la trama) para la ocultación de bienes con denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados o una supuesta desaparición 'fortuita' de esos bienes embargados, entre otros.
Puntos clave de cada caso
La Policía destaca en el informe el caso de fraude de Maspalomas (Las Palmas) como uno de los más llamativos. En dicha trama, dos ciudadanos españoles suplantaron la personalidad de administradores y representados de dos empresas con actividad real y sede en la isla , y se atribuyeron los poderes con los que no contaban.
Así, pudieron hacerse con autorizaciones en RED, CONTRAT@ y CERTIFIC@ para poder tramitar el alta de trabajadores de manera ilícita y quedar indemnes en el caso de que fuera detectada tal simulación.
Asimismo quedó probado la existencia de un concierto de voluntades para simular la relación laboral entre los dos supuestos empresarios, que realizaban las gestiones de alta en el sistema de la Seguridad Social mediante precio acordado previamente con los trabajadores ficticios. El único fin de estos era la obtención de beneficios económicos y sociales.
Además los supuestos trabajadores se lucraron económicamente de forma directa o indirecta, pudiendo acreditarse que obtuvieron indebidamente prestaciones por desempleo, periodos de cotización no basados en actividad laboral real y acceso indebido al Sistema Sanitario Público, haciendo un importante quebranto económico.
Finalmente, detuvieron a nueve personas por varios delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, y se ha investigado por los mismos hechos a otras 11 personas que no se encontraban en España, de las que se ha dado cuenta al Juzgado correspondiente.
Otros fraudes destacados han sido cometidos en Huelva, focalizada en una sociedad limitada del sector pesquero que no pagaba a sus marineros desde 2012; Zamora, donde detectaron un grupo criminal dedicada a la evasión de pagos a la Seguridad Social; o Alicante, por falsedad documental con el objetivo de obtener prestaciones familiares por parte de algunos trabajadores marroquíes.