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El Gobierno, en el más difícil todavía. Si ya de por sí iba a ser complicado indultar a los presos del procés frente al recelo de la opinión pública, la previsible tormenta política y mediática ya desatada e incluso las dudasdudas que suscita su concesión en el seno del propio PSOE (el extremeño Fernández Vara ya ha dicho que "no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no cree en las leyes"), el Supremo ha venido a añadir un último obstáculo.
El Tribunal que dictó la sentencia se ha pronunciado contra la medida de gracia de forma categórica: no ve razones de justicia, equidad ni de utilidad pública en las que sustentarla. Y, es más, no aprecia que sus potenciales beneficiarios muestren el más mínimo arrepentimiento con respecto a los delitos que les llevaron a la cárcel. Al propio Sánchez le hubiera ayudado a explicarse, pero no ha sido así.
La decisión del Tribunal, que no por esperada ha causado menos revuelo, no ha echado para atrás, sin embargo, al presidente del Gobierno, empeñado en mantenerse firme en su idea. Sánchez, que puso a rodar la bola por la pendiente el martes en Bruselas (de acuerdo a la tradición de los presidentes españoles de protagonizar episodios sonados en sus viajes al exterior), repitió este miércoles en la sesión de control los argumentos básicos de su relato. Lo de que hay un tiempo “para el castigo y otro para la concordia”, y lo de que tomará la decisión “en favor de la convivencia”. Fue una especie de paso más. Esto es, volvió a anunciar el indulto sin anunciarlo.
Lo dijo antes de que hablara el Supremo. De lo que opina del fallo todavía no hay noticia. Es más, en un acto público inmediatamente posterior, llegó a decir: “Si hay una palabra que marca la actualidad es… “ . Y cuando era de esperar que dijera indulto -en la calle no se hablaba de otra cosa dijo “recuperación”.
Así que fueron los suyos los encargados de defender el rumbo que ha tomado el Gobierno con el viento en contra, también, del Supremo. Las ideas básicas son dos: máximo respeto a lo que dice el tribunal, pero desde la premisa de que la última palabra la tiene el Gobierno. El informe de los magistrados es preceptivo pero “no es vinculante”, recordó el ministro de Política Territorial Miquel Iceta. “Es una decisión del Consejo de Ministros”, precisó el de Transportes, José Luis Ábalos.
Para el Gobierno, el esfuerzo ya no es tanto convencer con sus razones –misión casi imposible dado lo resbaladizo del asunto y lo enconadas que están las posiciones- si no hacer ver que tome la decisión que tome será en el ejercicio de sus facultades y con respeto a la ley. Máxime cuando la decisión del Supremo proyecta la idea de que el Ejecutivo si da los indultos le quita la razón.
“El indulto es un derecho que existe para todos los españoles cuando lo piden, porque es un instrumento propio de las democracias asentadas”, afirmó la vicepresidenta Carmen Calvo, encadenando varias afirmaciones en esa misma dirección: “El Gobierno indulta a un ciudadano casi cada semana”. “Es un instrumento dentro de la estricta legalidad”.
Calvo enfatizó, además, que es distinto a la amnistía que, según ella, está “expresamente prohibida por la Constitución”. Entiende que eso sí sería “saltarse al poder judicial”. Era su forma de hacer ver que Moncloa está por el “entendimiento”, pero hasta cierto punto. No tanto como para colmar las pretensiones de ERC que pasan precisamente por la amnistía.
“La solución para una causa general es una amnistía”, volvió a insistir este miércoles el nuevo President, Pere Aragonés, que da por bueno, en todo caso, el indulto en la medida en que “aligera el dolor” de los presos, incluso de la sociedad catalana.
Tres horas antes de que el Tribunal Supremo se mostrara de forma unánime contrario a la medida de gracia a los 12 presos del ‘procés’, Pedro Sánchez reclamaba al líder del PP que le echara un cable y “apoyara” al Gobierno por “responsabilidad”. Nunca una petición del presidente Sánchez recibió tanto rechazo, y de qué manera. “Traición”, "infamia", "indignidad", "humillación", "vergüenza", "esperpento"… es la respuesta que Sánchez ha recibido de toda Demoledor informe por unanimidad del Supremo contra los indultos como hicieron la Fiscalía y Abogacía
“No hay una mínima prueba de arrepentimiento ni motivos de Justicia, equidad ni utilidad pública pero sí intención de reincidir”
Iremos hasta el final para defender la Justicia
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 26, 2021" rel="nofollow">la derecha, que ha actuado en bloque contra la posibilidad de que el Ejecutivo pulse el botón de los indultos y "venda España".
"Iremos hasta el final para defender la Justicia", advertía Pablo Casado; "Iremos con todo", afirmaba Inés Arrimadas; "Ejerceremos toda la presión en la calle", amenazaba el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Partido Popular y Ciudadanos calificaban el informe del Supremo de “demoledor” y anuncian una catarata de recursos en los tribunales, mientras los de Abascal se preparan ya para agitar la calle, algo que de momento no está en los planes de Génova. Y mucho menos arrastrados por el ardor callejero de la extrema derecha o por su exportavoz, Cayetana Álvarez de Toledo.
El PP decretó el fin del Gobierno tras las elecciones del 4M. La semana pasada Casado sentenciaba la legislatura, -“habrá acabado”, decía-, y tras el informe del Supremo los populares huelen la sangre y se apresuran a enterrar a Sánchez.
“El pago de los indultos será su finiquito y el epitafio del Partido Socialista constitucional”, le espetaba Casado desde su escaño en el Congreso. Los populares creen que el Gobierno se encuentra en una situación de extrema debilidad y no dudan en hurgar en la herida. “Es un pierde pierde para Sánchez en términos electorales. En su partido no lo entienden. El PSOE está vivo y esto no lo va a aceptar”, aseguran desde la dirección nacional. “Equivocación histórica” y “miserable y despótico”, añaden sus dos barones territoriales más poderosos, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.
En Génova también advierten de la “irresponsabilidad” de someter a Felipe VI a la tesitura de rubricar con su firma los indultos. “No debería forzar al rey a firmar eso”, insisten. La ley obliga al jefe del Estado a firmar el decreto de indulto de los presos del ‘procés’, algo que en el PP entienden difícilmente digerible para el rey tras su discurso del 3 de octubre de 2017.
No sólo el PP estrecha el cerco sobre el Gobierno de coalición. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dado orden de dinamitar todos los puentes con Pedro Sánchez en un nuevo giro estratégico. "No pongan a prueba a la sociedad española porque es mucho más fuerte y más digna de lo que él se cree. Lo que tiene que hacer es rectificar", le exigía Arrimadas mientras le advierte como Vox, y como el PP, de la contestación social con la que se puede encontrar Sánchez en la calle.