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Esta es la última oportunidad para los que quieren a Pedro Álvarez. La Audiencia Provincial de Barcelona debate tras la vista de este viernes la reapertura del caso de este joven barcelonés que, con 20 años, murió de varios disparos mientras acompañaba a su novia Yolanda a casa. Fue en 1992 y ahora, 28 años más tarde, su familia agota su última oportunidad para hacer justicia y evitar que el caso prescriba en octubre.
“¿Quién mató a Pedro?”, se pregunta una y otra vez su entorno tras crear la ‘Plataforma Pedro Álvarez’, en la que se hacen eco de lo que consideran irregularidades en el caso. A pesar de la pregunta, centran su recelo en el principal sospechoso: un policía nacional que no ha sido juzgado.
La noche del 15 de diciembre de 1992, un vehículo que circulaba a alta velocidad estuvo a punto de atropellar a Yolanda tras despedirse de Pedro en L'Hospitalet de Llobregat. La joven increpó al conductor, que salió del coche para iniciar una discusión, golpearla y tirarla al suelo, momento en el que Pedro se encaró con el agresor.
Fue entonces cuando el conductor sacó un arma de su Opel Vectra blanco y le disparó tres tiros: uno de ellos, en el cráneo. Una mujer que acompañaba al presunto asesino trató de evitarlo, sin éxito. "Sangre fría" es la expresión que utiliza la familia para calificar la actitud del agresor, que volvió al coche y abandonó el escenario del crimen.
Pedro ingresó cadáver en el Hospital de Bellvitge después del intento fallido de reanimación por parte de varios transeúntes. La descripción aportada por Yolanda y las pruebas balísticas encontradas (coinciden con las de las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad del Estado) permitieron la detención de José Manuel S.F., un policía nacional asiduo a la zona, con "cierto poder" en ella, según la familia.
No obstante, José Manuel es puesto en libertad tras una coartada "tan pueril como concluyente" para los investigadores, lamenta el entorno de Pedro. El sospechoso declaró estar durmiendo después de haber acompañado a su madre al hospital la noche de los hechos.
Tras la explicación del policía, la investigación se volvió "turbia", según señalan fuentes cercanas a la víctima. El juez declaró el secreto de las investigaciones y Yolanda participó en una "sesión maratoniana" de ruedas de reconocimiento que el entorno de Pedro, asesorado por juristas, califica como "irregular".
Finalmente, la joven manifestó dudas sobre aspectos muy concretos del sospechoso y los investigadores exculparon al agente por falta de pruebas. El juez también descartó algunas peticiones de la acusación, como el análisis de las huellas del coche para identificar a la mujer que lo acompañaba.
"Nadie ha seguido realizando hasta hoy ningún tipo de investigación posterior", reza el comunicado de la familia, que lamenta no haber recibido la ayuda de "ninguna institución". El Ayuntamiento de L'Hospitalet se comprometió a ello, mientras que el Síndic de Greuges y el Parlament de Cataluña acusaron la falta de competencias y el Congreso de los Diputados rechazó abrir una comisión de investigación.
Cerca de un centenar de personas han acudido este viernes a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona para pedir la reapertura de un caso por el que nadie ha sido juzgado, respondiendo así a la llamada de familiares y amigos.
Los magistrados celebraron la vista para valorar el recurso presentado por el abogado Benet Salellas, que defiende que la tecnología actual, lejos de la de la década de los 90, podría obtener nuevas pruebas sobre armas, munición y vehículos que esclarezcan la autoría de los hechos. También pide que sean los Mossos d'Esquadra y no la Policía Nacional el cuerpo que se haga cargo de la investigación para evitar posibles injerencias.
Antes de entrar en la vista, Salellas defendió que "lo lógico" es que el juez haga un último intento para impedir la impunidad antes de que el crimen prescriba, y vinculó la actitud de la Fiscalía con el hecho de que el principal sospechoso fuera agente de la policía. El fiscal defiende archivar el caso, pero la acusación particular defiende que la última diligencia se practicó el 28 de septiembre del 2000 y, por tanto, que los 20 años de prescripción finalizan los próximos meses contando el periodo de inactividad por el confinamiento derivado de la pandemia.
Por su parte, el padre de Pedro, Juan José, ha lamentado el interés de la Fiscalía por archivar el caso y ha criticado que el careo entre Salellas y el fiscal sea "lo máximo" que han conseguido durante "27 años de impunidad".