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El acto -un premio a la presidenta de la Comisión Europea- se cerró hace tiempo y entre los invitados se espera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Pere Aragonès. Pero ahora el estallido el escándalo Pegasus va a hacer que ambos coincidan esta mañana en el momento más tenso de su relación: apenas 24 horas después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya confirmado que espió a Pere Aragonès. Todas las miradas estarán pendientes de la temperatura de su saludo esta mañana. El saludo entre el espiado por el CNI y el presidente al que deben reportar en última instancia los espías del CNI. Ni Moncloa ni la Generalitat han confirmado que vayan a verse más allá del acto protocolario.
El espionaje a Aragonès fue la principal noticia que dio la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales reunida en el Congreso a puerta cerrada durante casi cuatro horas. La intervención del teléfono de Aragonès se hizo legalmente y con autorización judicial. Está en la lista de 18 personas espiadas por el Centro Nacional de Inteligencia.
Según fuentes conocedoras de esa reunión, Esteban mostró a los diputados presentes esas autorizaciones judiciales. Está por concretar la fecha exacta de ese espionaje, pero algunas informaciones lo sitúan en 2019, cuando Aragonès era vicepresidente de la Generalitat y arreciaba la presión callejera del llamado Tsunami Democràtic.
La directora del CNI no ha asumido ninguna otra escucha contabilizada por el laboratorio Citizen Lab que destapó el caso y que eleva la lista a más de 60 personas del entorno independentista. En su informe Citizen Lab incluía a Aragonés pero sin poder precisar la fecha en la que habría sufrido el ataque informático.
El espionaje reconocido a Aragonès complica todavía más la situación. El presidente catalán urge al Gobierno a asumir responsabilidades y exige que aclare quién dio "la autorización política y quién tenía constancia" de las escuchas a líderes independentistas. Aragonès, que hizo un comunicado poco después de conocerse la noticia, quiere "una respuesta al más alto nivel".
Para los republicanos lo que ha confirmado Esteban aumenta "la gravedad del caso de espionaje masivo por parte del Estado español contra las instituciones catalanas y el independentismo". Piden además que se desclasifique inmediatamente la autorización judicial para poder ejercer el derecho de defensa.
El Gobierno ha intentado calmar las aguas y desmarcarse de ese espionaje. Fuentes del Ejecutivo señalan que ni ordenó al Centro Nacional de Inteligencia espiar al presidente de la Generalitat ni conocía que había sido espiado.
Recuerdan además que no pueden ni deben saberlo porque los servicios secretos actúan con autonomía a la hora de desarrollar su labor. En Moncloa insisten en que la voluntad de diálogo se mantiene e intentarán que siga fructificando.
Sánchez y Aragonès son los únicos que ahora mismo pueden destensar una crisis que se está enquistando y amenaza la estabilidad del Ejecutivo. Las críticas de Esquerra se han recrudecido desde que estalló el escándalo el 18 de abril hasta el punto de que avisa continuamente de que el espionaje "se puede cargar la legislatura". Su exigencia de crear una comisión de investigación y que haya dimisiones para volver a la normalidad, no han sido atendidas por Moncloa.
ERC es el socio parlamentario clave para Sánchez. Los republicanos votaron su investidura y han ayudado al Gobierno a sacar adelante su agenda legislativa en el Congreso, a pesar de la relación nunca ha sido fácil. Dos años y medio de tensiones, negociaciones complejas, amenazas y sobresaltos. Cuando los 13 diputados de Esquerra no han apoyado al PSOE, el Ejecutivo ha tenido que buscar mayorías alternativas que le han hecho sufrir con votaciones de infarto.
Pasó en la reforma laboral y hace tan solo unos días con el decreto anticrisis para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. ERC dijo en un primer momento que lo apoyaría pero Pegasus se cruzó por el camino y votó en contra.
El enfado de los independentistas ha ido en aumento desde que The New Yorker The New Yorkerpublicase que los móviles de más de 60 personas de su entorno habían sido espiados. Entre ellos estaban Aragonès, expresidentes de la Generalitat, del Parlament de Cataluña, diputados, europarlamentarios, activistas, abogados y familiares. Desde el inicio, los partidos soberanistas apuntaron al Gobierno y al Ministerio de Defensa argumentando que el programa informático Pegasus solo podía ser adquirido por los Estados.
Aquel 18 de abril Aragonès ya exigió aclarar el asunto, habló de "vergüenza injustificable", ataque a los derechos fundamentales y "represión" contra un movimiento pacífico y cívico. En Moncloa, la primera estrategia fue minimizar el asunto y desmarcarse del espionaje asegurando que no había nada que ocultar y que en España "no se espía" a no ser que haya una autorización judicial.
Pero los republicanos han ido subiendo el listón. ERC firmó junto a otros 9 partidos, entre ellos Podemos, la petición para crear una comisión de investigación en el Congreso y Aragonès se trasladó a Madrid para reunirse con los partidos políticos supuestamente espiados. A las puertas de la Cámara avisó de que su "confianza" en Sánchez era "cero" y alertó de que si no se reconducía la situación era "inviable" poder continuar cualquier colaboración política entre ERC y el Ejecutivo.
Vinculó directamente el futuro de la legislatura a que el presidente tomase "medidas claras, concretas e inmediatas". A los republicanos no les sirve una salida de trámite, quieren que se depuren responsabilidades.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajó a Barcelona para intentar sofocar el incendio. Anunció la apertura de un control interno del CNI, el desbloqueo de la Comisión de Secretos Oficiales para que pudiesen entrar ERC y Bildu y una investigación del Defensor del Pueblo. Para ERC fue insuficiente.
Sánchez también intentó tranquilizar a Gabriel Rufián. En una sesión de control prometió rendir cuentas, transparencia y garantizó que el Centro Nacional de Inteligencia había actuado ateniéndose "escrupulosa y rigurosamente a la ley". Pero ese mismo día una intervención de la ministra de Defensa incendió al independentismo. Margarita Robles se preguntó qué tenía que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia o está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania.
Para los catalanes fue una justificación clara del espionaje por parte del CNI. Pere Aragonès pidió su dimisión y todos los dirigentes de ERC fueron detrás. Las situación de Robles, sostienen, es "insostenible".
El jefe del Govern también ha reclamado una reunión con Sánchez para que le explique frente a frente lo que sabe del caso, pero en la agenda del presidente no está previsto ese encuentro de momento. Hoy se ven las caras por primera vez en el acto de entrega de un premio a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.