Sánchez pasa del "¿De quién depende la fiscalía? pues ya está" a defender la apuesta por Dolores Delgado

Pedro Sánchez ha dado la cara tras el Consejo de Ministros y ha prometido hacerlo cada 100 días para dar cuentas de la labor de Gobierno. Bien hecho, porque los últimos tiempos el plasma de Rajoy había encontrado heredero. Y las primeras cuestiones se han referido a su nombramiento más cuestionado: Dolores Delgado, que pasa de ser ministra de Justicia a Fiscal General del Estado. ¿Se lo comunicó a Iglesias, el hombre que criticaba la falta de independencia de la justicia hasta hoy? Sánchez ha dejado claro que la decisión de un Consejo de Ministros son colegiadas".

No ha movido un músculo el presidente a la hora de defender el hecho de que Dolores Delgado pase de ser ministra a Fiscal General del Estado. "Es fiscal de carrera, tiene la confianza del Gobierno y un currículo impecable. Le he pedido que actúe con independencia y siempre en la aplicación estricta de la ley".

El hombre del "¿De quién depende la fiscalía? pues ya está", cuando dejó claro en un debate televisado que iba a capturar a Puigdemont, pasa ahora a asombrarse porque el nombramiento de Dolores Delgado de ministra de Justicia a Fiscal General del Estado sorprenda a muchos, pero no a Sánchez que no ha desaprovechado la ocasión para decir que es la oposición la que no acepta ningún nombramiento y la anima a aceptar ya su legitimidad. No solo eso. Sánchez acusa al PP, que va a recurrir este nombramiento, de buscar "el bloqueo de la Justicia".

El presidente no pierde la esperanza de que la oposición ayude a renovar el CGPJ, el Constitucional o RTVE. El presidente pide a todos que valoren a Delgado por sus hechos antes de juzgarla, y en eso no le falta razón, aunque las primeras críticas han surgido de parte de una judicatura que ha pedido también guardar las formas.

Pero no ha sido la oposición la única que ha criticado lo que se ha visto como una demostración de poder del presidente y un gesto a Cataluña. Magistrados del Tribunal Supremo recibieron con "sorpresa" y cierta incredulidad la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer a la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Maria José Segarra. En la mayor parte de los casos se califica la elección de "desafortunada" y "polémica" al suponer un salto directo desde el Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público.

Otros auguran choques con los cuatro fiscales del 'procés' respecto a los criterios para gestionar la ejecución de la sentencia que condenó por sedición a los líderes independentistas catalana y también de cara a futuros procesos, como los que afectan al expresident de la Generalitat huido en Bélgica Carles Puigdemont y al actual president Quim Torra, con quien el presidente ha confirmado que se va a reunir.

La Fiscalía sea la encargada de decidir, por ejemplo, la procedencia o no de un eventual recurso en el caso de que se decida una progresión de grado de los presos por sedición que se encuentran en Cataluña. También deben elaborar informes en relación con la situación del expresident procesado huido en Bélgica Carles Puigdemont o con la decisión de la Junta Electoral que retiró la acreditación como diputado del actual president Quim Torra, pendiente aún de resolución en el alto tribunal.

Por ello, algunos magistrados auguran futuros enfrentamientos con los denominados fiscales 'indomables'-Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- que han actuado en este proceso defendiendo a capa y espada su criterio inicial de acusar por rebelión y oponiéndose con dureza a cualquier salida de prisión de los condenados, incluso tras la sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la condición de europarlamentario del líder de ERC en prisión Oriol Junqueras.

Para el caso de futuras discrepancias, las mismas fuentes aluden al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a los fiscales que estimen improcedentes las órdenes de sus superiores hacérselo saber mediante informe razonado y acudir a la junta de la Fiscalía si las instrucciones le siguen pareciendo insatisfactorias. Esta consulta se hará a la Junta de Fiscales de Sala (la cúpula de la Carrera) si la orden procede del fiscal general.

Otras fuentes consultadas reprochan la ausencia de "categoría órgánica ni doctrinal" de Delgado para doblegar a los denominados 'indomables' en el caso de existir valoraciones discrepantes, y recuerdan el "desamparo" en el que la ministra Delgado dejó al instructor de la causa, Pablo Llarena, por su tardanza en ofrecerle a la Abogacía del Estado para hacer frente a la demanda civil que le presentó Puigdemont en Bélgica.

También reprochan los magistrados el momento del anuncio, pocas horas antes de que tomara posesión de su cargo su sucesor en el ministerio de Justicia, Juan Carlo Campo, y especialmente el "lastre" que supone que el jefe del Ejecutivo no haya encontrado oro lugar para buscar nuevo fiscal general que su propio equipo de ministros.

Javier Moscoso, es el antecedente de Delgado. Designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó una agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco.

En dicha ocasión discrepantes esgrimieron que elegir una persona que ha ocupado un puesto en el Ejecutivo podría derivar en una excesiva inclinación del designado a vincularse a la política del Gobierno. Otros se muestran confiados en que Delgado, a quien valoran como fiscal que se pone al frente de la Carrera, supere este "laste" inicial y se coloque al nivel de Segarra, de quien destacan el nivel de autonomía que ha dado a los fiscales a su cargo.

Desde el Tribunal Constitucional subrayan que la designación de Delgado es un reconocimiento del hecho de que el puesto de fiscal general es un cargo de la entera confianza del presidente del Gobierno, y no del ministro de Justicia, además de un ascenso en este caso. En la práctica, apuntan las fuentes citadas, el Gobierno tendrá dos Ministros de Justicia, uno para los jueces, el magistrado Campo con sede en la calle San Bernardo de Madrid, y otro para los fiscales, en el palacio de Fortuny.

Otros consultados insisten en lo desafortunado de la elección de cara a la imagen de independencia que debe conllevar el Ministerio Público. "Hará reales las palabras de Sánchez, cuando en una entrevista aludió a que la Fiscalía podría tener dependencia directa del Gobierno". Se refieren también estas fuentes al caso diferente de los jueces, pues "alguno ha sido apartado de un caso por mucho menos, por su relación por ejemplo con una fundación vinculada a un partido político", en clara alusión al juez de la Audiencia Nacional Enrique López por dar conferencias en FAES. En todo caso, concluyen, deberá dejarse trabajar a Delgado antes de hacer un diagnóstico definitivo de lo que supondrá su nombramiento, porque además los cargos "vienen y van" pero los miembros de la Fiscalía "permanecen".