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2019 terminará sin que España tenga un gobierno en plenas funciones. Por ahora, Pedro Sánchez no ha conseguido convencer a ERC de que le facilite la investidura, porque los republicanos lo han condicionado a lo que diga la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de su presidente, Oriol Junqueras.
Las negociaciones han sido frenéticas en las últimas horas. Fuentes de ERC consultadas por NIUS confirman que las llamadas entre los equipos negociadores han sido constantes durante el fin de semana y de hecho, la tarde del domingo volaron los rumores y las supuestas filtraciones. El acuerdo entre el PSOE y ERC para lograr un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, se daba por seguro.
Varios digitales publicaban que era inminente, algunos lo daban ya por hecho, y la Cadena SER adelantaba que ERC y Oriol Junqueras ya conocían el contenido del informe que la Abogacía del Estado debe presentar al Supremo con respecto a la inmunidad del líder republicano, y que les parecía bien.
A última hora de la tarde, sin embargo, los republicanos enfriaban las expectativas y descartaban un acuerdo con el PSOE antes de final de año. "ERC analizará internamente en los próximos días la propuesta y el estado de la negociación, pero descarta que se haga el Consell Nacional, imprescindible para cerrar un posible acuerdo antes de acabar el año".
El jueves 19, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), avaló la inmunidad parlamentaria de Junqueras desde que fue proclamado eurodiputado en el mes de junio, cuando se encontraba en situación de prisión provisional. Sin embargo, la corte de Luxemburgo dejó en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre la libertad de Junqueras a partir de ahora, ya que desde octubre está condenado en firme.
Con la pelota de nuevo en su tejado, el Tribunal del Supremo dio a las partes un plazo para pronunciarse. El tiempo acaba el jueves. La Abogacía del Estado es la única de las partes que aún no ha dicho nada. Se espera para el lunes o el jueves de esta semana, porque martes y miércoles son días inhábiles en el Tribunal Supremo.
ERC ha decidido esperar al informe de la Abogacía antes de culminar las negociaciones que ha mantenido con los socialistas de cara a la investidura de Sánchez. Esperan un "gesto" por parte del Gobierno -de quien depende la Abogacía- que apunte a un aflojamiento de lo que ellos llaman "la vía represiva" contra los políticos independentistas condenados.
Con un acuerdo de investidura pendiente de ese escrito, en la tarde del domingo el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado emitía un comunicado rechazado "cualquier intento de injerencia o presión" y "especialmente de amenaza" en el caso de Oriol Junqueras, y subrayaban que son "profesionales del Derecho" que actúan "con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos". Aludían los abogados del Estado “a las recientes informaciones publicadas” y mostraban su rechazo ante "cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado".
La Abogacía del Estado puede proponer, como hizo en junio, que Junqueras salga a recoger su acta de eurodiputado. Está por ver si eso es suficiente para el partido del líder de ERC que ha solicitado al Supremo su libertad inmediata y la anulación de la sentencia que le condenó por malversación y sedición a trece años de prisión y otros tanto de inhabilitación.
El caso es que a lo largo de la semana de Navidad, el resto de partes fue contestando, pero la Abogacía del Estado terminó la semana sin presentar un escrito que según fuentes de ese departamento está siendo muy discutido entre sus miembros.
En los grupos de chat internos, algunos califican de "vergüenza" que se vincule la decisión a la investidura. Otras fuentes hablan de lo "comprometido" que va a ser para cualquier abogado del Estado firmar el papel, aunque en el mes de junio, la abogada del Estado Rosa María Seoane ya se mostró partidaria de que Oriol Junqueras pudiera desplazarse hasta el Congreso para comparecer ante la Junta Electoral Central y recoger el acta de eurodiputado.
Al contrario de lo que ocurre con la Abogacía, lo que diga el Tribunal Supremo no está en manos del Gobierno. Sin embargo, si los magistrados del procés
Según fuentes jurídicas, el tribunal presidido por Manuel Marchena tomará una decisión después de Reyes, cuando haya estudiado las posturas de todas las partes. Si finalmente el Supremo opta por seguir la tesis de la Fiscalía, que es la de mantenerle en prisión, y si lo dice antes de la investidura, el apoyo de ERC se puede complicar. Facilitar la presidencia de Sánchez, con Junqueras sin visos de salir a por el acta, no tendrá fácil venta ante el independentismo.
Los actores de la investidura también miran hacia la Junta Electoral Central, que el viernes día 3 se reunirá para estudiar varios asuntos entre los que se incluye una petición del PP para que Junqueras no pueda recoger su acta como europarlamentario.
En la misma reunión se revisará también otra petición, de PP y de C´s, para que Quim Torra deje de ser president aunque su sentencia no sea firme.
Torra, condenado a un año y medio de inhabilitación ha recurrido ante el Supremo y ha obtenido de la Junta Electoral de Barcelona el visto bueno para seguir siendo presidente hasta que el Alto Tribunal dicte sentencia firme. El PP no estuvo de acuerdo con eso y lo llevó a la Junta Electoral Central que es, por cierto, el mismo organismo al que Torra desobedeció al no quitar los símbolos independentistas en plena campaña electoral.
El viernes, tras el último Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá aseguró que si el informe de la Abogacía del Estado se registra este lunes (hoy), aún habría tiempo para una sesión de investidura antes de Reyes.
En la misma rueda de prensa, Celaá justificó el retraso del informe en que "El TJUE ha cambiado su doctrina sobre el momento en que un eurodiputado adquiere la condición de parlamentario". Hasta ahora, era una competencia de cada. En el caso de España, era cuando se juraba la constitución en el Congreso ante la Junta Electoral Central. La sentencia del TJUE supone una nueva regla: un eurodiputado lo es desde su proclamación como electo.
El Gobierno explicitó el viernes que confiaba en que el informe de la Abogacía del Estado apareciera el lunes y, si este es favorable a las tesis de ERC, podría haber un acuerdo que no podría cerrarse definitivamente antes de fin de año, ya que el Consell Nacional no se convocará antes del 1 de enero. ERC no descarta que Pedro Sánchez sea investido el 5 de enero, pero con el calendario que ellos mismos plantean, no parece que salgan las cuentas.
Bajo la suposición de un posible 'Acuerdo de Año Nuevo', y siempre que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocase el pleno de investidura ese mismo 1 de enero, la primera sesión del debate de investidura sería 48 horas después: el viernes, día tres. La primera votación se celebraría al día siguiente y la segunda, en la que Sánchez podría obtener más síes que noes, suficiente para ser investido presidente, el día de Reyes.