La Fiscalía rebaja de 47 a 2 años de cárcel la pena para un narco que prostituía a mujeres en chaléts de lujo tras pagar a víctimas
El motivo central es que los implicados abonaron varias decenas de miles de euros en concepto de indemnización a seis de sus víctimas.
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Captaron, alojaron y explotaron sexualmente en chalets de lujo y un spá en Vigo a una veintena de mujeres extranjeras en situación irregular entre principios de 2020 y finales de 2021. Imponían un régimen de explotación extrema: las víctimas debían mantener una disponibilidad total de 24 horas los 7 días de la semana, sufrían la retención de sus pasaportes y ganancias, y se les aplicaban severas sanciones económicas.
La organización obligaba a las mujeres a realizar servicios sexuales extenuantes que duraban días e incluso a llevarlos a cabo en malas condiciones de salud, utilizando el tráfico de estupefacientes como parte del servicio ofrecido a los clientes. La trama, desmantelada tras una investigación criminal, operaba en la provincia de Pontevedra.
El líder de la trama, un narco reconocido
Y pese a este cuadro dramático e inhumano, la Fiscalía ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que rebaja drásticamente de 47 a 2 años de cárcel la petición de pena para Pablo G. F., un conocido narcotraficante gallego y su compañera sentimental, acusados de liderar esta red criminal. ¿Cuál es la razón de esta rebaja histórica? El motivo central de es que los implicados abonaron varias decenas de miles de euros en concepto de indemnización a seis de sus víctimas antes del juicio.
El acuerdo formal se ratificará durante una vista de conformidad prevista para este mismo mes de octubre en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. Al no superar los dos años de condena y carecer de antecedentes computables para este tipo de delitos —pese a que el cabecilla ya acumula una condena previa de 12 años por el alijo de cocaína de su embarcación—, la Fiscalía aceptará suspender de forma efectiva la ejecución de la pena de prisión por un periodo de tres años, lo que evitará que los acusados ingresen en la cárcel por estos delitos de trata y explotación sexual.