La crisis del marisqueo gallego deja a trabajadoras sin ingresos y con la obligación de seguir pagando sus cuotas
El Instituto Social de la Marina insiste en que quiere eliminar esta obligación, pero reconoce que la medida necesita una norma con rango de ley
La mortandad de bivalvos provocada por las lluvias y la caída de salinidad ha obligado a suspender la actividad en distintos bancos marisqueros gallegos
La crisis del marisqueo gallego no solo ha dejado bancos prácticamente vacíos y jornadas de trabajo suspendidas. También ha situado a parte de las profesionales del sector ante una paradoja económica: no pueden salir a faenar ni obtener ingresos de su actividad, pero tienen que continuar abonando sus cuotas a la Seguridad Social. La exención anunciada para aliviar esta situación sigue sin hacerse efectiva seis meses después de que el Instituto Social de la Marina (ISM) se comprometiese a impulsarla. La nueva directora general del organismo, Eva Suárez, ha trasladado que mantiene la voluntad de sacar adelante la medida, aunque no ha concretado cuándo podrá aplicarse.
El problema afecta a las mariscadoras y mariscadores que han tenido que interrumpir su actividad por causas de fuerza mayor y que, además, no reúnen las condiciones para acceder a la prestación por cese temporal. Durante los tres primeros meses de 2026, el ISM tramitó cerca de 1.500 solicitudes de este tipo de ayudas. Sin embargo, quienes quedaron fuera de la prestación se encontraron sin ingresos procedentes del marisqueo y con la obligación de seguir haciendo frente a sus cotizaciones mensuales.
La situación tiene su origen en los temporales que azotaron Galicia durante el invierno. Las precipitaciones persistentes incrementaron la entrada de agua dulce en las rías y redujeron la salinidad, unas condiciones que perjudicaron gravemente a los moluscos bivalvos. La elevada mortalidad obligó a cerrar o limitar la extracción en diferentes zonas, dejando a numerosas profesionales sin posibilidad de desarrollar su trabajo habitual.
Uno de los ejemplos más graves se registró en la ría de Noia. En marzo, los mariscadores retiraron toneladas de conchas y ejemplares muertos de las playas de la zona. Según los datos trasladados entonces por el sector, las pérdidas alcanzaron aproximadamente el 90% del berberecho, el 95% de la almeja babosa y el 60% de la almeja japónica. La situación afectaba a unos 400 mariscadores a pie, que reclamaban que se reconociese el cierre por fuerza mayor para poder solicitar la prestación correspondiente.
Una exención anunciada, pero pendiente de una ley
La posibilidad de liberar de las cotizaciones a quienes se habían quedado sin actividad ya estaba sobre la mesa en primavera. En abril, el Instituto Social de la Marina trasladó a las cofradías gallegas su compromiso de promover la exención para las personas que no pudiesen acceder a la prestación por cese. La propuesta contemplaba que el periodo sin obligación de pagar se considerase, además, como tiempo efectivamente cotizado, para evitar que la interrupción forzosa del trabajo perjudicase sus derechos futuros.
Sin embargo, el anuncio no se ha traducido todavía en una medida aplicable. La nueva directora general del ISM, Eva Suárez, ha reiterado que el organismo mantiene esa intención, pero ha advertido de que hace falta el correspondiente respaldo normativo. La obligación de cotizar forma parte del sistema de la Seguridad Social y, por tanto, este cambio debe aprobarse mediante una ley. Según la responsable, las circunstancias actuales han impedido completar la iniciativa legislativa que permanece pendiente desde hace meses.
La Xunta también ha vuelto a reclamar una solución al Gobierno central. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, remitió una carta a Eva Suárez para recuperar la petición y recordar el compromiso adquirido. En ella insiste en que las profesionales afectadas no deberían tener que asumir el coste íntegro de sus cuotas cuando la paralización no depende de ellas, sino de una situación ambiental extraordinaria.
La Administración autonómica plantea que la exención alcance a quienes tengan suspendidos sus planes de gestión marisquera por resolución de la Consellería do Mar y no estén protegidos por la prestación de cese de actividad. La petición se refiere a profesionales de las zonas de A Coruña, Vigo y Vilagarcía que mantienen su vinculación con la recuperación de los bancos marisqueros.