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A mediados de 2009, la familia Pérez (nombre ficticio para proteger su identidad) decidió huir de México, un país donde el narcotráfico reinaba y los asesinatos aumentaban en las diferentes regiones del país. Era frecuente ver cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales. Por ello, esta familia tomó la decisión de emigrar acabando finalmente encerrados en una iglesia de Canadá.
En 2009, esta familia emprendió este peligroso viaje. Primero llegaron a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. El problema es que desde 2005, existe el acuerdo de "tercer país seguro" el cual permite la deportación de las personas procedentes de esos países que buscan asilo en suelo estadounidense. Debido a esto la familia fue deportada de nuevo a México.
Nueve años mas tarde, vivir en México era inimaginable y esta familia sabía que era muy peligroso seguir allí. Así que planearon su huida y pero esta vez se dirigieron directamente a Canadá.
Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal de seis meses, el cual tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos y además presentaron una solicitud oficial de asilo que fue rechazada ya que en 2009, durante su estancia en Estados Unidos había quedado constante el rechazo a su petición de asilo y según las leyes canadienses, no se puede realizar otra solicitud.
Ante este impedimento, la familia pidió a Canadá que revisará el caso y durante este tiempo, el país le concedió un permiso temporal de empleo. La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y como todo, se retrasó pero a finales de 2021, las autoridades canadienses enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país ya que la documentación presentada por la familia no demostraba que estuvieran corriendo peligro en México.
"El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los carteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado", agrega Istvanffy, abogado de la familia.
Ante el miedo de volver a su país, la familia decidió refugiarse en una iglesias y apelar al "santuario" una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta "al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí", explica el abogado.
De esta forma la familia fue acogida por una iglesia protestante y el comité de la comunidad local se encarga de facilitarles lo necesario para sobrevivir, además de facilitarles apoyo psicosocial mientras permanezcan encerrados en la iglesia hasta que se resuelva el caso que comenzó en noviembre de 2021.
Hasta entonces el abogado ha adjuntado toda la documentación al Tribunal y esperan que las pruebas sean tenidas en cuenta para que la familia pueda permanecer en Canadá.