Los grandes desafíos de la nueva era Truss en el Reino Unido

Liz Truss ya está viviendo en el número 10 de Downing Street con su marido y sus dos hijas adolescentes. La pregunta que se hace mucha gente en Reino Unido es cuánto tiempo vivirá allí. Truss es tercer primer ministro desde el Brexit, todos ellos conservadores. Theresa May estuvo tres años en el cargo de 2016 a 2019, y Boris Johnson otros tres, de 2019 hasta 2022. Truss ha sido elegida dentro del mandato de Johnson y le quedan dos años hasta las próximas elecciones, previstas para diciembre de 2024.

No tiene mandato popular. Fue elegida con el voto 140.000 militantes conservadores, que representan un 0,3% de la población y esto le resta autoridad en una de las épocas más complicadas en el Reino Unido. Los laboristas presionarán para adelantar las elecciones, pero Truss intentará resistir hasta 2024. En estos dos años deberá superar siete retos.

La crisis de la energía es el más urgente. El regulador anunció que el precio del recibo de la luz y del gas subirá un 80% a partir de octubre y pasará de los 2.300 euros anuales actuales de media a los 4.155 euros, que equivale a 350 euros mensuales. Y se espera que en enero supere los 6.300 euros anuales, unos 650 euros mensuales de media, según las predicciones de la consultora energética Cornwall Insight. Y según la organización Citizens Advice, a partir de octubre, si el gobierno no hace nada, el 25% de los británicos no podrán pagar sus facturas de energía, muchos de ellos ciudadanos de clases media con trabajos estables, porque no tienen los ingresos suficientes. Se espera que Truss diseñe un paquete de ayudas económicas para los ciudadanos que se calcula que podría estar entre los 120.000 y los 150.000 millones de euros y podría incluir el congelamiento de las facturas de la luz y del gas para los usuarios durante dieciocho meses.

Otro problema es el de la inflación, que se ha disparado hasta el 10,1%, el récord en el país desde 1982 provocada por el incremento de los precios de los productos básicos. La cesta de la compra ha subido un 20%. Por ejemplo, el precio de 500 gramos de spaghettis ha pasado de 38 céntimos a un euro y 2,27 litros de leche de 39 céntimos a 1,73 euros. El banco Citigroup ya había anticipado que la inflación llegará al 18,6% en enero de 2023, superando los niveles de 1976, cuando el Reino Unido tuvo que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional (FMI). En su primer discurso dijo que quería bajar los impuestos y desregular todavía más los servicios financieros para que la economía crezca. Esta ha sido la gran discusión entre Rishi Sunak y Liz Truss en las primarias, con Truss prometiendo una bajada de impuestos para bajar la inflación y Sunak proponiendo todo lo contrario, subir los impuestos hasta que baje la inflación.

El país está inmerso en una oleada de huelgas del sector público desde los ferrocarriles o correos hasta los abogados de oficio o maestros de escuela. Piden un incremento de los salarios de acuerdo con la inflación y una mejora de las condiciones laborales. Liz Truss dijo en campaña de las primarias que introduciría una ley para garantizar servicios mínimos y para incrementar el porcentaje de trabajadores para poder convocar huelgas. Los sindicatos británicos amenazan con un “invierno de descontento”, como se conoce a la ola de huelgas del sector público y privado entre noviembre de 1978 y 1979 que terminaron con el primer ministro laborista James Callaghan y auparon a Thatcher. Amenazan también con convocar una huelga general como la que hubo en 1926 o como las del movimiento obrero del cartismo a finales del siglo XIX o de las suffragettes para reinvindicar el voto femenino a principios del siglo XX. Esta lucha dividiría a los laboristas ya están en parte financiados por los sindicatos.

Otro punto candente es la relación con la UE. Truss representa la línea continuista de Johnson. Ella redactó como ministra de exteriores la ley que está siendo debatida en el parlamento británico y que elimina partes del acuerdo del Brexit. Ha sido aprobada ya en la cámara baja y está pendiente de llegar a la cámara alta. La Comisión Europea amenazó a Johnson con seguir con los procedimientos legales contra el Reino Unido si no implementa los controles fronterizos en la costa irlandesa firmados por Johnson. Reino Unido tiene hasta el 15 de septiembre para responder. Un aliado de Truss dijo al Financial Times que Truss quiere activar el artículo 16 del Protocolo norirlandés del Brexit contra la UE para eliminar los controles fronterizos. Este artículo puede ser activado de forma unilateral si cualquiera de las dos partes está en "graves dificultades económicas, sociales o ambientales", sin especificar qué dificultades. Esto provocaría una guerra legal y comercial entre Bruselas y Londres. La tensión con la UE y con Irlanda también tensaría la relación con los republicanos irlandeses que ganaron las últimas elecciones norirlandeses.

Escocia es otro punto delicado. La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, nacionalista del SNP, ha anunciado un referéndum de independencia para el 19 de octubre de 2023 y ha presentado ya en el parlamento escocés la legislación para aprobarlo en el parlamento de Edimburgo. Para celebrarlo le hace falta la autorización de Londres. Sturgeon ha amenazado con preguntar si Escocia tiene derecho a convocar una consulta y decidir si quiere seguir dentro del Reino Unido al Tribunal Supremo si Londres se niega. Truss ya dicho que no permitirá la consulta. Pero la primera ministra debe calcular las consecuencias. Si el Supremo da a la razón a Escocia, entonces se haría el referéndum. Hay precedentes de referéndums en Reino Unido como el de Irlanda del Norte en 1973 y el de Escocia de 2014, además que los referéndums son consultivos en el país. Si el Supremo dijera que no, entonces esto podría provocar una reacción negativa en las elecciones generales de 2024 en Escocia con un voto masivo para el SNP que podría convertirse en el partido clave para que conservadores o laboristas pudieran llegar al poder porque se prevé que los conservadores perderían la mayoría.

Las últimas cifras de la sanidad pública son demoledoras. Hay 6,7 millones de personas esperando tratamiento hospitalario rutinario, esperas récord para ambulancias y miles de pacientes que esperan más de doce horas para ser admitidos en Urgencias. Pero debajo de todo esto hay una fuerza laboral exhausta y desmoralizada, una grave escasez de personal y un sistema de atención social roto que necesita desesperadamente una reforma al papel clave del Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en inglés) y pese que a fue el buque insignia de la campaña de los brexiteros en el referéndum europeo, donde debía ir todo el dinero europeo. Johnson en su programa electoral prometió 40 nuevos hospitales. Ayer en su discurso de despedida dijo que lo había cumplido, pero en realidad solo ha construido tres nuevos hospitales y para el resto contabiliza ampliaciones de alas o reformas estructurales. También dijo que habían contratado ya a la mitad de las 50.000 enfermeras que prometieron para 2024, una cifra desestimada por las autoridades sanitarias. Personal sanitario y enfermeras han convocado una huelga para finales de mes.

La inversión en infraestructuras en el norte de Inglaterra para igualar económicamente el norte con el sur fue la mayor promesa electoral de Johnson en 2019 después del Brexit. Consiguió la mayoría gracias al voto prestado de los votantes laboristas de las zonas industriales del norte de Inglaterra conocidas como “muro rojo”. Pero todavía está lejos de poder cumplir esta promesa. El grupo que se encarga de gestionar parte de la inversión en la zona, Northern Powerhouse Partnership, ha advertido de un problema con las entregas del presupuesto pactado. El gobierno se había comprometido a entregar 5.600 millones de euros para el fondo de nivelación, de los cuales ya se han entregado unos 2.000 millones de euros. Se espera que se entregue más dinero a finales de este año, pero no esperan que les entreguen el resto ya que el Gobierno va a priorizar las ayudas a los hogares de todo el país para hacer frente a las facturas de la energía en detrimento de las ayudas a una parte del país. Otros datos muestran que en estos últimos tres años ha habido más gasto público en el sur y que ha aumentado la pobreza infantil en el norte. Los votantes del norte son claves para Truss y para los conservadores para poder ganar las próximas elecciones.