{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Luiz Inácio Lula da Silva no ha tenido que esperar demasiado para hacer frente a su primer -y convulso- desafío como nuevo presidente de Brasil (cargo que asumió con la entrada de este año). La intentona golpista protagonizada por seguidores radicales del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro le han puesto a prueba. Una semana después del asalto en Brasilia a las sedes de los tres poderes del Estado (Congreso, Presidencia y Tribunal Supremo), ¿cuáles son las respuestas a las incógnitas sobre lo sucedido? ¿En qué punto están las investigaciones y la depuración de responsabilidades?
Bolsonaro sigue en Estados Unidos, donde estuvo hospitalizado por una obstrucción abdominal. Viajó a Florida dos días antes del traspaso de poderes. Al más puro estilo trumpista, nunca ha aceptado su derrota en las elecciones presidenciales y ha alimentado la sombra del fraude sin pruebas. En un paralelismo inquietante, sus turbas invadieron el Congreso dos años después del asalto al Capitolio por seguidores del expresidente Donald Trump. Ahora, los demócratas estadounidenses han pedido a Joe Biden que le revoque su visa.
Unas 1.500 personas han sido detenidas en Brasil por lo ocurrido el pasado domingo. Algunos asaltantes llevaban dos meses acampados frente al Cuartel General del Ejército pidiendo a los militares que dieran un golpe contra el ganador de los últimos comicios.
Lula ha responsabilidad a su predecesor del asalto, pero también ha señalado la "incompetencia, mala voluntad o mala fe" de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, que dependían del gobernador local.
La Policía Federal de Brasil ha encontrado en casa de un exministro de Bolsonaro una propuesta de decreto para anular los resultados de las elecciones presidenciales. El texto fue hallado durante un registro en la vivienda del extitular de Justicia Anderson Torres. Este ha respondido que formaba parte de una pila de documentos "para desechar" y que se ha filtrado a los medios para "alimentar narrativas falaces".
Lejos de ser espontáneo, al asalto contra los poderes institucionales estuvo organizado, según autoridades brasileñas. A los simpatizantes bolsonaristas que habían estado acampados en Brasilia se sumaron otros llegados en 40 autobuses desde otras partes del país a la capital. ¿Cómo se financió la fleta de esos vehículos? Ahora se sigue el rastro del dinero. Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, las personas que sufragaron esos gastos han sido identificadas.
La Abogacía General del Estado del país latinoamericano ya ha pedido que se bloqueen 6,5 millones de reales (1,1 millones de euros) en activos de 52 personas y siete empresas que financiaron presuntamente "el flete de autobuses para los actos golpistas".
"La policía y el ministerio público precisan investigar inmediatamente no sólo aquellos que cometieron actos de violencia el 8 de enero, sino también aquellos que los iniciaron y financiaron", ha pedio Maria Laura Canineu, directora en Brasil de la organización Human Rights Watch.
Por otro lado, se ha sabido que los extremistas utilizaron aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram para hacer un llamamiento a la "toma" de Brasilia.
¿Hubo intromisión de grupos leales a Bolsonaro (antiguo capitán del Ejército) en las fuerzas de seguridad? El presidente Lula ha acusado a policías y militares de "abrir la puerta a los extremistas" y ha hecho referencia a imágenes en las que se les ve "guiando a las personas en la caminata hasta la plaza de los Tres Poderes" antes del asalto.
Medios locales han difundido vídeos que reflejan la pasividad de las fuerzas del orden de la capital ante los atacantes.
El mandatario izquierdista también ha reconocido que quizá se produjeron fallos dentro de su propia Administración que deben ser abordados. "Si hubo omisión de alguien del Gobierno federal que facilitó eso, también será castigado", ha afirmado Lula.
Desde Estados Unidos, Bolsonaro ha rechazado las acusaciones de Lula sobre su responsabilidad en el asalto de sus seguidores a los poderes institucionales y ha señalado que carece de "pruebas". A través de mensajes difundidos en sus redes sociales ha afirmado que las invasiones de edificios públicos "escapan a la regla" de la democracia.
Un sondeo de Datafolha difundido por el diario Folha do São Paulo, refleja que el 93% de los brasileños rechaza el ataque protagonizado por los extremistas bolsonaristas.